Durante su segunda administración renovará un tercio del máximo tribunal
En Chile Vamos reconocen que deberán llegar a acuerdo con la Nueva Mayoría y que, si bien por ahora no tienen nombres de magistrados en carpeta, sí estaría zanjada la idea de proponer a la futura oposición mantener la “lógica binominal” que se ha aplicado durante los últimos años y que apunta a negociar alternadamente los nombres de jueces, uno afín a la derecha y el otro cercano a la centroizquierda. Este tipo de acuerdos es el que ha permitido, en el pasado, romper –por ejemplo– el veto que la derecha había impuesto a ministros como Juica y Cerda e hizo que la propuesta de ascenso de Ana Gloria Chevesich obtuviera los votos requeridos.
El calendario es implacable. Son 8 los miembros de la Corte Suprema que jubilarán en estos 4 años y será tarea del Gobierno de Sebastián Piñera proponer al Senado los nombres de los jueces que elija para ascender al máximo tribunal del país. Es innegable que con ello el futuro Mandatario podrá cambiarle el rostro a este tercer poder del Estado, pero también que estará obligado a negociar políticamente en la Cámara Alta para evitar fracasos en las nominaciones que haga, como sucedió en su primer paso por La Moneda, cuando insistió más de la cuenta con el ascenso del juez Juan Muñoz Pardo, sin llegar a buen puerto y viéndose obligado a retirar su nombre.
Piñera asumirá el 11 de marzo por segunda vez y ya tendrá una vacante que resolver en la Corte Suprema, porque en enero el juez Patricio Valdés cumplió los 75 años y, como lo establece la ley, dio un paso al costado. El actual Mandatario electo no tendrá mucho espacio para dilatar esta nominación, porque en junio, en la misma semana, también deberán retirarse del Poder Judicial otros dos magistrados emblemáticos: Carlos Cerda y Milton Juica.
Es cierto que legalmente no hay un plazo específico para zanjar los ascensos de los magistrados, pero es igual de cierto que no es conveniente para ningún Gobierno dilatar en exceso los nombramientos, porque como son 21 los integrantes formales de dicha Corte –entre los que se distribuyen la composición de salas, áreas de trabajo y causas–, mantener las vacantes sin zanjar por muchos meses entrampa su funcionamiento.
La Corte Suprema elabora una quina con los nombres de los jueces que obtienen la mayor cantidad de votos, se la envían al Presidente de la República, que escoge un solo nombre de esa lista, el que propone al Senado, donde se puede aprobar o rechazar la nominación presidencial. Con la entrada en vigencia del sistema proporcional en las elecciones parlamentarias de noviembre, la conformación de la Cámara Alta quedó parcialmente modificada y por los siguientes 4 años estará compuesta por 43 senadores.
La ley establece que la propuesta presidencial para ascender a la Corte Suprema debe ser ratificada por 3/5 partes del Senado, lo que en la práctica significará que todas las propuestas que haga Piñera en este ámbito en los próximos cuatro años necesitarán el voto favorable de 26 parlamentarios.
A partir de marzo, la Nueva Mayoría tendrá 21 escaños en el Senado y Chile Vamos otros 19, además del independiente Carlos Bianchi, uno de País y otro de Revolución Democrática.
Este escenario de correlación de fuerzas obligará a La Moneda a negociar con la futura oposición para evitar que fracasen las nominaciones que haga, un hecho que la futura administración piñerista ya tendría asumido y por lo cual ya habrían empezado los “sondeos” con parlamentarios de la Nueva Mayoría para cuajar un acuerdo político que permita renovar el máximo tribunal.
Es que no solo deberá contar con los votos para llenar las tres vacantes de este año sino además las otras que se producirán: el 2019 se jubilarán los jueces Héctor Carreño (abril) y Hugo Dolmestch (diciembre), al año siguiente, también en abril, será el turno de Lamberto Cisternas, en febrero del 2021 dará un paso al costado el ministro Carlos Künsemüller y, en agosto, la jueza Rosa María Maggi.
En la derecha reconocen que deberán llegar a acuerdo con la Nueva Mayoría y que, si bien por ahora no tienen nombres de magistrados en carpeta, sí estaría zanjada la idea de proponer a la futura oposición mantener la “lógica binominal” que se ha aplicado durante los últimos años y que apunta a negociar alternadamente los nombres de jueces, uno afín a la derecha y el otro cercano a la centroizquierda. “Ya se ha hablado con algunos senadores de la Nueva Mayoría”, explicaron.
Este tipo de acuerdos es el que ha permitido, en el pasado, romper –por ejemplo– el veto que la derecha había impuesto a ministros como Juica y Cerda durante la década del 90 y el 2000 e hizo, asimismo, que la propuesta de ascenso de Ana Gloria Chevesich obtuviera los votos requeridos.
