Nelson Valenzuela Aravena
El informático a cargo de abultar las nóminas de sueldo a través de las que se sustrajo dinero fiscal, entregó información valiosa a la Fiscalía, donde detalla episodios de malversación que han sido reafirmados por otros involucrados, pero además cómo los desvíos de fondos se ejecutaban cuando él tuvo acceso a las cuentas institucionales a mediados de los 90, como asimismo los métodos para entregar asignaciones y agrandar los sueldos de altos oficiales. En rigor, se trata de un compendio de fórmulas para defraudar que fueron cambiando desde fines de los 80 hasta nuestros días.
El 28 de noviembre del año pasado, el mayor en retiro de Carabineros, Nelson Valenzuela Aravena, que actualmente se encuentra en prisión en el centro de detención Pudahuel Norte de la policía uniformada, entregó un testimonio a los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marín, que puede resultar clave para ilustrar cómo la cultura del fraude se instaló en algunos círculos de la institución mucho antes de que se descubriera el desfalco de 26 mil millones que la tiene en crisis.
Valenzuela ingresó a Carabineros en 1989. Era especialista en informática y desde su ingreso trabajó en reparticiones ligadas a las finanzas, desde allí consintió en abultar irregularmente las nóminas de sueldos de algunos funcionarios, a cambio, obviamente, de una parte. Valenzuela menciona al funcionario de la Dipres, Hugo Zúñiga, como alguien que recibía pagos ocultos desde la institución.
«En el año 1996, el mando de la dirección de finanzas a cargo del general Jorge Contreras Mella, coronel Julio de Bernardi Reyes y el capitán Javier Leiva Vallejos, gestionaron mi traslado al Departamento de Finanzas sección Presupuesto. En esa instancia se desarrolló con los mandos anteriormente comentados el Sistema de Presupuesto por Programa. Posteriormente ya puesto en marcha, me percaté que el señor Hugo Zúñiga de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, se le pagaba como asesor de la Dirección de Finanzas mediante boletas de honorarios, pero esto estaba oculto, de hecho en la relación de pagos aparecía como XXX, lo que posteriormente ratifiqué y presencié en varias ocasiones, que el coronel Julio de Bernardi le cancelaba con un sobre los dineros en su oficina».
Ya en esa época, admitió que detectó pagos dobles pero no se hizo nada al respecto, según declaró.
«En el año 1997 fui trasladado a la Sección de Ejecución Presupuestaria dependiente del Departamento de finanzas y luego de perfeccionar algunos controles anexos al sistema de contabilidad existente, me percaté que existían pagos dobles sin respaldo. A lo cual di cuenta a mi jefe directo, comandante Juan Calderón Anacona, este lo representó a los mandos, específicamente al Director de Finanzas de la época, trayendo como consecuencia su traslado a la ciudad de Puerto Montt, quedando en evidencia que aquí no ha pasado nada», dijo.
[cita tipo=»destaque»]»Yo acompañé en la camioneta fiscal Opel combo de color azul, acompañado con el chofer del departamento III de Tesorería, al comandante Arnoldo Riveros al BancoEstado, bajamos al subterráneo de dicho BancoEstado, donde se hizo efectivo el cobro de este cheque en dinero en efectivo, no recuerdo bien si el monto era entre $600.000.000 o $1.200.000.000, dichos fondos posteriormente fueron llevados al gabinete del director de finanzas General Julio Pizarro Konga, por su puerta trasera en conjunto con el coronel Arnoldo Riveros y yo, al abrir la puerta, en su interior se encontraba el coronel Fernando Pérez y el director de Finanzas general Julio Pizarro Konga, alrededor de las 14:00 horas, se dejaron las maletas y, posteriormente, la distribución llegó en dinero en efectivo a todos los participantes, por un monto cercano entre los 30 y los 50 millones de pesos cada uno.[/cita]
Valenzuela dijo que la Contraloría hizo auditorías pero no encontró nada, a pesar de que –a su juicio– «las anomalías eran evidentes, por lo tanto, en la auditoría debieron haber reparado en estos antecedentes», señaló.
En su relato, el ex oficial cuenta que en 1998 lo trasladaron a Concepción, «a raíz de que me robaron un armamento particular. Creo que en estricto rigor se debió más a que el mando se quería deshacer de mí, por el hecho anteriormente comentado. En Concepción me tocó, entre otras cosas, coordinar el ascenso de mi coronel Vidal, el cual fue pagado con dineros fiscales, correspondientes al ‘rancho fiscal’. Personal que trabajaba al alero de él manifestó que fue una coronación, por el tipo de ceremonia y la cantidad de invitados que participó», contó.
