Entre los inquilinos de Palacio se consideraba ayer que ese permanente respaldo que le ha dado Bachelet al general, no fue retribuido debidamente por este, pues su errático gesto de irse de vacaciones en este contexto del choque institucional con el Ministerio Público, sin avisar a la autoridad pertinente –en este caso el Ministerio del Interior–, fue abiertamente un “abuso”. En el seno del Gobierno hay dos posturas: quienes derechamente quieren la salida de la autoridad policial y los que han optado por la extrema prudencia para manejar el conflicto. La decisión ahora es de la Presidenta.
Esa fue la gota que rebasó el vaso: la información en la noche del domingo 28 que confirmaba que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, había salido de vacaciones por un mes rumbo a Estados Unidos, sin avisar a La Moneda, y en plena crisis con el Ministerio Público por la supuesta manipulación de pruebas en el marco de la cuestionada Operación Huracán. La administración de Michelle Bachelet se quedó sin margen de maniobra, sin espacio político para sostener la permanencia en su cargo del jerarca de la policía uniformada, uno al que hasta ahora blindó contra viento y marea durante todo el 2017, a pesar del millonario fraude del “Pacogate” y de la rebeldía de los efectivos en Temuco, a fines de la semana pasada, para cumplir la orden judicial de entregar los computadores de dicha unidad que eran parte de la investigación en curso.
Las reuniones en La Moneda empezaron ayer a primera hora. A las 7:00 de la mañana, los ministros políticos ya se encontraban a puerta cerrada analizando la situación. En Palacio comentaron que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, estaba indignado con la actitud de Villalobos: irse sin informar a nadie en el Gobierno. Un malestar que quedó en evidencia cuando una hora y media después, se hizo público un comunicado de la Subsecretaría del Interior en el que expresamente se informaba que “se le ha indicado a la autoridad policial que suspenda su feriado legal y retome sus funciones a la brevedad”, no sin antes agregar que “el Gobierno, en su conjunto, se apoya en las instituciones del Estado para cumplir su labor. Si estas, independientemente de las razones que lo motiven, dejan de actuar como corresponde, el problema recae en el Estado y es trabajo de toda la institucionalidad enfrentarlo. La obligación del Gobierno, en ese caso, es exigir las responsabilidades individuales e institucionales, dentro del marco legal existente, cuestión que realizará según corresponda”.
En el seno de La Moneda explicaron que hay un “evidente cambio de tono” en la forma de referirse públicamente a la situación del general director, y que eso se debe –recalcaron desde el Ministerio del Interior– a que al Gobierno “se le acabó la paciencia”.
Durante el primer semestre del año pasado, la administración bacheletista se jugó a fondo por mantener a Villalobos a la cabeza de Carabineros, ya que se consideró que estaba colaborando con la investigación del caso “Pacogate”, desfalco realizado por más de una década en la institución policial y que hasta ahora asciende a 26 mil millones de pesos. El principal argumento en Palacio en esos días era que no había conocimiento de la magnitud del fraude y sus involucrados, por lo que era menos riesgoso, tanto para la estabilidad de la institución como para la viabilidad de hacer una limpieza efectiva, mantenerlo en el cargo.
Ese blindaje no estuvo ajeno a molestias y críticas internas en el seno del Gobierno, como también a tensiones con la Nueva Mayoría, ya que varios de sus parlamentarios recibieron instrucciones expresas de Palacio de no tocar a Villalobos durante el desarrollo de la comisión investigadora ad hoc de la Cámara de Diputados.
A todo nivel en el oficialismo siempre se ha destacado como otro factor del blindaje al general, la conocida cercanía de Villalobos con Bachelet. Durante los dos primeros años de su primera administración fue el jefe del Departamento de Seguridad de la Presidencia. En noviembre de 2007, la mandataria lo ascendió a general y, de regreso a Palacio, en 2015, lo designó general director de la institución. Hace poco más de un mes, antes de esta última Navidad, fue ratificado en el cargo por otro año.
Entre los inquilinos de Palacio se consideraba ayer que ese permanente respaldo que le ha dado Bachelet no fue retribuido por Villalobos, pues su errático gesto de irse de vacaciones en este contexto del choque institucional con el Ministerio Público, sin avisar a la autoridad pertinente –en este caso el Ministerio del Interior–, fue abiertamente un “abuso”.
Entre algunas autoridades de Palacio ayer había molestia y desazón. “Cuando hay una crisis, el que está a cargo, si es parte de ella, se le saca altiro, y si se queda, es para liderar la solución. El Gobierno se jugó por la segunda opción, por mantenerlo, y nos equivocamos, perdimos”, sentenciaron.
[cita tipo=»destaque»]Villalobos debería regresar al país durante el día de hoy directo desde Miami. En el Gobierno afirmaron que ahora resta esperar lo que resuelva la Presidenta Bachelet respecto de la recomendación que le habría hecho ayer su comité político en relación a que no habría más espacio para seguir manteniéndolo en el cargo. “Es cierto que lo del viernes generó un daño grande: el no pedirle la renuncia ese día. Por eso es importante el desenlace que tenga este episodio; no hay más espacio”, explicó un alto asesor de La Moneda.[/cita]
Hasta ayer en la mañana, La Moneda había optado por la prudencia extrema. Incluso el viernes cuando –en el marco de la investigación por la manipulación de pruebas en la Operación Huracán– se registró el episodio de insubordinación de una unidad policial en Temuco, que –recurriendo a fuerzas policiales- se negó inicialmente a cumplir la orden del tribunal para que la Policía de Investigaciones requisara los computadores –argumentando que se requería un aviso previo de 48 horas–, ese día llovieron las críticas y las peticiones públicas desde el mundo político para que el Gobierno forzara la salida de Villalobos. El episodio había sido transversalmente catalogado como una crisis grave, solo comparable con dos los episodios más lamentables de los primeros años de la transición, claras expresiones de rebeldía uniformada ante el poder civil: el boinazo y el ejercicio de enlace.
