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Así como el caso de las dos plantas a carbón que en 2010 vaciaron la ira de la ciudadanía hacia las calles, el proyecto de Andes Iron –que se acaba de anotar un triunfo en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta– puede golpear el talón de Aquiles de Piñera: su mezcla inmanente de político y empresario envuelto en decenas de redes siempre a punto de estallar. Los cuestionamientos de los amplios intereses que lo han salpicado en su relación con el proyecto, lo ponen nuevamente en el centro.
A fines de agosto de 2010 la escena en las calles del centro de Santiago se podía resumir así: carteles, lienzos, gritos, decenas de manifestantes enfilando con furia en contra de Barrancones, un proyecto que contemplaba dos plantas a carbón a 21 kilómetros al sur de la reserva Pingüino de Humboldt, en la Región de Coquimbo. Era el primer conflicto que enfrentaba el gobierno de Piñera cuando ni siquiera sospechaba que la ira por temas sociales estaba por vaciarse en las calles aún con más fuerza.
Hoy Dominga vuelve a situar el inicio del gobierno del empresario en el vórtice del huracán. Si fue el Consejo de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet quien le cerró la puerta al proyecto –por considerarlo con “deficiente información de la línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación”– podría ser el mismo consejo, pero con nuevos actores, quienes dieran luz verde definitiva al negocio, que se anotó un triunfo importante en el Primer Tribunal Ambiental.
“Con los años de circo que tenemos, estaba clarito el panorama”, dice Josué Ramos, pescador de La Higuera. No le sorprendió el fallo y tampoco confía.
Una de las primeras debilidades a las que ha tenido que enfrentarse la nueva administración es el nombre de Daniel Guevara, el presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta de quien todos temieron siempre un fallo favorable al proyecto minero, sobre todo por la pública militancia que tuvo en Renovación Nacional, a la que puso fin en 2012.
Propiedad de la empresa Andes Iron, Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto; una inversión de US$2.500 millones que involucra a uno de los mejores amigos de Piñera, Carlos Alberto Délano, principal accionista del proyecto, aunque no es el único del círculo del Mandatario que se vería beneficiado de concretarse el negocio.
En abril de 2017 Radio Bío Bío dio a conocer que quien negoció realmente la bajada del proyecto Barrancones no fue Sebastián Piñera, sino que Juan Claro, uno de los empresarios más cercanos al Mandatario. Y según el reportaje, la preocupación no solo respondía a que Claro tenía una casa cercana en la zona, sino que un interés mayor: Claro era conocido como uno de los miembros más importantes de la Comunidad Agrícola Los Choros (CALCH), los dueños de los terrenos donde se instalaría Dominga.
[cita tipo=»destaque»]Las reacciones tanto del mundo político como de las organizaciones sociales auguran que el proceso que lleve adelante el proyecto será un camino ripioso. El senador Alfonso de Urresti (PS) señaló que habrá que esperar ahora que resolverá este gobierno. “Esta es la administración de los empresarios, la que impulsa y está detrás de Dominga. Veremos ahora cuál es el compromiso del gobierno e Piñera con la protección efectiva de la Reserva Pingüino de Humboldt y con nuestros océanos, o si bien va a favorecer una industria extractiva que claramente tiene vicios en la constitución de su proyecto”, dijo el parlamentario, en una opinión que se suma a otras en la misma línea que presagian una nueva batalla para La Moneda.[/cita]
Pero no era el único que formaba parte de la comunidad. Entre la larga nómina –donde también se encontraban pescadores y agricultores- figuraban Juan Pablo Piñera Echenique, hermano de Piñera, a quien el Mandatario designó hace pocos días –y en medio de un claro caso de nepotismo- como embajador en Argentina. En la misma lista estaban también otros amigos de Piñera, como Ignacio Guerrero, ex socio en el banco de Inversiones CMB Prime, antiguo amigo del colegio Verbo Divino y vecino en el ámbito laboral, porque su oficinas se ubican en el mismo edificio que las de Bancard, según señala la misma investigación de Bío Bío.
El problema para Piñera es que no solo sus cercanos se han visto salpicados por el proyecto que se podría transformar en fierro caliente para su administración. Tanto él como su familia y sus hijos eran accionistas mayoritarios del proyecto en sus inicios, a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, dueño de Minería Activo Uno SpA que se adjudicó el 99,9% de Andes Iron cuando se creó.