Nelson Valenzuela cuenta que, desde 1999, fue nuevamente trasladado al Departamento de Contraloría Financiera para participar del proyecto de desarrollo e implementación del sistema de contabilidad interna de Carabineros, que se concretó ese año.
Al año siguiente el oficial Valenzuela vuelve a ser trasladado, ahora al Departamento III Tesorería, a cargo del entonces coronel Jorge Latrille. Según Valenzuela, «a este departamento le llamaban la ‘huesera’, era una unidad de castigo por parte de los jefes de la Dirección de Finanzas. Pero paulatinamente, los oficiales que llegaban como jefes de esta repartición eran ‘bendecidos’ porque podían sustraer fondos».
Según declaró el mayor Valenzuela, «esto lo realizaban a través de la Renovación de Cobros bajo el subtítulo 22 ‘gastos operacionales ítem 99 compromisos anteriores’ y de reintegros que no se informaban. Quienes trabajaban en esa repartición y sustraían dineros bajo estos métodos eran los coroneles Latrille Niembro, Sarabia Lagreze. Los comandantes P. González, Pizarro Konga y Prudant Dogma. Todo esto se gestionaba a través del estafeta de dicho departamento, cabo 2º Óscar Olivos, quien y con sus contactos en el BancoEstado lograba cambiar cheques nominativos de los oficiales antes mencionados para su posterior entrega y distribución en dinero efectivo».
De acuerdo a Valenzuela, estas irregularidades se descubrieron a partir de los años 2001 y le habrían costado caro al entonces jefe de Finanzas Julio Pizarro Konga. «En los años 2001-2002 en el Departamento III de Tesorería, el coronel Iván de Requesens y el Tte. coronel Manuel Pérez Ananías, se percataron de las irregularidades, y extorsionaron al general Pizarro Konga, Renato Sarabia y Jorge Prudant, etc., para que no dieran cuenta de los hechos y les exigieron una suma cercana a los $120.000.000». En junio del año pasado, Pizarro Konga en la prensa negó cualquier participación en irregularidades. «Si alguien tiene pruebas, que las presente”, dijo.
El relato de Valenzuela continúa detallando otro mecanismo para defraudar a la institución. «En los años 2003 y 2004, en el Departamento III de Tesorería, se realizaba fraude a través del sobreprecio mediante facturas ilícitas, esto lo hacía el coronel Cruces a través del proveedor Rodrigo Vásquez. También inicia la puesta en marcha del sistema integrado de remuneraciones, que después de una revisión nos percatamos que dicha aplicación presentaba fallas (…) de lo anterior indicó que se dieron las cuentas correspondientes de tales hechos al mando del Departamento III de Tesorería y a la Dirección de Finanzas».
Nelson Valenzuela apunta al general Pizarro Konga como el gestor de la idea de incluir a los ex generales directores como profesores en la Academia de Ciencias Policiales y la Escuela de Carabineros, después que hubiese problemas en los pagos que hasta entonces se hacían bajo el régimen de honorarios. «Asignándoles 12 horas de clases a cada uno. Todo esto se canalizó a través de una resolución oficial y lista de revista de Comisario, situación que a la vista quedó como ilícita, puesto que gran parte de ellos no ejercían físicamente estas docencias, solamente en papel».
Luego Valenzuela involucra al ex general director Alberto Cienfuegos, que mientras ejercía el mando tuvo un problema tributario. «Ese mismo año, el general Pizarro me llamó para decirme que mi general Cienfuegos tenía problemas con el Servicio de Impuestos Internos por la compra de una parcela por más de $150.000.000, el problema se generó por la declaración jurada de Cienfuegos. Yo le dije que no iba a hacer nada. Posteriormente supe que al general Cienfuegos se le confeccionó un certificado de deuda falso, por un préstamo que en definitiva no se le concedió (…), documento que posteriormente se le hizo llegar al entonces coronel Iván Whipple, jefe del Departamento IV, el cual hizo llegar los antecedentes al SII».
El mayor Valenzuela relató a la justicia una escena digna de una película policial para ilustrar un mecanismo de supuesto fraude.
