El veleidoso cierre de Bachelet

Cuando el subsecretario del Interior (PS), Mahmud Aleuy, salga hoy definitivamente de su oficina en el Patio de Los Canelos y cruce por última vez la puerta de La Moneda, será el inicio del fin de la centroizquierda en el poder. Un cierre de Gobierno que no solo tiene un sabor amargo para el oficialismo que se va, porque por segunda vez le entregan la banda a Sebastián Piñera, sino que además ha estado marcado por el veleidoso despliegue de iniciativas de “última hora” de la Presidenta, Michelle Bachelet, que han generado cuestionamientos transversales por su forma y momento, pero que a la vez son todas materias que ponen en una situación complicada a la administración de derecha entrante.

“Me voy contenta, satisfecha (…) siento que me voy por la puerta ancha”, dijo el martes en la noche la Mandataria en Canal 13, durante la entrevista que le hizo Mario Kreutzberger en el programa Las dos caras de la Moneda. Después de un tenso y ardiente febrero provocado por el conflicto de la Operación Huracán, esa mañana del 6 de marzo despachó al Congreso el proyecto de ley que propone una nueva Constitución Política, puso suma urgencia a la discusión parlamentaria sobre identidad de género y el día anterior había firmado otra iniciativa, la que crea un Nuevo Crédito Estatal de Educación Superior, que reemplaza al cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE).

Con el actual Congreso a horas de terminar sus sesiones, en espera de que asuman los nuevos parlamentarios por los próximos cuatro años, estas decisiones presidenciales han sido vistas en la Nueva Mayoría como medidas tardías, sin destino, y en el seno del propio gobierno, como una errática estrategia, porque deja abiertos demasiados flancos, en vez de cerrarlos. En La Moneda explicaron que todas han sido opciones zanjadas por Bachelet, sin consultar ni menos sondear a sus partidos ni ministros, salvo a su círculo de hierro del segundo piso –Pedro Güell y Ana Lya Uriarte– casi como una suerte de “liberación” de la Mandataria.

“Bachelet está terminando de gobernar con un sello de mucho personalismo, sin contrapeso, porque tiene la lógica de que ya no pierde nada, que ya no es juzgada y no le importa el efecto inmediato que tengan estas medidas”, explicó una alta autoridad de Palacio.

A eso se suma –acotaron en el oficialismo y en el Gobierno– el convencimiento que hay en el bacheletismo duro de Palacio en cuanto a que el desempeño de esta administración fue superior al que demostraron la Nueva Mayoría, sus parlamentarios y dirigentes, como también el que se logró amarrar los avances de las reformas para que puedan seguir vigentes y sobrevivan a la era de Piñera. “Por eso hay una sensación de triunfo en La Moneda”, explicaron desde el PS.

Pero esa mirada no es colegiada en la coalición, ni en el Gobierno ni en la sede gubernamental. De hecho, se cuestiona el “excesivo culto a la persona de Bachelet” que impera en su círculo, que ha hecho imposible que La Moneda reconozca su parte de responsabilidad en la derrota política sufrida, porque, desde el domingo al mediodía, lo concreto es que la centroizquierda nuevamente será oposición y está dividida, debilitada, sin liderazgos claros ni un proyecto político en el horizonte que haga vislumbrar una acción política coordinada y exitosa en el mediano plazo.

“Es imposible que haya una actitud de felicidad si se entrega la banda por segunda vez a Piñera, la primera tarea política de un Gobierno es lograr la sucesión. Efectivamente, la responsabilidad de la derrota es de los partidos y la candidatura, pero tampoco se puede esquivar la responsabilidad de La Moneda”, sentenció un ex timonel de la Nueva Mayoría.

En Palacio aseguraron que no hay autocrítica, porque no se saca nada con eso cuando todo el mundo dispara contra La Moneda permanentemente y, además, la Presidenta –agregaron varios inquilinos de la casa de Gobierno– considera que ella no lo hizo mal en estos cuatro años, que la Nueva Mayoría cometió muchos más errores.

Además, reconocen que otro factor que pesa en esa actitud de esquivar las culpas es que el bacheletismo duro considera a la Jefa de Estado como “un patrimonio político” que deben cuidar, la figura política de la centroizquierda mejor evaluada a pesar de todo y que el llamado “legado del Gobierno” es algo que les permitirá en el futuro, desde el domingo, jugar algún rol en el espacio político, defendiéndolo e intentando proyectarlo. “Está la idea, incluso, de organizar una suerte de frente activo de ex ministros que defienda la obra y figura de Bachelet, pero no ha cuajado tanto”, afirmaron en el oficialismo.

A ojos de la Nueva Mayoría, el legado es algo que ha generado mucha resistencia, porque es visto como un objetivo personal y no como un proyecto político de envergadura. A horas del final, en la coalición consideran que las culpas de Palacio pasan por la relación distante y sin sintonía que tuvo la Mandataria con los partidos, como el hecho de instalar una agenda de transformaciones profundas –que generó altas expectativas en la ciudadanía– y no poner a la gente más capacitada para la tarea, dejar que primara la falta de conducción política y la ausencia, tras la salida de Rodrigo Peñailillo del Ministerio del Interior, de un verdadero jefe del gabinete que asumiera esa tarea.

