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Ha tenido en sus manos varios casos de alto impacto político, como Penta, Exalmar y las asesorías del Senado, pero en todos el abogado ha optado por una vía no confrontacional, como el juicio abreviado que solicitó para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el considerar que no hubo hechos constitutivos de delito en la causa que involucró el año pasado, en plena campaña, al hoy Presidente Sebastián Piñera. Entre quienes lo conocen, hablan de la prudencia del fiscal y cómo esa característica es bien vista en el mundo político.
En julio de 2016, Manuel Guerra llevaba ocho meses trabajando como fiscal jefe de la Zona Metropolitana Oriente y, ante la multitudinaria marcha que ese mes hubo contra las AFP, el abogado se instaló claramente del lado del bando más popular: “Cuando la AFP tiene rentabilidad positiva a uno le cobran comisión. Cuando es negativa también. Una frescura legalizada”, posteó en ese momento en su cuenta de Twitter.
Ese año, Guerra se mostraba como un activo y ecléctico usuario de la red social. Buena parte de sus tuits eran críticas a la obsolescencia del Código Penal, las que podrían resumirse en dos mensajes bien directos. “Claramente tenemos dos derechos penales, uno para los pobres, que es durísimo y otro para los acomodados que es muy cómodo y blando”, dijo el 11 de mayo del 2016 y, unos días después, el 24, escribió que “no es serio que el cohecho que es un grave delito de corrupción tenga la misma pena y hasta menor que un hurto al retail que es delito menor”.
La cuenta de Twitter del fiscal no tiene ningún mensaje nuevo desde agosto de 2016. Y es cierto que los posteos en redes sociales no son algo que defina el verdadero pensamiento de alguien, pero a partir de las decisiones que Guerra ha tomado en los últimas semanas, parece que el fiscal actualmente es un personaje muy distinto al abogado que mostró ser hace dos años.
El personaje alegaba que el cohecho tiene una pena muy baja y, en un sentido totalmente contrario a eso, Guerra ingresó hace poco menos de dos semanas una solicitud de audiencia para materializar un acuerdo para un juicio abreviado contra los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos acusados de cohecho y fraude. En esta solicitud se incorpora también al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Y en un claro ejemplo de lo que dijo Guerra en Twitter hace dos años, sobre la justicia distinta para ricos y para pobres, los cargos de fraude y cohecho solo se mantendrán para el ex contador de Penta, Marcos Castro Sanguinetti.
Durante la audiencia fijada para el 13 de junio, Guerra pedirá “precisar algunos hechos de la formalización”, según consigna el escrito presentado al Octavo Juzgado de Garantía. Pero en la práctica el fiscal pedirá recalificar los delitos: ya no cohecho y fraude, sino “enriquecimiento ilícito”. Guerra optó por esta estrategia en vez de la posibilidad de sobreseer o “no perseverar”, que era otra posibilidad, según afirman intervinientes en la causa.
Con esta decisión, Délano y Lavín se evitan la letanía de un juicio oral y aceptan la de uno abreviado, que en la práctica se traducirá en una pena de cuatro años de libertad vigilada y no la de presidio efectivo. “En un tribunal duro la regla de la reiteración podría haberlos perjudicado y eventualmente haber sido condenados a cárcel efectiva”, afirmó uno de los intervinientes, quien reconoce la astucia de Guerra para optar por esta salida jurídica.
[cita tipo=»destaque»]»El acuerdo debilita notablemente la imputación a la empresa (ya formalizada) respecto a su responsabilidad por esta clase de delitos.Es por eso que, a fin de reforzar este interés público, se solicitará al TC que declare inaplicables todas aquellas reglas contenidas en el juicio abreviado que distorsionen el legítimo interés de los querellantes (CDE, diputados, ONG que intervienen) o menoscaben la igualdad frente a la Fiscalía, como asimismo a la que de manera rutinaria otorga atenuaciones a la penalidad”, explicó Aldunate.[/cita]
«La precisión de formalización deja sin efecto una serie de hechos acreditados y debatidos en múltiples audiencias, solo inspirado en este afán de justicia negociada. Con todo, cabe tener presente que los hechos que se omiten de la nueva formalización deben ser objeto de solicitud de sobreseimiento o no perseverar por la Fiscalía”, dice el abogado Enrique Aldunate, que asesora al PS, querellante en este caso.
La decisión se tomó después de un acuerdo entre la Fiscalía que encabeza Guerra y la defensa de Lavín y Délano, representada por el penalista Julián López, del estudio ligado a Davor Harasic, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cabe recordar que Harasic abandonó la causa por incompatibilidad con su cargo en la casa de estudios. A diferencia de otros movimientos del órgano persecutor, cuando el caso estaba a cargo de Carlos Gajardo, esta decisión no fue comunicada al PS y solo se discutió con la defensa de los imputados.
Pero la pista no estará tan despejada para un arreglo que parece inmejorable a ojos de la defensa. Un grupo de diputados del Partido Socialista prepara un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC).
«El acuerdo debilita notablemente la imputación a la empresa (ya formalizada) respecto a su responsabilidad por esta clase de delitos.Es por eso que, a fin de reforzar este interés público, se solicitará al TC que declare inaplicables todas aquellas reglas contenidas en el juicio abreviado que distorsionen el legítimo interés de los querellantes (CDE, diputados, ONG que intervienen) o menoscaben la igualdad frente a la Fiscalía, como asimismo a la que de manera rutinaria otorga atenuaciones a la penalidad”, explicó Aldunate.
