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El caso de la alumna de Derecho de la Universidad de Chile que lo denunció por acoso laboral y sexual mientras se desempeñaba como profesor no es la única acusación que arrastra el ex pdte. del Tribunal Constitucional. En 2015 una funcionaria del organismo lo demandó por «vulneración a sus derechos». Sin embargo, este caso se cerró luego que el TC le pagara $14 millones a la denunciante tras firmar un desistimiento y una cláusula de confidencialidad.
No sólo una denuncia por acoso sexual arrastra el ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona. Luego de que una alumna de Derecho de la Universidad de Chile lo denunciara por acoso laboral y sexual en su calidad de profesor, y tras la ola de movilizaciones feministas en gran parte de las universidades del país, ahora se reveló un nuevo caso de abuso que involucra a Carmona.
Se trata de una ex relatora del Tribunal Constitucional, Paola Molina, quien en 2015 presentó una demanda contra el ex titular del TC y otros funcionarios por haber sido víctima de acoso laboral en diversos momentos y en distintas situaciones mientras ejercía su cargo (entre 2012 y 2015).
Según reveló esta mañana Radio Universo, en la acusación la víctima señala que «ha habido una vulneración flagrante de mis derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, a la no discriminación arbitraria, afectándose mi dignidad como persona y profesional».
Sin embargo, la causa se tramitó durante un año y se cerró luego de que el TC –que fue representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- pagara alrededor de $14 millones a la denunciante, y ésta firmara un desistimiento y una cláusula de confidencialidad.
Cabe mencionar que el propio Carmona junto al secretario habrían sido quienes tramitaron todo lo relacionado a la demanda, y que ninguno de los dos se inhabilitó frente al caso, pese a estar mencionados en el escrito. Situación que fue confirmada desde el CDE, según detalla Emol.com
La denuncia indica que como la situación ya era insostenible, acordó su salida con el propio Carmona y otros funcionarios, pero luego se arrepintió. «Me señalaron en tono amenazante que (…) me daban hasta el lunes para pensarlo», dice el escrito sobre los hechos ocurrido a fines de 2015.
Allí, Molina sostiene que le propusieron firmar una especie de finiquito que ella rechazó, enterándose después que –de todas formas- su renuncia había sido aceptada por el Pleno. «El TC ha lesionado mis derechos fundamentales a la vida e integridad física y psíquica», concluye la demanda de 60 páginas donde la ex relatora pidió que el TC le pidiera disculpas públicas, una carta de recomendación para postular a cargos en el Poder Judicial y $ 200 millones como reparación.