«En el año 2006 recuerdo que el coronel [Arnoldo] Riveros me indicó que iban a hacer una salida de plata por el artículo 6to., que ya estaba todo coordinado y que lo acompañara al banco a cobrar el cheque correspondiente, dicho esto, e indagando más del tema, indicó que esta gestión se canalizó por el mando del Depto. I Finanzas avalado por el general Pizarro Konga y materializado por el Jefe del Departamento Tesorería pero no recuerdo si en ese era Sáez o Vera, en conjunto con el Jefe de la Sección Tesorería capitán Pedro Valenzuela San Martín, quienes firmaron este cheque de cobro, a nombre de Arnoldo Riveros Geldres para su cobro, posteriormente yo acompañé en la camioneta fiscal Opel combo de color azul, acompañado con el chofer del departamento III de Tesorería al comandante Arnoldo Riveros al BancoEstado, bajamos al subterráneo de dicho BancoEstado, donde se hizo efectivo el cobro de este cheque en dinero en efectivo, no recuerdo bien si el monto era entre $600.000.000 o $1.200.000.000, dichos fondos posteriormente fueron llevados al gabinete del director de Finanzas general Julio Pizarro Konga, por su puerta trasera, en conjunto con el coronel Arnoldo Riveros y yo, al abrir la puerta en su interior se encontraba el coronel Fernando Pérez y el director de Finanzas general Julio Pizarro Konga, alrededor de las 14:00 horas, se dejaron las maletas y, posteriormente, la distribución llegó en dinero en efectivo a todos los participantes, por un monto cercano entre los 30 y los 50 millones de pesos cada uno, el capitán Pedro Valenzuela también recibió de este hecho ilícito, sí, doy fe que el comprobante con que se giró este cheque llámese egreso, lo firmó el abogado Juan Badilla Drago, los dineros provienen de las cuentas de resto corriente y gasto en personal, la sucursal en la que cobramos el cheque, es la central», declaró.
Cabe recordar que el artículo sexto de la Ley Orgánica de Carabineros, que se menciona en esta declaración, ha permitido que decenas de funcionarios civiles logren que se les reconozcan los mismos beneficios económicos que a los uniformados con grados equivalentes, a través de recursos de protección. La gran mayoría de estos recursos legales han sido presentados y ganados por el abogado y ex Carabinero, Juan Badilla Drago.
Valenzuela continuó detallando cómo, supuestamente «blindaron» un método para sustraer dinero público y reconoce que él participó. «En el año 2007, en el Departamento III de Tesorería, se comenzó a realizar otro método para sustraer los dineros. Esto se genera a partir de unas de las reuniones cotidianas del día lunes, entre el coronel Rivero Gerdes, Tte. Diego Valdés y yo. En esa reunión, yo sugerí blindar el sistema integrado de remuneración estableciendo un tope de $2.000.000 para sustraer dineros, ya que no quería que esto de la sustracción de dineros se fuera de las manos, lo cual ellos aceptaron. Por lo tanto, establecí que tenía que ser solamente para funcionarios Institucionales”.
El relato prosigue con que “la confección de las nóminas trimestrales las elaboraba el elaborador de datos Luis Vilches en conjunto con mi persona, con los nombres que los otros oficiales me daban. Estos dineros, quiero ser claro, salían del subtítulo 21 ítem aporte fiscal, no contaminando el resto de ítem subtítulo 21 gastos en personal. Yo sí sustraje dineros en esa época, pero no eran para mí, los derivé para la mayor Silvana Marisio Vega [con quien tiene una hija], producto que ella me había representado que su padre estaba enfermo de cáncer y no tenía cómo cubrir esos gastos para apoyarla. De lo anterior indico además que el coronel Arnoldo Riveros y teniente Diego Valdés me indicaban a las personas que debía abonarles. Dentro del listado, recuerdo que estaban el coronel Reyes Momberg y su hermano el CPR Carlos Reyes Momberg, mayor Pedro Valenzuela San Martín, CPR Eduardo Pardo, CPR Palma», declaró Valenzuela.
El mayor, actualmente entre los acusados por el millonario fraude, detalla las irregularidades a partir del pago del mentado artículo 6to y la intención que tuvo de salir de la Dirección de Finanzas, pero sin lograr concretarlo, porque «para ellos era indispensable que yo estuviera ahí».
Valenzuela continuó con su detalle pormenorizado, señalando que “el coronel Arnoldo Riveros fue sancionado en un sumario interno luego de que se detectara el pago duplicado de una de estas demandas por artículo 6to, dinero que fue devuelto». Valenzuela afirma que nunca estuvo de acuerdo con el pago total en forma retroactiva del dinero proveniente de las demandas del artículo 6to, pero que era presionado para asignar el pago, lo que finalmente motivó su renuncia a la institución y finalmente fue reemplazado por el capitán Randy Maldonado, otro de los actualmente formalizados.
