PAÍS
La crisis hídrica de una de las principales provincias exportadoras de este fruto en Chile está bajo la lupa. Medios extranjeros apuntan a los grandes productores por aportar a la sequía y un conflicto social que crece, mientras algunos economistas hablan de un sistema “rentista” que solo se preocupa del negocio. La comunidad ha reemplazado sus cultivos a la fuerza, ha visto tambalear el tejido social y ha tenido que cambiar el agua de la llave por camiones aljibes.
Hugo Díaz (63) ahora vive en un cementerio de troncos. Alguna vez fueron paltos, grandes y cargados. Se alimentó de la pequeña producción que tenían sus padres y le sirvió también para pagar la educación de uno de los cuatro hijos a los que crió. Pero no alcanzó para todos, porque el año 2004 entendió que seguir alimentando con agua la plantación significaría una batalla enorme que siempre perdería.
–No solo teníamos paltos, también en el río Ligua saltaban los pejerreyes –recuerda.
«Hay que cambiar el Código de Aguas para que lo derechos no se entreguen de forma perpetua y, además, se den en forma equitativa para que alcance a todos”, dice Díaz, quien es además concejal de La Ligua, la capital de la provincia de Petorca que por estos días se ha transformado en preocupación de algunos países de Europa, debido a la crisis hídrica y el negocio de los “palteros”.
Ese año, el 2004, Hugo Díaz dejó de producir paltas y lo que alguna vez le dio dinero –incluso llegaron a exportar a Estados Unidos– se transformó en una carga y decidieron talar.
–Los grandes empresarios atravesaron el río con drenes y empezaron a tirar el agua para los cerros, donde todo es más verde –dice.
Tanto en el medio alemán Deutsche Welle como en el británico The Guardian, las acusaciones de pequeños campesinos y movimientos como Modatima pusieron sobre la mesa otra vez una acusación que ronda siempre en la provincia de Petorca: el robo de agua por parte de los agricultores más poderosos. Pero no solo eso, los reportajes internacionales también evidenciaron la crisis que afecta al modelo de exportación chileno.
Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el año pasado había 4.959 hectáreas plantadas con paltas en la zona, es decir, una cifra que representa el 15,98% de la producción total del país. A mediados de 2017, las exportaciones de palta acumulaban más de 144 mil toneladas, un número que se abultaba gracias a la compra de mercados como el asiático y el europeo. Es un negocio que entregaba buenas cifras, pero según los campesinos locales, a un costo que debían pagar los habitantes que fueron viviendo un empobrecimiento. Muchos de ellos tuvieron que cambiar sus plantaciones y transformar sus formas de subsistencia.
Parte del patio de Hugo Díaz, forma parte del cementerio de paltos que algún día mantuvieron a su familia. En 2004 decidió talarlos por falta de agua.
Hoy Hugo Díaz vive de las flores: en 16 invernaderos sembró gladiolos, liliums y claveles, que riega por goteo, pero no deja de sentir que le arrebataron el agua.
Para Manuel Riesco, economista del Cenda, el modelo exportador chileno es en realidad cualquier cosa menos eso: “Es rentista”, comenta. “Es decir, Alemania tiene una economía exportadora, pero lo que exporta son productos industriales con alto valor agregado por el trabajo de los ciudadanos alemanes. El de nuestro país es en realidad un modelo rentista, puesto que está basado en la exportación de materias primas”, dice Riesco y pone un ejemplo: la minería representa el 90% de las exportaciones chilenas y solo el cobre representa más del 50%. “¿Cuánta gente trabaja en la Minería… el 1,5% de la fuerza de trabajo asalariada”, puntualiza.
Para Riesco el modelo exportador chileno es ambiguo y duda de la definición, porque al rentista le importa solo que no le quiten el recurso, que toma aun más valor cuando es escaso. “En una economía donde la élite es hegemonizada por los rentistas y no los capitalistas, el que manda es quien tiene los recursos… como en Arabia Saudita. La diferencia es que allá hay jeques y acá los jeques no usan turbantes”, comenta Riesco.
La doctora en Antropología, Paola Bolados, investigó lo que pasaba con el agua en Petorca y Puchuncaví. En su estudio, desde un punto de vista de la ecología política, señaló que los conflictos por el agua en Petorca son resultado de una histórica política de despojo que se aceleró con la implementación del modelo agroexportador iniciado en dictadura y que fue consolidado en democracia.
“La política económica agroexportadora impulsada en territorios semiáridos como Petorca ha utilizado el discurso de la escasez, la sequía y el cambio climático para invisibilizar el sobreotorgamiento de las aguas, en particular de las subterráneas, lo cual ha mostrado las falencias de la entidad a cargo de la administración del agua en manos de la Dirección General de Aguas (DGA)”, plantea en el documento, en referencia a la institución que debe fiscalizar y que en sus manos tiene un sistema que favoreció a quienes se quedaron con derechos de aguas en su poder, una situación que se originó con el Código de Aguas que nació en la dictadura y que entregó estos derechos indiscriminadamente y a perpetuidad, cambiando no solo la pertenencia histórica del recurso sino también metamorfoseando la identidad cultural de los pueblos afectados.
“Por eso muchos autores llamamos a este modelo extractivista”, dice Bolados, donde “generar un modelo de negocios con pocos impuestos puede producir perversidades como un desorden en la gestión del agua, porque es un desorden. El año 2012 la DGA solo tenía un 17% de los derechos de aguas catastrado”.
El modelo de negocios que se ha descrito en la zona también ha atentado contra los Derechos Humanos.