Choque interno
La discusión en el seno de La Moneda no fue menor durante el viernes 26 de enero. Un sector del Gobierno abogó por la necesidad de pedir la renuncia al general director de Carabineros. Advertía del error político que implicaba no dar una señal inmediata de autoridad. Pensaban que no era conveniente inclinarse por la opción de esperar a que decantase la crisis entre la policía uniformada y la Fiscalía, que no se podía mostrar debilidad ante una institución que tiene el imperio legal de las armas, y que este episodio sería una “mancha imborrable” que marcaría el cierre de la administración bacheletista dañando su legado.
Pero esas voces fueron minoría. Se impuso la tesis de “encauzar la crisis”, dada la envergadura del conflicto. Y a eso precisamente se abocó Aleuy. Primero, aplacando la tensión entre Carabineros y la Fiscalía, gestionando que la policía uniformada accediera el viernes al final de la tarde a la entrega de los computadores, para así descomprimir el escenario.
En el Gobierno reconocen que el panorama cambió radicalmente entre ese día y ayer, que no quedó otro camino que suspenderle las vacaciones a Villalobos y realizar una ronda de reuniones institucionales para hacer control de daños, como la que tuvo ayer por más de media hora el subsecretario Aleuy –después del comité policial– con dos de los generales inspectores presentes: el jefe nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue, y el jefe de la Zona Metropolitana, el recién ascendido general Hermes Soto.
El ministro del Interior, Mario Fernández, se reunió con el director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, y luego con el subdirector de Carabineros, general Julio Pineda, a quien le pidió expresamente que acelerara los resultados del sumario administrativo que lidera por la acusación de manipulación de pruebas. Ambas reuniones fueron sin declaraciones oficiales, pero con imágenes públicas, un dato no menor si se considera que Fernández se encontraba de vacaciones la semana pasada. Y aunque las acortó para regresar ayer a primera hora, fue cuestionado estos días por su ausencia aquel viernes, pero sobre todo por su falta de autoridad permanente.
Villalobos debería regresar al país durante el dia de hoy directo desde Miami. En el Gobierno afirmaron que ahora hay que esperar lo que resuelva la Presidenta Bachelet respecto de la recomendación que le habría hecho ayer su comité político en relación a que no habría más espacio para seguir manteniéndolo en el cargo. “Es cierto que lo del viernes generó un daño grande: el no pedirle la renuncia ese día. Por eso es importante el desenlace que tenga este episodio; no hay más espacio”, explicó un alto asesor de La Moneda, mientras que una autoridad del Gobierno agregó que se ha sido “demasiado prudente y que se ha sostenido en exceso” al director general.
La Mandataria se encuentra de gira en la Patagonia, donde permanecerá hasta hoy. Consultada sobre este tema, no hizo declaraciones y se abocó estrictamente a su agenda de actividades: firmó los decretos de creación de tres parques nacionales y de ampliación de otros dos. El mismo silencio sepulcral mantuvieron las autoridades de Palacio, que no dieron declaraciones de ninguna índole durante toda la jornada, lo que refleja el alto nivel de tensión que se vive producto de este episodio.
El exsubdirector de la Secom y analista político, Carlos Correa, precisó a El Mostrador que “el general Villalobos pilló a este Gobierno ya de salida y se aprovechó. La Moneda trató de bajar la temperatura de la crisis y él fue desleal con un Gobierno que se portó demasiado bien con él”.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, fue mucho más categórico y crítico. “Pase lo que pase, la respuesta de La Moneda ya fue tardía y reactiva, ya se instaló en la opinión pública la debilidad de la centroizquierda para subordinar a la policía uniformada al poder civil”. De la conducta de Villalobos, en particular, el analista acotó que esta se explica por “el hecho de que el general siempre ha actuado con una suerte de protección y sobre seguro. Eso deja la idea que se siente intocable. Mantenerse a pesar del desfalco en la institución, después de lo del viernes, irse de vacaciones, lo hace porque tiene piso”.
Este episodio con Villalobos ha llevado a varios en el Gobierno a recordar otros momentos amargos de esta administración: la traumática salida de Rodrigo Peñailillo del Ministerio del Interior, la dilatación extrema por parte de La Moneda para hacer que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, diera un paso al costado y lo mismo con el otrora administrador de palacio, Cristián Riquelme. “Hay una suerte de desidia gubernamental que ha sido una característica de este Gobierno. Siempre se ha concentrado en su agenda y los conflictos siempre ha tratado de esquivarlos, de zafar de ellos. El problema es que a los gobiernos se les evalúa no por la cantidad de leyes que despachan, sino por resultados, y aquí el resultado es que el Gobierno no resolvió nada en este tema”, sentenció Moreno.