Valenzuela ante los fiscales aseguró que se robaba dinero desde Dipreca. «En el Departamento III Tesorería, existía una cuenta interna de la repartición en la cual se recibían fondos que en definitiva se sustraían, algunos de estos fondos eran provenientes de la Dirección de Previsión de Carabineros que son: Licencia Pre-posnatal y artículo 19 de la Ley Orgánica de Carabineros. Debo indicar además que esta cuenta interna está figurando desde anterior al año 2000, es decir, nunca se ha cerrado, más bien se ha congelado su uso», afirmó.
En su declaración, Nelson Valenzuela involucra al general en retiro Gerardo González Theodor en la compra de un nuevo programa para el cálculo de remuneraciones, por un millonario monto, el que fue asignado a la empresa de un amigo del entonces general inspector el año 2011.
Con la finalidad de actualizar e innovar algunos procesos de remuneraciones, se gestionó la compra de una nueva aplicación computacional para el cálculo de remuneraciones. Para tal efecto, el mando autorizó una inversión de 300 millones de pesos, los cuales fueron destinados al Departamento de Tecnología de Carabineros para su adquisición. «De tales hechos quien canalizó esta compra en ese departamento fue el general González Theodor a través de una empresa Ilamada Airh, cuyo gerente de dicha empresa era amigo personal del oficial general antes comentado. Ante esto comento que se comienza a implementar dicho sistema en remuneraciones, pero con el tiempo se diluyó y no quedó en nada», aseguró.
Además, en su testimonio Valenzuela señala que hasta el 2011 siguió abultando la nómina de personas que recibían pagos ilícitos. «Por ejemplo a Boris Valenzuela le transferimos cerca de $80.000.000, de los cuales yo toqué 15 o 20 y el resto se quedó Boris».
Valenzuela detalló varias maneras con las que los oficiales históricamente se han abultado los sueldos, pero que no son robos como los que actualmente investiga la justicia. «Cuando los oficiales egresaban del antiguo Instituto Superior y actual Academia de Ciencias Policiales, impetraban la especialidad de Montaña y Frontera, por el solo hecho de hacer dos semanas de campaña en Lagunillas, vale decir, desde el año 1998 hacia atrás todos estos sobresueldos son ilegales, ya que si este beneficio era un beneficio de montaña y frontera, debía ser congelado en el tiempo y no autoajustado con sus ascensos, ya que gran parte de ellos no ejercían la especialidad antes comentada. También están las horas extraordinarias en el Hospital de Carabineros a médicos, a los cuales les figuraban más horas de las que en la práctica podían realizar», afirma y continúa revelando la existencia de otros sobresueldos.
Con respecto a los sobresueldos por especialidad, Valenzuela agrega que “específicamente por Fuerzas Especiales, gran parte del personal que figuraba bajo revista comisario en esa dotación era solo en papel, ya que continuaban trabajando en reparticiones y altas reparticiones privilegiadas con el alto mando. Por tanto, después de dos años de pasar lista de revista comisario, adquirían derecho de un sobresueldo de 35 por ciento», aseguró. Por otra parte, en las corporaciones de Carabineros de Chile, que son cultural, Museo, Cricar, etc., figura trabajando personal contratado bajo la modalidad de DFL-2, situación que se contrapone a su naturaleza original. Puedo indicar que existen cónyuges de Generales Activos y otros oficiales en estas corporaciones con pensión de invalidez, trabajando», aseveró.
Además, según Valenzuela, se hace mal uso del dinero fiscal de las siguientes formas:
«Las asignaciones de vuelos para los Generales Directores en su mayoría son falsas. Esto se puede constatar de una forma muy simple, ya que, en una sola resolución de pago de asignación de vuelo, figuran 20 personas beneficiadas, y resulta que no existe ninguna aeronave policial con una capacidad de esa cantidad de pasajeros. Otro concepto son los traslados a zonas extremas, por ejemplo, en el periodo de mi general Cordero, se trasladaba a oficiales a punto de irse a retiro, a zonas extremas de privilegios, logrando obtener en sus últimos 6 meses en Carabineros una asignación de Zona abultada en su liquidación».
También, afirmó el mayor, existirían otras irregularidades en la Mutualidad de la institución. «En lo concerniente al seguro complementario de salud debo indicar que bajo una orden verbal del general Bernales, pasó a depender de la Mutualidad de Carabineros, el cual tuvo un efecto significativo en la rentabilidad de la entidad antes comentada, lo que se tradujo en una mejor distribución de utilidades en exceso para los socios de cargo Directivo», afirmó.
