Oposición propone acuerdo nacional para modificar el TC
El veranito de San Juan se terminó. El cruce de declaraciones entre el oficialismo y la oposición está desatado, y el denominado acuerdo nacional y la política de los consensos –evocando los años dorados de la Concertación– a la que convocó el Presidente Piñera al asumir el Gobierno, están entrampados. La idea de armar comisiones prelegislativas que ayuden a generar una línea común, previo ingreso de las reformas en los cinco puntos relevantes para La Moneda, no causó tanta gracia en la oposición, es más, la califican como “un error”. Además, la modificación administrativa del protocolo de objeción de conciencia sentó las bases para declarar que Piñera vendría con una “motosierra» a terminar con las conquistas de los movimientos sociales.
Prácticamente nada duró la tregua política declarada por el Gobierno. Las declaraciones de buena voluntad, búsqueda de acuerdos y consensos con la variopinta oposición, constituyeron solo un romance fugaz. A casi tres semanas de llegar a La Moneda, el Gobierno de Sebastián Piñera ya enfrenta las primeras tensiones con la oposición, las que han entrampado la estrategia de neoaylwinismo que ha querido imprimir el Mandatario en esta segunda administración.
Es que sus llamados públicos a fraguar pactos nacionales en cinco áreas políticas y sociales emblemáticas –infancia, pobreza, salud, seguridad y La Araucanía– han chocado de frente con lo que desde la centroizquierda consideran como gestos políticamente agresivos, que ya han calificado como la retroexcavadora silenciosa o administrativa, una “verdadera motosierra de Piñera, para derribar las conquistas sociales”, como lo describió un diputado frenteamplista.
Es sabido que la figura del ex Presidente Patricio Aylwin siempre ha sido un referente para Piñera, que a través de los años y las campañas siempre ha recurridos a guiños claros de su mensaje y retórica para vincularse con el centro político. Desde antes de la segunda vuelta, en el núcleo duro del Mandatario ya estaba definido que el sello de este segundo Gobierno sería precisamente la impronta de la unidad, la evocación a los consensos, para así tratar de reflotar la lógica política de los acuerdos que llevó adelante la extinta Concertación y que le rindió frutos en sus tres primeras administraciones.
“Piñera quiere pasar a la historia como el Aylwin del siglo XXI, eso lo sabemos en Chile Vamos, está casi obsesionado con los grandes acuerdos nacionales”, relataron desde la bancada de RN.
[cita tipo=»destaque»]Una propuesta que no causó mucha gracia en la oposición. Aseguran que centrar el debate con senadores y, a la vez, “poner a parlamentarios de derecha, designados a dedo”, no es una vía legítima para los consensos. El senador Francisco Huenchumilla (DC) afirmó que nadie que se dedique a la política puede negar el diálogo, pero añadió que esta apuesta “es un error”, que no garantiza ningún acuerdo, que la oposición está en riesgo de “caer en el juego del Gobierno” y quedar “amarrados en dichas comisiones”, baipaseando el rol que le compete al Congreso: ser el lugar en donde se deben discutir realmente las leyes.[/cita]
Por eso es que, en su primer discurso político con la banda presidencial desde el balcón de La Moneda, la noche del 11 de marzo, Piñera dijo: “Hace casi 30 años los chilenos realizamos la primera transición, logramos avanzar hacia una sociedad con libertad y democracia (…). Hoy con la misma fe tenemos que emprender la nueva transición, la que nos conducirá a un Chile con oportunidades y sin pobreza”. Agregó que “buscará siempre la unidad de los chilenos, reemplazar la errónea lógica de la retroexcavadora por la sana cultura del diálogo, los acuerdos y la colaboración”.
En paralelo, estas semanas el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha tenido bilaterales con las directivas de los partidos de oposición, donde el hombre con mayor poder en La Moneda después de Piñera ha insistido en esta lógica de los consensos y de la búsqueda de diálogo, pero que –según sus asistentes en la oposición– “no han sido nada fuera de lo normal, solo protocolo”.
Sin embargo, ese ímpetu de entendimiento político ha tenido como reverso una serie de decisiones gubernamentales que para la oposición “a todas luces no tienen nada de consenso”, sino que más bien han sido vistas y entendidas como cambios, frenos y restricciones por secretaría a algunos de los proyectos más importantes de la administración de Michelle Bachelet.
