Chile Transparente solicitará que todos los informes de asesorías externas sean publicados
Un nuevo periodo legislativo se abre en el Congreso. La tarea de desmarcarse de la deslegitimación y la crisis política que vive el país es una de las primeras urgencias para el nuevo presidente del Senado, Carlos Montes (PS), quien destacó que la nueva política de la Cámara Alta debe estar centrada en la apertura, probidad y transparencia. Uno de los conflictos que quedó abierto de la anterior etapa fue el denominado caso Copy-Paste, cuando el entonces senador Andrés Zaldívar definió –tras un acuerdo transversal– no entregar el detalle de las asesorías externas prestadas a los senadores y comités. Ante esto, Montes enfatizó que su postura es de “transparencia total” en todas las materias que aún no han sido publicadas por el Senado.
Un nuevo Congreso debutó esta semana en Valparaíso, con instalaciones remodeladas, una importante cantidad de diputados y senadores nuevos y con ambas cámaras comandadas por parlamentarios del Partido Socialista (PS). Un debut marcado por el proceso de crisis y deslegitimación del mundo político y la falta de confianza en las instituciones, principalmente el Congreso, una de las que cuenta con menos respaldo de la ciudadanía.
Este es el panorama que deben afrontar dos nombres de consenso al interior del mundo político: la diputada Maya Fernández y el senador Carlos Montes. Una tarea que para varios parlamentarios será más difícil de afrontar desde el Senado, “que aún mantiene algunos representantes que se quedaron pegados en la transición”, asegura un diputado de oposición.
Es por eso que la tarea para el senador Montes parece dura, y así lo reconoció en su discurso cuando asumió la presidencia del Senado, palabras que marcaron la línea que seguirá su periodo al mando de la Corporación. “Desprestigio, desconfianza, distancia, se han vuelto comunes en la relación con quienes nos eligen”, destacó. Reconoció los avances durante la Concertación, “sin embargo, se acumularon desigualdades y abusos. Surgen hechos de corrupción y colusión. Un sector minoritario concentró gran parte de los ingresos y la riqueza. Se fue generando un muro que separaba a la elite política de la sociedad”, sostuvo.
Asumió como tareas primordiales “la total transparencia”, hacer que las “asignaciones y dietas, sean revisadas periódicamente, para ver alternativas de ajuste entre ingresos y gastos parlamentarios”, y agregó que se deben “recoger las observaciones que puedan realizarse para mejorar el uso de determinados ítems, como las asesorías externas”.
Montes recalcó que “requerimos un Senado con más horizontalidad. Es importante ampliar los canales de diálogo ciudadano. Mensualmente, la mesa del Senado y a lo menos un representante por bancada, debiéramos reunirnos con sectores sociales”. También agregó que la Cámara Alta debe “informar mejor” y abrir los espacios físicos a la ciudadanía. “Espero avanzar en que el edificio del Senado en Santiago se transforme en un Centro Cultural de Formación Cívica para los ciudadanos”, detalló.
Una línea que fue bien recibida y respaldada por todos los sectores, aunque precisan que “hay que ver cómo se logra ejecutar”. Eso sí, la mayoría concuerda en que esta postura genera una gran distancia con la línea de su antecesor, el hoy ex senador Andrés Zaldívar.
La nueva administración llega con una carga importante en materia de probidad y transparencia, luego de que estallara la polémica denominada “copy-paste”, basada en una serie de asesorías externas realizadas a diputados y senadores. Tras su estallido, se desató una pugna entre el Senado y el Ministerio Público, luego de que el entonces presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar (DC), rechazara la solicitud del detalle de los informes de las asesorías prestadas a los senadores, las que entre 2012 y 2017 sumaron más de $6 mil millones.
