Diputado Hugo Gutiérrez filtró hoja de vida con sanciones por brindar protección a un prostíbulo a cambio de servicios sexuales
El policía del consenso político. Ese atributo, junto con el de no pertenecer al círculo de poder y confianza de su renunciado antecesor, fueron parte de las razones que tuvo Piñera para ponerlo al mando de la policía uniformada. Pero esas cualidades no evitaron que, dentro de las propias filas de la institución, ejecutaran –apenas un par de horas después de que asumiera– un certero y rápido disparo a su imagen pública, tras filtrar al diputado comunista la hoja de vida del oficial, donde figuran sanciones por actos inapropiados con su función policial cuando era teniente, en la década de los 80.
No alcanzó a cumplir un día al mando de Carabineros –la institución policial cuyo prestigio está por los suelos tras los escándalos por el montaje de pruebas en la Dirección de Inteligencia y el multimillonario fraude de la mafia de Intendencia– cuando el recién asumido general director, Hermes Soto, recibió los primeros disparos a la imagen de policía inmaculado que Piñera buscó proyectar con su designación.
Particularmente confiado en la calidad de sus fuentes y habiendo transcurrido apenas un par de horas desde que Piñera presentara a Soto como el reemplazo del renunciado general Bruno Villalobos, el diputado (PC) Hugo Gutiérrez filtró la hoja de vida de Soto –que subió a Twitter–, donde se revelan polémicos antecedentes de su pasado como teniente y que –según el diputado– no debieron haber sido pasados por alto por el Gobierno. Lo acusa directamente de haber sido, en los hechos, una especie de «regente» de un prostíbulo en el que brindada protección a las trabajadoras a cambio de servicios sexuales gratuitos.
«Me parece bastante extraña la designación del general director designado por Sebastián Piñera, porque yo creo que deberían haberse tomado un poquito de tiempo y haber mirado la hoja de vida de ese señor. Él concurría a un lenocinio, incluso cobraba por adhesiones gratuitas a cambio de protección a las damas que prestaban servicios. Está todo en la hoja de vida. Fue sancionado, hay anotaciones por las que fue sancionado constantemente, por haber ido más allá de sus funciones policiales, por no cumplir las normas de la institución», dijo.
[cita tipo=»destaque»]Siendo la» hoja de vida» un documento confidencial, sobre el que pesa una estricta reserva, según fuentes consultadas de Carabineros, su procedencia necesariamente tiene que ser de la misma institución uniformada, en donde Soto deberá pasar a retiro a otro importante número de generales que no son de su confianza, cuando defina el alto mando. Desde la propia policía uniformada señalan que las «sospechas de este balazo» recaen en el área de inteligencia, que ha resultado desmantelada tras la renuncia de los generales Villalobos y Blu y que, junto con Intendencia, debieran ser las prioridades en la reestructuración del nuevo general director.[/cita]
Gutiérrez añadió que «aunque esto haya ocurrido hace 30 años, para regir una institución con serios problemas, se necesitaba una persona inmaculada. Quien responde a esta designación es Piñera, así como la Presidenta Bachelet era responsable de todo lo que hacía Villalobos», afirmó.
Siendo la» hoja de vida» un documento confidencial, sobre el que pesa una estricta reserva, según fuentes consultadas de Carabineros, su procedencia necesariamente tiene que ser de la misma institución uniformada, en donde Soto deberá pasar a retiro a otro importante número de generales que no son de su confianza, cuando defina el alto mando. Desde la propia policía uniformada señalan que las «sospechas de este balazo» recaen en el área de inteligencia, que ha resultado desmantelada tras la renuncia de los generales Villalobos y Blu y que, junto con Intendencia, debieran ser las prioridades en la reestructuración del nuevo general director.
«Se trata de antecedentes prescritos. Lo que debiera pasar aquí es que se presente una querella por injuria. De esa manera se podría llegar a las personas dentro de la institución que quisieron afectar su honra. Pero tampoco hay que ser demasiado inteligente para saber de qué lado viene todo esto», dijo una alta fuente policial en retiro.
Hermes Soto, de 55 años, está de cumpleaños el 27 de abril, el mismo día del aniversario de la institución. Pero no viene de la elite policial como sus antecesores, es hijo de un suboficial de Carabineros, que trabajó como soldador en sus ratos libres para pagar sus estudios. Este ingrediente de su biografía, según testigos de cómo se generó su nombramiento, en cierta forma lo favoreció, porque el grupo de cinco generales más cercano a Bruno Villalobos, que pasó a retiro, siempre lo mantuvo aislado de los grupos de poder.
Soto hizo su carrera en regiones. Antes de Concepción estuvo como coronel en Coquimbo. Tuvo una participación destacada en el despliegue de Carabineros durante el terremoto el 27 de febrero de 2010, cuando efectivos a su cargo distribuyeron alimentos. En la zona, armó su propia red de apoyos políticos, que es transversal y va desde la senadora UDI Jaqueline Van Rysselberghe hasta el senador Alejandro Navarro.