El Gobierno de Piñera debutó quitándole la suma urgencia al proyecto de identidad de género y le dio un portazo a la discusión parlamentaria del proyecto de nueva Constitución ingresado en los días finales de la administración anterior, actos que provocaron un rictus de desaprobación en sectores de la ex Nueva Mayoría.
Lo que realmente instaló una fisura en el incipiente entendimiento político entre el Gobierno y la oposición fueron dos hechos: el anuncio presidencial de las modificaciones a la Ley Antiterrorista y el decreto publicado el viernes 23 de marzo en el Diario Oficial, con el cual modificó el protocolo que mantiene los convenios de los recintos médicos con el Estado, aunque se declaren objetores de conciencia para negarse a practicar abortos en tres causales. Dos jugadas que no solo desataron la furia colectiva en las redes sociales, sino que también prendieron las alarmas en la oposición respecto a que la “retroexcavadora de Piñera” es mucho más real que su ánimo de consensos.
En La Moneda afirmaron que no hay una doble cara en esta lógica de los consensos que quiere impulsar Piñera. Explicaron que el propio Mandatario, con su entorno político de confianza, antes de asumir, delineó las áreas en las cuales existe acuerdo político público y previo, pero que también fue tajante en cuanto a que, en aquellas materias donde no hay puntos de encuentro, pondría sobre la mesa del Congreso las propuestas y proyectos que considere necesarios, a sabiendas de que no tiene los votos necesarios para que arriben a buen puerto.
“Efectivamente el Presidente se reservó algunos temas, como terrorismo y migraciones, donde hacer valer su visión, la de la coalición”, dijo un dirigente oficialista, lo que es confirmado en el seno de La Moneda, acotando que el objetivo con ello es marcar posiciones, hacer gestos políticos al mundo de la derecha y, de paso, aprovechar de captar algunos votos de la oposición, dado el terreno fértil para esa estrategia de división, por el desorden, la falta de una línea política común y liderazgo que existe en la centroizquierda tras la derrota.
Pero parte de ese diseño no resultó, porque la ex Nueva Mayoría puso el grito en el cielo desde el viernes, cuestionando el tenor de las propuestas para la Ley Antiterrorista, como también la maniobra administrativa para socavar uno de los temas emblemáticos de Bachelet, la ley de aborto en tres causales, por lo que desde ese día han dejado en tela de juicio su participación en las comisiones.
Incluso, desde Chile Vamos confesaron que muchos “se sorprendieron” con lo del decreto, no comprendieron el objetivo de tensionar en estos momentos el diálogo con la oposición, y que varios de sus personeros pidieron explicaciones a La Moneda de las razones, sin encontrar respuesta. “Quedó la sensación de que esto fue una jugada más pragmática que política del Ministerio de Salud y que a La Moneda no le quedó otra que apoyarla”, afirmó un dirigente de la coalición.
En el seno del piñerismo reconocen que el escenario se “complejizó”, que no respetó la regla número uno para tratar de amarrar acuerdos y que es “evitar fisuras», que por lo mismo ahora La Moneda está contrarreloj y tiene el imperativo de aterrizar pronto su oferta de consenso. “El Gobierno habla de acuerdos, de comisiones, pero hasta ahora solo hay trascendidos, no ha hecho ni dicho nada concreto”, manifestaron desde RN.
Lo que se sabe hasta ahora de las cinco comisiones es que en Palacio quieren grupos acotados, que promedien los 10 integrantes. Se priorizarían parlamentarios con experiencia previa en las respectivas áreas, para asegurar la viabilidad de los acuerdos en el Congreso, y si estos pasaron por un cargo gubernamental vinculado, mejor aún. Además, esperan que tengan un plazo de trabajo de unos 60 días, “no queremos una comisión al estilo Bachelet con 50 personas y que se demore un año en sacar un documento, queremos que sean ejecutivas y se demoren poco”, agregó una autoridad de La Moneda.
Una propuesta que no causó mucha gracia en la oposición. Sostienen que centrar el debate con senadores y, a la vez, “poner a parlamentarios de derecha, designados a dedo”, no es una vía legítima para los consensos. El senador Francisco Huenchumilla (DC) afirmó que nadie que se dedique a la política puede negar el diálogo, pero añadió que esta apuesta “es un error”, que no garantiza ningún acuerdo, que la oposición está en riesgo de “caer en el juego del Gobierno” y quedar “amarrados en dichas comisiones”, baipaseando el rol que le compete al Congreso: ser el lugar en donde se deben discutir realmente las leyes.