La Cámara de Diputados tomó un camino distinto. El entonces presidente de la institución, Fidel Espinoza (PS), entregó a la Fiscalía más de 3.500 informes sobre asesorías externas, además de “todos los antecedentes que estaban en nuestro poder”, destacó en septiembre de 2017 a El Mostrador, jugada que intensificó el conflicto, porque no solo marcaron una posición distinta a la del Senado sino que también “metimos presión a nivel interno, para que liberaran los registros, ya que el secretismo de Zaldívar nos perjudicaba a todos como Congreso”, indica un diputado de la actual oposición.
Tras una serie de polémicas declaraciones entre Zaldívar y el Fiscal Nacional por la no entrega del detalle de las asesorías externas, el Senado respondió a la solicitud surgida a partir de los informes del entonces candidato a la Presidencia, Alejandro Guillier. Por medio de un oficio reservado hecho llegar a la Fiscalía, la Cámara Alta indicó que la Fiscalía “indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño a la imagen de esta Corporación”.
Una respuesta que claramente no dejó satisfecho al Ministerio Público, pero que fue resultado de un consenso político “transversal” de los senadores que ejercían el 2017 y que fue calificado como “secretismo” por una serie de diputados. Finalmente, el Senado hizo entrega a la Fiscalía de lo solicitado y publicó algunas informaciones. Actualmente, en la sección de transparencia de su sitio web, se puede encontrar el detalle de los asesores externos de cada comité y senador, además del relativo a los montos pagados, desde el 2012 hasta diciembre de 2017. A pesar de que en algunos casos hay una breve descripción de los trabajos realizados, no se han adjuntado los informes de cada asesoría externa, documentos que revelaron las copias textuales realizadas por algunos asesores.
[cita tipo=»destaque»]Carlos Montes destaca que el Senado “no es un centro de investigación, entonces muchas veces se han criticado informes, como si este fuera un centro de investigación. A veces un buen resumen de una buena propuesta de un libro puede ser tan importante como un requerimiento creativo”. Además, agrega que, de ser transparentados, debe haber un tiempo prudente para su elaboración y publicación, “no debe ser necesariamente altiro, porque muchas veces tiene que ver con una iniciativa que se está forjando, eso quisiera aclararlo desde ya”. [/cita]
Ya con el Senado renovado –al menos en parte–, bajo la presidencia de Carlos Montes (PS) y sin la participación de Andrés Saldívar, que actualmente es parte de Comité de Asignaciones del Congreso, podría ser que el panorama cambiara. Así lo esperan distintas instituciones dedicadas a la probidad y transparencia en el sector público, las que plantean que se abre una ventana, que podría traer consigo la entrega del detalle de los informes de asesorías externas, pero también esperan que se exija una mayor rigurosidad a la hora de rendir cuentas de los fondos públicos entregados y en materia de Ley de Lobby.
“Vamos a poner a prueba si esta voluntad de cambios, expresada por el senador Montes, es real o no. Y no solamente en el caso de las asesorías externas, sino también con informaciones que son difíciles de recabar e, insisto, con el uso de la Ley de Lobby, donde uno ve que lamentablemente hay senadores que no publican las reuniones o bien los datos”, destaca Alberto Precht, director de Chile Transparente, quien además adelanta que durante este año volverán a solicitar la información denegada durante el 2017 por el Senado.
Claramente el fantasma de los “copy-paste” seguirá rondando al Senado y es una tarea que el senador Carlos Montes está dispuesto a asumir. Con los cambios realizados el año pasado se avanzó en algunos puntos, se dejó en cero el presupuesto para las asesorías externas a los comités senatoriales, y se aumentó a $ 1.515.630 millones el presupuesto para las asesorías externas a los senadores.
Pero la transparencia será un tema difícil de abordar, al menos retroactivamente, y es que la definición de no entregar mayores detalles a la Fiscalía, debido a que no “existían antecedentes legales fundados para dicha solicitud”, fue un amplio consenso entre los senadores de la entonces Nueva Mayoría y Chile Vamos, aunque el mismo Montes destaca que dicho acuerdo se cimentó por la forma en que la Fiscalía requirió la información y no en la transparencia misma de los informes.
