El analista dio a conocer su opinión a través de Twitter
En 19 puntos, el abogado Arturo Subercaseaux quiso «desmentir» algunos mitos respecto a la Ley de Migraciones. En el primer punto señala: «nuestra Ley de Migraciones es la más antigua de América Latina, el Decreto Ley N° 1094 de 1975. Fue creada en un contexto en que no eramos más que otra arquetípica dictadura latinoamericana, de escaso interés turístico o migratorio».
La migración ha sido un tema de debate en los últimos años tanto en la sociedad como en la política chilena. La masiva llegada de colombianos, peruanos y sobre todo venezolanos y haitianos en los últimos años ha puesto sobre el tapete la necesidad de una nueva ley que permita regular la llegada de extranjeros al país.
Al respecto, Arturo Subercaseaux, egresado de Derecho de la Universidad Diego Portales y militante de Evópoli, hizo un análisis sobre el tema en Twitter que no pasó inadvertido.
En 19 puntos, Subercaseaux quiso «desmentir» algunos mitos respecto a la Ley de Migraciones. En el primer punto señala: «nuestra Ley de Migraciones es la más antigua de América Latina, el Decreto Ley N° 1094 de 1975. Fue creada en un contexto en que no eramos más que otra arquetípica dictadura latinoamericana, de escaso interés turístico o migratorio».
En un segundo punto, el abogado señaló que los migrantes en general no requieren Visa de turista para entrar a Chile, y que el ingreso al país como tal no exige visado. «La Ley Migratoria permite que una persona ingrese legalmente como turista, por un plazo de 90 días, y que durante su estadía solicite autorización para trabajar e incluso solicitar visación de «residente sujeto a contrato (de trabajo)». Es perfectamente legal bajo la ley vigente», expresó Subercaseaux en un cuarto punto.
El mlitante de Evópoli prosiguió su análisis haciendo referencia a los migrantes «irregulares», que son aquellos que ingresan clandestinamente al país, incumplen alguna normativa de la Ley de Extranjería y extienden su estadía. «¿Qué consecuencias tiene sobreextender la estadía? Multa (1-20 sueldos mínimos), y excepcionalmente abandono del país».
Con respecto a aquellas personas que consideran que en el país hay una «invasión» de haitianos, Subercaseaux argumentó que en el período 2016-2017 ingresaron 153 mil habitantes de Haití y 250 mil venezolanos. «Si existiera «invasión», sería de los segundos, no los primeros».
«Si se prueba que realmente existe trata de personas o explotación laboral, haitianos son VÍCTIMAS, no delincuentes», agregó en su análisis.
Títulos profesionales
Arturo Subercaseaux hizo referencia a que muchos extranjeros llegan a Chile con títulos profesionales, los cuales deben ser revalidados en un proceso «burocrático», de acuerdo a su opinión, por la Universidad de Chile. Particularmente los haitianos y venezolanos tienen que cumplir con este trámite al no contar con un convenio de reválida con Chile.
Respecto a la contribución de migrantes al fisco, el abogado indicó: «migrantes pobres o clase media contribuyen al Fisco bajo las mismas reglas que un chileno pobre o clase media: sólo IVA. ¿Por qué deberían tener menos derechos si contribuyen como todos?»
El también ambientalista aclaró que los inmigrantes en su gran mayoría ocupan puestos de trabajo que los chilenos no quieren realizar, particularmente en los sectores agrícola, construcción y servicios. El joven hizo énfasis en que 30 por ciento de los haitianos que llegan a Chile cuentan con títulos profesionales, esto de acuerdo a la Organización de Profesionales Haitianos.
De acuerdo al análisis de Subercaseaux, el fenómeno de migración masiva de haitianos a Chile comenzó en 2015. Tras el terremoto que azotó al país insular en 2010, muchos de sus habitantes migraron a Brasil, pero luego de la crisis que sufrió el país carioca en 2014, Chile comenzó a ser la mejor opción.
El graduado de la Diego Portales finalizó su análisis con una sentencia del Tribunal Constitucional: «toda persona tiene el derecho a emigrar de su país. El deber estatal de recibir es una cuestión sometida al derecho interno de cada Estado, pero cumpliendo las obligaciones propias del Derecho Internacional».