[cita tipo=»destaque»]Las nominaciones en este ámbito siempre han sido un dolor de cabeza para Piñera. Su Gobierno no tuvo una relación fácil con el Poder Judicial, principalmente por las críticas que algunas de las entonces autoridades gubernamentales hicieron a los jueces por un excesivo garantismo en sus resoluciones.[/cita]
Durante su primer Gobierno, Piñera también se vio enfrentado a una fuerte renovación del máximo tribunal y 7 magistrados ascendieron a la Corte Suprema: María Eugenia Sandoval (mayo 2011), Juan Eduardo Fuentes (septiembre de 2011), Cisternas (noviembre 2012), Ricardo Blanco (junio 2013), Chevesich (agosto 2013), Carlos Aránguiz (enero 2014) y Andrea Muñoz (13 de marzo de 2014). Sin embargo, el proceso no fue fácil ni expedito.
El mayor traspié que sufrió el Gobierno de Piñera en materia de ascensos fue el 2013, con la nominación de Muñoz Pardo. Un acuerdo político con la Nueva Mayoría el 2012 permitió que en el Senado se aprobara el nombre de Cisternas para el máximo tribunal, esto a cambio de que el siguiente fuera el ministro de la Corte de Apelaciones.
Pasó sin problemas el requisito de ser entrevistado por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, pero fue después de eso que la nominación comenzó a tambalear. El entonces senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle públicamente se negó a respaldar el ascenso, argumentando que Muñoz Pardo había “denegado justicia” en la investigación por la muerte de su padre, Eduardo Frei Montalva.
Emplazó a la DC y al resto de la Nueva Mayoría, la que se alineó para rechazar la nominación, postura a la que se sumaron los independientes pro Gobierno, Carlos Bianchi y Carlos Cantero. Junto al caso Frei, se le reprocharon al juez varios fallos en materia de derechos humanos, en los que dejó clara su visión favorable a la prescripción y la amnistía, debido a que considera que en Chile no son aplicables la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra ni los Convenios de Ginebra.
El Ejecutivo se mantuvo en su posición varios meses, hasta que no le quedó otra que retirar la nominación y postular en su reemplazo al juez Blanco, quien fue aprobado por el Senado en mayo de 2013.
Las nominaciones en este ámbito siempre han sido un dolor de cabeza para Piñera. Su Gobierno no tuvo una relación fácil con el Poder Judicial, principalmente por las críticas que algunas de las entonces autoridades gubernamentales hicieron a los jueces por un excesivo garantismo en sus resoluciones, como fue el caso de Rodrigo Hinzpeter mientras estaba a cargo del Ministerio del Interior, senadores de derecha como Alberto Espina (RN), o el propio Mandatario, quien el año 2012 dijo que los jueces de garantía “no están aplicando la ley en su espíritu”. Dos veces en esos cuatro años la Corte Suprema realizó plenos extraordinarios para expresar públicamente su molestia con la administración piñerista.
Uno de los momentos más complejos se suscitó el año 2011, cuando el entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera, afirmó en octubre de ese año que “quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa conciliar adecuadamente los intereses individuales con los intereses colectivos”.
Una frase que fue vista en el Poder Judicial como una intromisión abierta a la consagrada independencia de la que gozan los magistrados en el país, razón por la cual –tras un pleno extraordinario– el máximo tribunal sacó una dura declaración pública que envió tanto a Piñera como a Ribera y en la que sentenció que “el mérito o contenido de las resoluciones jurisdiccionales no son factores que puedan ser considerados en la formación de las ternas que se confeccionen para el nombramiento de los jueces” y reiteraron a la ciudadanía “que sus tribunales continuarán impartiendo justicia con pleno respeto de los derechos individuales”.
Baste recordar que, en marzo del 2014, el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuestionó públicamente las opiniones “destempladas” que tuvo La Moneda en esos cuatro años sobre la labor realizada por el Poder Judicial. “Aquí se ha acusado hasta de cómplices a los jueces, una cantidad de epítetos respecto a la magistratura nunca antes vista”, indicó en ese momento el juez.
El 23 de enero, Piñera dio a conocer los nombres del gabinete con el que asumirá en marzo. Si bien por meses se dijo que Espina era la carta más segura para el Ministerio de Justicia, finalmente el Presidente electo designó al senador Hernán Larraín (UDI) para hacerse cargo de dicha cartera, un cambio que fue bien visto en los círculos del Poder Judicial.
Es que había cierta preocupación en el Palacio de Tribunales por la posibilidad de que llegara Espina, se hablaba de cierta “resistencia” a su nombre, porque era considerado un factor de tensión permanente, que siempre se mueve al filo de la intromisión política en la independencia del Poder Judicial, lo que auguraba más tensiones que las vividas entre los años 2010 y 2014.
Larraín es respetado en los círculos de tribunales, donde se le conoce por su mesura, característica que tendrá que desplegar para negociar en el Senado los ascensos a la Corte Suprema y mantener mansas las aguas de la relación con el Poder Judicial.