Un acuerdo que fue comandado por Zaldívar, pero también por el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), entonces senador de la República, quien aclaró el año pasado que su postura no respondía a bloquear la transparencia sino a la forma en que fueron solicitados los datos. A pesar de que el año pasado existían voces que planteaban que había que transparentar toda la información, como lo hizo públicamente el socialista Juan Pablo Letelier, finalmente el Senado optó por no publicar los detalles, y es que “existían muchos vacíos de información. Algunos informes estaban incompletos y otros nunca fueron entregados”, sincera un senador actual.
Pero ante nuevas solicitudes el panorama se reabre, algunos plantean que es difícil que cambie la postura, y esto porque el acuerdo tomado el año pasado sería definitivo y no podría ser revocado bajo la actual administración de Montes, “por más que el nuevo senador lo quiera”, puntualizan desde el Congreso. Pero el nuevo presidente del Senado mantiene otra postura y asegura que es un tema que hay que conversar “con los jefes de cada comité”.
Destaca que lleva solo unos días al mando de la Corporación, pero está “evaluando todo lo que no está transparente”, a la vez que indica que mandó a realizar un informe para tener claridades al respecto. Agrega que su “ánimo es que todo sea transparente” y que, ante la retroactividad de las publicaciones, “hay que conversarlo (…). Una cosa es para adelante y otra es para atrás. Primero hay que aclarar que son estos informes, porque la prensa parte de conceptos equivocados”, indica.
Carlos Montes destaca que el Senado “no es un centro de investigación, entonces muchas veces se han criticado informes, como si este fuera un centro de investigación. A veces un buen resumen de una buena propuesta de un libro puede ser tan importante como un requerimiento creativo”. Además, agrega que, de ser transparentados, debe haber un tiempo prudente para su elaboración y publicación, “no debe ser necesariamente altiro, porque muchas veces tiene que ver con una iniciativa que se está forjando, eso quisiera aclararlo desde ya”.
Una línea de apertura que es respaldada por los nuevos senadores. El debutante, Juan Ignacio Latorre (RD), opina que los informes y otras materias rendidas, como las incluidas en la Ley de Lobby, deben ser transparentadas. Afirma que el año pasado “el Senado operó como centro corporativo” y recuerda que el caso estalló en “plena campaña electoral, cuando había algunos senadores involucrados y es lo que ahora –entiendo– se está intentando regular. De cómo fiscalizar de mejor manera la plata que uno gasta, en contratación de personal, asesorías externas, etc.”. Latorre enfatiza que está “totalmente a favor que de aquí en adelante haya claridad de en qué puedes gastar, porque es plata pública, del Estado, no es plata del bolsillo de los senadores”.
Desde Chile Transparente destacan que las fórmulas de fiscalización y las sanciones debieran ser más contundentes, que se abra espacio a un agente externo y que las Comisiones de Ética de ambas cámaras deben apuntar a tener sanciones reales, que vayan más allá de una amonestación. “Ha llegado el momento de que haya un control externo en los recursos, mucho más de fondo y no solamente de forma, en cómo se gastan los recursos, incluso evidenciando los espacios de discrecionalidad, de gastos que sean excesivos, que no son evidentemente explicables y que finalmente se modernicen”, señala Precht.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) asegura que está disponible para dar discusión en torno a la propuesta de que la Cámara y el Senado se dejen supervisar y controlar por el Consejo para la Transparencia en dichas materias, principalmente en materia de lobby. “Es importante registrar, dejar en evidencia cuáles son los intereses privados que nos solicitan reuniones, para exponernos sus puntos de vista. Lo que es legítimo, pero es necesario que la ciudadanía sepa que, si estamos discutiendo un proyecto que afecta a intereses, que vengan los agentes privados a defender sus puntos de vista. Luego, mi labor como parlamentario es velar por el bien común y no por interés particular”, indica el senador.