Según Fuentes de La Moneda, el Gobierno corría contra el tiempo para nombrar a un nuevo general director. Especialmente después que no fue bien recibida la entrevista de Julio Pineda, el general que reemplazó a Villalobos, en El Mercurio.
Una de las claves de esta reestructuración –o nuevo diseño institucional– que le fue encomendada desde La Moneda, es endurecer los controles internos, que ya existen, pero apoyar además la instalación de controles externos –de carácter económico y de probidad– a través de auditorías y otorgándole mayores atribuciones a la Controlaría, cuestión que en todo caso, aseguran, no será de fácil implementación, ya que no cuentan con personal suficiente para controlar a más de 50 mil hombres.
Por ahora, el nuevo general director tiene toda la confianza de buena parte del mundo político. El presidente del Senado, Carlos Montes (PS), dijo que «las referencias que tengo son las mejores, es una persona que tiene una trayectoria reconocida en regiones. Parece tener todas las condiciones, tenemos que ver cómo se desenvuelve en las condiciones tan difíciles como en las que está. Pero insisto en que no se soluciona solo con un cambio de nombre. Espero que le vaya muy bien», concluyó.
Por su parte, el senador DC Francisco Huenchumilla, ex intendente en la Región de La Araucanía, dijo que el «Presidente hizo una apuesta en la persona del general Soto, espero que sea una apuesta fundada, me parece una decisión política importante. Rescato que con esto se inicie un proceso de reestructuración. Lo que valoro es lo que no hizo el Gobierno pasado, en cambio, aquí, se atrevió a tomar una decisión en tres días».
Uno de los antecedentes públicos que dan cuenta del perfil policial de Hermes Soto, dice relación con su gestión cuando fue jefe de zona del Biobío. Según un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el 23 de abril de 2016, un amplio contingente de Carabineros llegó hasta la casa de María Antilao Mahual, de la comunidad Nicolás Kalvu Llanka, en la zona de Cañete, Octava Región.
De acuerdo al relato del INDH, el personal de Carabineros –al mando de Soto– «llegó echando abajo el portón y cerca de alambre», para luego ingresar al predio con 2 buses y 6 jeeps blindados, desde los cuales «bajó un contingente policial con violencia». «En ningún momento los funcionarios de Carabineros le informaron el motivo del allanamiento, mientras revisaban el interior de la vivienda, finalizando el registro sin encontrar nada», se afirma en el documento.
Los efectivos buscaban a Ociel Esteban Santi Paine y José Galvarino Lepicheo Machacán. «Ambos con órdenes pendientes decretadas por el Juzgado de Garantía de Cañete, el primero por maltrato de obra a personal de la PDI y el segundo por el delito de robo con intimidación, hechos acontecidos en el Sector Lleu Lleu Alto, específicamente en la Comunidad Indígena, ubicada al Poniente del kilómetro 22 de la Ruta P-70, Sector Antiquina, de la comuna de Cañete».
Los comuneros buscados no estaban en ese lugar, pues correspondía a otro predio, pero fueron igualmente allanados, resultando afectadas otras personas: María y Pascual Antilao.
Los funcionarios policiales «se dirigen a la vivienda del amparado Pascual Antilao Antilao, sin identificarse golpean la puerta procediendo a ingresar mediante el uso de la fuerza, rompiendo la puerta de acceso principal, mediante el uso de un ariete, y todos los vidrios de las ventanas que dan al frontis de la casa habrían resultado destruidas. Una vez adentro de la vivienda, se dirigen al dormitorio del amparado Pascual Antilao Antilao, sacándolo violentamente de su cama, mediante golpes, para luego llevarlo hasta el living y ahí en el suelo, sobre los vidrios quebrados, lo golpearon en reiteradas oportunidades entre aproximadamente seis funcionarios de Carabineros».
Producto de esta agresión –se consigna– «el amparado resultó con lesiones de carácter graves, a saber, fractura de tres costillas, siendo dejado allí sin recibir atención médica, por lo cual otros comuneros se contactaron con el hospital para que enviaran una ambulancia al lugar, buscando auxilio para el amparado Pascual Antilao Antilao. Luego de efectuado los allanamientos en las tres viviendas, los Carabineros se retiran del lugar, señalando doña María Antilao que cuando se encontraban en el portón de acceso efectúan dos disparos, en señal de amedrentamiento».
Sin embargo, la versión del general Soto fue muy diferente. «Al ingresar al domicilio de José Galvarino Lepicheo Machacan, se realizó el registro de la vivienda en presencia de Pascual Radomiro Antilao Antilao, confeccionándose acta de certificación de entrada y registro en lugar cerrado e incautación, donde se hace presente que Antilao Antilao no presenta lesiones, y dejándose constancia de haber causado daños consistentes en fractura de las puertas de ingreso de ambos inmuebles, haciéndose presente, además, que Antilao Antilao se negó a firmar el acta respectiva, no siendo ubicado José Galvarino Lepicheo Machacan», afirmó el entonces jefe de zona.
El recurso del INDH se basaba en que el allanamiento fue sin orden judicial y, como esa orden existía, el tribunal lo rechazó. Pero los hechos descritos dan cuenta del estilo duro que Soto imprimió a su gestión en la zona del Biobío.