En Palacio confesaron que, además de los roces con la oposición, uno de los temas a sortear ha sido zanjar la discusión interna de si solo convocar senadores o sumar a los diputados, lo que obligaría a ampliar el número de participantes, pero también a romper cierta lógica de entendimiento político binominal –entre la derecha y el partido del orden de la centroizquierda–, ya que habría que dar espacio al PC y al Frente Amplio.
Un eje más de izquierda (PC-FA) que La Moneda ha intentado mantener a raya. En el Ejecutivo aseveraron que no existe ánimo de veto ni exclusión a ambas fuerzas políticas, pero que en el caso del Frente Amplio hay un problema operativo no menor que no les corresponde solucionar: “La falta de coordinación interna, no se ve un interlocutor válido, tienen muchos voceros, no tienen una sola posición respecto de los temas relevantes, no se puede invitar a los 20 para cada cosa”, acotó un ministro.
Desde la oposición reconocen que hay un “desorden” y “falta de una línea política común y liderazgo tras la derrota”. Pero aclararon que esto no justifica que el Gobierno anule como contraparte al Frente Amplio, ni menos al Partido Comunista. Desde el frenteamplismo aseguraron que es importante mantener un diálogo con La Moneda y que esos intentos se vieron en las primeras reuniones con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, pero que eso no significa que deban restarse de ser “efectivamente una oposición”.
El desorden en el FA es evidente, no han logrado ponerse de acuerdo para todas las votaciones y en los puntos de prensa “no se ve mucha coordinación”, nadie en la bancada frenteamplista lo niega. Hasta en La Moneda afirman que no se puede dialogar con nadie y que, si el camino sigue así, solo se entenderán con Revolución Democrática, en particular con su jefe de bancada, Miguel Crispi.
Pero desde el Frente Amplio ven esto como una jugada para “desacreditar” al nuevo conglomerado y opinan que el Gobierno “es más de la vieja política duopólica”, que debe aprender a adecuarse a que la “época de la cocina se terminó” y que, si quiere dialogar con ellos, deben saber que su pluralidad interna es su “máxima riqueza”.
La figura del Tribunal Constitucional ha sido el principal caballito de batalla que ha tomado la oposición esta semana para cuestionar a la derecha, a pesar de que el último fallo de la instancia, en donde se declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, no es responsabilidad directa de la administración piñerista.
El subsecretario de Educación Superior, Raúl Figueroa, puntualizó que no era tarea del Gobierno emitir juicios sobre la resolución del TC, que solo se debía “acatarlas e implementarlas”. Una postura que sacó ronchas entre la oposición. Más aún porque los votos con que fue aprobada la solicitud realizada por el organismo fueron de los ministros designados por la actual coalición oficialista, pese a que había sido consenso en el Congreso la aprobación de dicho articulado.
Yasna Provoste (DC), presidenta de la Comisión de Educación del Senado, señaló que «es lamentable que la mayoría piñerista del TC opte una vez más por el mercado y no por los ciudadanos». En la misma línea, el diputado frenteamplista Gonzalo Winter aseguró que no “le cree” a Piñera que quiera generar consensos, agregó que “el Gobierno está tratando de gobernar vía decreto” y que “lo que está manifestando en los hechos es intentar poner la más feroz motosierra para acabar con las conquistas sociales”.
Para emplazar esta línea de los consensos, desde la oposición se levantó la idea de que uno de los primeros acuerdos entre la oposición y el Gobierno se debe dar en torno a la modificación de las atribuciones del Tribunal Constitucional, así lo planteó el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), recordando el acuerdo al que se llegó en décadas anteriores, cuando se revisó la existencia de los senadores designados.
El senador RD, Ignacio Latorre, apoyó dicha propuesta, señalando además que “el TC es una tercera cámara legislativa que claramente no es democrática y que hoy día está en manos de la derecha por un cuoteo político”.
Desde la derecha creen que el Gobierno debería acelerar el anuncio y convocatoria de las comisiones, pero poniendo el acento en el Sename y el Acuerdo Nacional para la Infancia, un área donde es difícil que la oposición se reste. “Deberían empezar por ahí, esa es la mejor forma de validar este tipo de hacer política, probar con resultados la efectividad del consenso. Eso llevará al éxito de las otras comisiones”, sentenciaron desde el piñerismo histórico.