Esa relación a contrapelo entre Bachelet y la Nueva Mayoría fue uno de los rasgos que atravesaron toda su administración. “Tener en consideración a sus partidos nunca ha estado en las prioridades de la Presidenta, su opinión sobre ellos y los parlamentarios ha sido evidente, no es nada buena, está convencida de que lo hizo mejor que la Nueva Mayoría”, apuntó un subsecretario.

Este choque de miradas y permanente gallito quedó una vez más en evidencia con el envío del proyecto de Nueva Constitución. Una demanda histórica y emblemática de la centroizquierda, presentada en el último cuarto de hora, en un acto breve, sin mística, con solo un senador oficialista presente, Alfonso de Urresti (PS), y los presidentes de partido del oficialismo, que en líneas generales pusieron el foco en que la iniciativa, sin las mayorías necesarias en las cámaras y con un Gobierno de derecha, está destinada a dormir el sueño de los justos.

En la coalición cayó como piedra que la Mandataria ni siquiera los sondeara sobre el tema, que fuera visto y discutido solo entre ella, el abogado Tomás Jordán y su núcleo de hierro. “Enviar lo de la Constitución sin preguntar a los partidos era innecesario”, agregó un ex colaborador de la administración bacheletista.

En el oficialismo hay quienes se lamentan de que se desperdiciara la oportunidad de instalar el tema constitucional como una bandera de la futura oposición, que desde el día 1 los alineara, les diera un sentido aglutinante, un norte, en vez de casi enterarse por la prensa del contenido de la propuesta. Pero en el seno de La Moneda hay otra mirada, dicen que todas las decisiones tomadas no solo cumplen con el requisito de que la Jefa de Estado está convencida de ello, sino que además le generan un dolor de cabeza, o al menos ruido, al Gobierno que debutará el domingo.

Último Acto

Entre martes y miércoles se hizo conocida la decisión de nombrar notario de San Fernando al ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo. El abogado llevaba meses en la terna y había recibido una alta votación –quedó en lista 1– por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El decreto fue enviado por el ministro de Justicia, Jaime Campos, a la Contraloría General, pero la decisión sacó ronchas de todo tipo, tanto por la forma como por el fondo de la misma. La autoridad radical ya había mandado el viernes 2 de marzo el respectivo documento con el nombramiento como notario del defensor regional de O’Higgins, Alberto Ortega, el que tuvo que retirar para enviar uno nuevo con el de Toledo, por instrucciones superiores desde La Moneda, comunicadas telefónicamente.

Dicen en el Gobierno que Campos estaba enojado con lo sucedido, que advirtió a varios de sus colaboradores que se vendría una avalancha de críticas, punto en el que no se equivocó. La derecha apuntó a que el nombramiento responde a un pago de favores de Bachelet al fiscal por no formalizar a su hijo, Sebastián Dávalos, mientras estuvo a cargo de las indagatorias de Caval hasta el año 2016, momento en que el abogado pasó como jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas de la Fiscalía.

La Asociación de Fiscales puso el grito en el cielo. “El nombramiento de Luis Toledo como notario ha tendido, razonablemente, un manto de dudas sobre la independencia con que adoptó las decisiones en el caso Caval. El descrédito que ello importa para el Ministerio Público es irreparable e inadmisible (…) no queremos más vasos comunicantes entre autoridades políticas y el Ministerio Público. Urge cambiar los sistemas de nombramiento de diversas autoridades tanto fuera como dentro de nuestra institución”, reza parte de la declaración pública.

En La Moneda dijeron que Campos había corrido con colores propios, que había enviado el decreto con el nombre de Ortega sin que fuera visado en Palacio y que son “injustas” y “erradas” las versiones que dejan a Toledo como un actor pasivo en el caso Caval, que gracias a sus gestiones se puso el foco en el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín, sobre quien el Ministerio Público pide una pena de 818 días por uso de ventajas indebidas y otros ilícitos tributarios, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) incluyó el delito de soborno y solicitó 11 años de cárcel.

En reserva, en la sede de Gobierno y en la Nueva Mayoría consideran que, más allá de cualquier consideración y explicación, el nombramiento se ve feo, que ensució el cierre de la actual administración, que este no puede ser el último gesto, el último acto con el que Bachelet salga de Palacio.

En ese sentido, las conversaciones en estas últimas horas en La Moneda apuntan precisamente a un tema que sigue en el tintero: el cierre de Punta Peuco. La Presidenta Bachelet esquivó el martes en Canal 13 responder directamente sobre el asunto, pero insistió en que ella iba a gobernar hasta el último día.

En el oficialismo y en Palacio saben que se está evaluando jugarse esa última carta, que ese sea el sello de despedida, el último compromiso cumplido, dicen que se ha estudiado mucho, que se han ensayado incluso los aspectos operativos. Si se concreta, agregaron, sería un golpe que eclipsaría el cambio de mando, porque dejaría a Piñera debutando con un complejo dilema: respetar la decisión a costa de la furia de su sector o reabrir el penal, comprándose un flanco de críticas a todo nivel.

“Genio y figura hasta el final”, acotó una autoridad de La Moneda.