Sebastián Piñera ha defendido el proyecto en más de una oportunidad. En agosto del año pasado, cuando el Consejo de Ministros se pronunció desfavorablemente respecto a su avance, el Mandatario acusó a los secretarios de Estado de actuar con “criterio político” y de tener que asumir su responsabilidad por estar perjudicando a la región de Coquimbo.
Sin embargo, ese mismo consejo de ministros también se podría volver en su contra. Aunque en rigor es la titular de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, quien debe integrar la instancia, en el caso que su participación se complique tendría que ser el subsecretario de la cartera, Rodrigo Benítez, quien la subrogue.
Benítez –quien ya estuvo en este mismo cargo durante la primera administración de Piñera– tiene un pasado que podría ponerlo bajo el foco del escrutinio público y los conflictos de interés.
Como miembro del estudio jurídico Jara del Fávero, donde trabajó cerca de 3 años antes de 2010 y entre 2016 y 2017, Benítez fue consultado ampliamente por los medios respecto al proyecto Dominga. “Lo que nos molesta es que cuando fue la votación regional, en ese contexto, el salía opinando constantemente respecto a cuál era la estrategia que debía seguir la empresa y ahora cuando nos sentamos a conversar con él, nunca sabe respecto al proyecto”, señala el miembro de una de las ONG opositoras al proyecto.
Como experto en medio ambiente, sin embargo, es otro caso el que podría acercar a Benítez aun más al Consejo de Ministros. El actual subsecretario de la cartera fue uno de los lobistas clave en la tramitación del proyecto AVO, la concesión Vespucio Oriente que con 9 kilómetros de largo pasará por las comunas de Huechuraba, Recoleta, Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa, desde Avda. El Salto hasta Avda. Príncipe de Gales. En este momento el proceso está detenido por 5 reclamaciones ante del Consejo de Ministros; que en caso de ser acogidas sí podría enfrentar al subsecretario a un dilema. “No existe ningún paso en que me toque actuar respecto de este proyecto, ya que no integro el Comité de Ministros. De todos modos, es de público conocimiento que asesoré a ese proyecto, motivo por el cual no tendré ninguna actuación al respecto, tal como establece la ley”, señala al respecto Benítez.
La tramitación de AVO no ha estado exenta de polémicas. El año 2016 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizó un sumario e incluso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra un funcionario Christian Bustos, funcionario público del SEA que participó en la elaboración del informe ambiental que presentó la Autopista Vespucio Oriente (AVO), siendo al mismo tiempo funcionario y experto en aire del mismo organismo. Aunque la investigación sumaria terminó con la salida de Bustos, la arista penal del caso, que investiga la jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, continúa abierta y con diligencias.
El fallo del Primer Tribunal Ambiental fue unánime. Decidió anular el último acuerdo del Consejo de Ministros, el de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) y ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al informe consolidado de evaluación, “de manera tal que se proceda a una nueva votación –esta vez ajustada a derecho– de parte de la COEVA, de la Región de Coquimbo”.
En esa instancia tendrá la votación en sus manos el director regional del SEA y los seremis de las distintas carteras: Desarrollo Social, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda, Agricultura, Obras Públicas, Energía, Economía, Salud, Medio Ambiente y el intendente regional.
A partir de ahora tiene 15 días judiciales –de lunes a sábado– para que las partes puedan recurrir de Casación ante la Corte Suprema. Si el tema no es llevado ante el máximo tribunal, el tema pasará a la evaluación de la Coeva, aunque los terceros, la organización Océana, ya adelantó que recurrirá a la Suprema.
Las reacciones tanto del mundo político como de las organizaciones sociales auguran que el proceso que lleve adelante el proyecto será un camino ripioso. El senador Alfonso de Urresti (PS) señaló que habrá que esperar ahora que resolverá este gobierno. “Esta es la administración de los empresarios, la que impulsa y está detrás de Dominga. Veremos ahora cuál es el compromiso del gobierno e Piñera con la protección efectiva de la Reserva Pingüino de Humboldt y con nuestros océanos, o si bien va a favorecer una industria extractiva que claramente tiene vicios en la constitución de su proyecto”, dijo el parlamentario, en una opinión que se suma a otras en la misma línea que presagian una nueva batalla para La Moneda.