Y aunque existe la posibilidad de perder, fuentes ligadas a la estrategia judicial del PS admiten que “el solo hecho de que el requerimiento sea acogido a trámite ya es un triunfo”. En efecto, de ser así, el fin del caso Penta podría quedar suspendido por un plazo aproximado de tres meses, mientras se realizan los alegatos del requerimiento, que además son televisados.
A esta altura, cabe preguntarse por qué el ciudadano Manuel Guerra, en la práctica, actúa tan distinto al Manuel Guerra fiscal. Y una respuesta puede estar en el perfil político que acompaña a la carrera del abogado y lo que, desde que empezó en el Ministerio Público, parece ser su objetivo final: convertirse en el Fiscal Nacional.
Egresó de Derecho en 1996, de la Universidad de La República, ligada a la masonería, grupo al que Guerra pertenece, igual que su padre del mismo nombre, alcalde de Licantén en los años 60.
Como abogado, Guerra comenzó trabajando a fines de los 90 en el Ministerio de Justicia, cuando la titular de esa repartición era Soledad Alvear; él estaba a las órdenes del entonces subsecretario radical, José Antonio Gómez. El fiscal ya no milita en el PR, pero su cercanía con esa colectividad hizo que durante la última campaña presidencial su nombre surgiera como el posible ministro de Justicia de Alejandro Guillier.
En el Ministerio Público comenzó como fiscal adjunto de Iquique, luego fue enviado como jefe a San Antonio, donde conoció a Jorge Abbott, que era el fiscal jefe de Valparaíso. En 2005 llegó como jefe en la Fiscalía local de Maipú, año clave porque es cuando comienza a cultivar su amistad con Sabas Chahuán, que tenía a cargo la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Cuando Chahuán asume como Fiscal Nacional, lleva a Guerra a trabajar con él en el edificio de calle General Mackenna en Santiago, a cargo de la Unidad Especializada de Tráfico de Drogas. No influyó para nada el hecho de que Guerra, en 2001, haya estado entre los abogados que defendieron a Manuel Hernández, narcotraficante apuntado como el líder del “Cartel del Carbón” en la zona de Coronel, causa en la que el ahora fiscal se encargó de tramitar con éxito la libertad condicional del sujeto.
Estuvo en la unidad antidrogas hasta 2010, año en que la Corte de Apelaciones de Santiago lo puso en la terna de los postulantes a Fiscal Regional de Tarapacá y Chahuán decidió nominarlo. Desde este puesto, a la cabeza de los temas de seguridad en la frontera norte, generó buenos lazos con el entonces ministro del Interior de la primera administración piñerista, Rodrigo Hinzpeter, como también con quien fue su sucesor y que hoy ocupa el mismo cargo, Andrés Chadwick.
Guerra ha dicho que hace mucho decidió alejarse de la política partidista, pero casualmente le han tocado casos de gran impacto en los que ha demostrado destreza para moverse en los pasillos del poder y aparecer como una persona muy prudente.
La primera de estas gestiones en que su nombre se asoció a un caso de connotación política, afectaba directamente al bacheletismo. En agosto de 2015, fue designado para investigar al entonces fiscal Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, en una causa por presuntas filtraciones de información sobre el caso SQM hacia el Ministerio del Interior, que encabezaba Rodrigo Peñailillo.
Ayala, en octubre de ese año, una vez finalizada la indagatoria, fue sobreseído. Semanas después cumplía su período y Sabas Chahuán, en una de sus últimas actuaciones antes de dejar el puesto como Fiscal Nacional, nominaba a Guerra para quedar al frente de la Fiscalía Oriente.
Desde este puesto, Guerra ha encabezado otros casos de alta connotación política. Además de Penta, también tiene a su cargo la investigación sobre un presunto fraude en los trabajos de asesorías externas al Senado. Esto, después que se revelara, durante la última campaña presidencial, que un asesor de Guillier cobró por una asesoría que en gran parte estaba copiada de Internet. En principio la Fiscalía, encabezada por Guerra, se enfrentó al Senado cuando el Ministerio Público pidió todos los informes entre 2014 y 2017, a lo que la Cámara Alta se negó.
Dicha controversia fue en octubre. Siete meses después, hace cinco días y luego de un encuentro con el presidente del Senado, Carlos Montes, se informó que la Fiscalía no pedirá todos los informes sino que solicitará documentación acotada a partir de lo que ha determinado la investigación de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI.
En agosto del año pasado, como fiscal a cargo de investigar las posibles irregularidades entre Bancard –la empresa ligada al entonces candidato Sebastián Piñera– y la pesquera peruana Exalmar, Guerra decide, a pocos meses de las elecciones, despejar el camino y cerrar la investigación al no encontrar “hechos constitutivos de delito”.
«Guerra es muy riguroso en sus investigaciones, pero sin duda que estas últimas acciones le sirven para ser reconocido entre los políticos como una persona prudente”, afirmó un abogado que conoce al fiscal.
Sus intenciones cobran fuerza en momentos en que Jorge Abbott ha estado cuestionado por sus declaraciones y un grupo de parlamentarios anunció que pedirá su destitución. Y aunque fuentes judiciales aseguran que “no concurre ninguna de las causales” para que eso ocurra, Guerra sigue un plan que comenzó hace un tiempo y que hasta ahora se ha desarrollado sin contratiempos. Su única competencia, y sin tanto ruido, es el fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán.