Debido a los conflictos por el agua que explotaron en Petorca hace mas de una década, en 2014 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo un informe de observación en la zona, donde constataron que en la provincia había suficiente agua para abastecer a algunos predios agrícolas: vieron laderas de cerros verdes destinados al cultivo de paltos y cítricos y, en contraposición, valles secos y pequeños predios agrícolas con árboles cortados a la altura del tronco. Es la forma que encontraron los pequeños agricultores para que los árboles sobrevivieran sin necesidad de riego.
En una misión de observación en 2014, además de ríos secos, el INDH constató que por donde debía correr agua, había basura.
Fernando Martínez, director regional del INDH en Valparaíso, explica que desde que realizaron la Misión de Observación en terreno, el organismo ha sostenido que en Petorca, Cabildo y La Ligua existe un grave conflicto socioambiental de usurpación de aguas. “Las causas de la escasez hídrica en la zona no estarían solo asociadas a la sequía, sino a la priorización del uso del agua para funciones productivas, por sobre el consumo humano. En esto ha sido fundamental el cambio de uso de suelo, motivado por el cultivo intenso de paltos y cítricos”, comenta Martínez.
También, apunta a la vulneración del derecho humano al agua, ya que muchos de los habitantes ahora tienen que abastecerse con camiones aljibes: los pequeños propietarios agrícolas no tienen acceso al agua, “se ha afectado a la economía local y la alimentación”, recalca. En Cabildo, por ejemplo, toda la población se abastece ahora de camiones aljibes, y otras comunidades, como El Bronce, en Petorca, lo hacen de la misma forma.
“A los grandes productores de palta en Petorca no les falta el agua”, asegura Rodrigo Mundaca, de Modatima. “El precio en el mercado interno tiene un carácter profundamente especulativo. Incluso el mercado interno les resulta más competitivo, ya que ahí existe un poder de compra dispuesto a pagar los sobreprecios actuales”, afirma.
Las denuncias que han escalado en Europa y que mantienen inquietos a los productores, en cambio, han sido desmentidas por los grandes “palteros”. «Esto es mucho más que hablar de paltas», dijo a la prensa hace unos días Francisco Contardo, gerente general del Comité de Palta Hass, quien además apuntó a quienes lideran las acusaciones en la zona.
«Estos movimientos están atentando contra la agricultura y la imagen de Chile. No están atentando solo contra la palta. La palta es la fruta escogida, pero están atentando contra la institucionalidad del país», apuntó, además de aclarar que en el mercado europeo nadie está pensando en cerrarle las puertas a la palta chilena.
La crisis social que ha generado el agua en Petorca también mantiene en vilo a los dirigentes de los movimientos, que han acusado persecuciones y amenazas en medios extranjeros. Cuentan que han recibido llamadas teléfonicas, amedrentamientos desde automóviles en movimiento e, incluso, según Google Analitics, “en mayo se registraron 27 entradas a la página de Modatima desde el Ministerio del Interior”, comentan.
“En general, los países que tienen un modelo exportador rentista son muy corruptos. Los rentistas tienen que comprarse el sistema político. Un ejemplo de ellos es Soquimich”, comenta el economista Manuel Riesco.
Tras la crisis de la zona hay un componente político insoslayable, pues muchos de los propietarios que están detrás del negocio tienen importantes vínculos políticos y partidistas que ponen más pelos en una sopa hirviendo.
El año 2014, la DGA revocó una serie de derechos de agua en la zona, entre ellos, a sociedades del ex ministro de Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma. En 2011, la justicia había condenado a la Agrícola Cóndor Limitada, empresa del ex secretario de Estado, a pagar 20 UTM por una infracción al Código de Aguas. Y desde hace años ha estado en el centro de las denuncias por robo de agua.
En su asesoría legal ha contado con otro importante hombre del rubro, Rodrigo Weisner, quien fue director de la DGA también en el Gobierno de Bachelet, cuando Pérez Yoma era titular de Interior. Weisner es asimismo asesor de CCU, del grupo Luksic. Entre las empresas a las que ese 2014 les fueron revocados los derechos de agua también estaba la Sociedad Agrícola Los Graneros Limitada, de propiedad de Osvaldo Junemann, cuñado de Pérez Yoma.
Otro de los grandes empresarios de la zona es Eduardo Cerda (DC), quien fue alcalde de Cabildo, diputado por la Quinta Región y director de la Sociedad Agrícola y Servicio Isla de Pascua SPA. “El 14 de junio de 2014, la DGA firmó la revocación de 1.056,55 litros por segundo provisionales de Agropetorca, la agrupación de los grandes productores beneficiados provisionales. Después de varios meses, la Corte Suprema le dio la razón a la DGA, sin embargo, esos derechos nunca se revocaron en realidad”, afirma Mundaca.
La actual Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, María Victoria Gazmuri, es hija de Álvaro Gazmuri, dueño de la Agrícola Río Tinto, sindicada por usurpar agua en 2011.
La Provincia de Petorca considera dos grandes cuencas, la del río Petorca y la del río Ligua.
Según los últimos antecedentes recogidos por la DGA, en materia de derechos superficiales, en la cuenca del río Ligua existen derechos consuntivos (no deben ser devueltos) que suman un caudal total de 1.126 litros por segundo, y en la cuenca del río Petorca, suman un caudal total de 1.662 litros por segundo.
En materia de aguas subterráneas, se han constituido y reconocido derechos de aprovechamiento del señalado elemento en calidad de definitivo, por un caudal aproximado de 9.122 litros por segundo en los acuíferos del río Ligua y por un caudal de 4.708 litros por segundo en los del río Petorca.
Mientras mira el predio que alguna vez fue una zona de grandes paltos, Hugo Díaz reflexiona: «Primero se debe parar la plantación de paltos y salvar el valle, pero también las autoridades deberían tener una preocupación mayor con los campesinos. Ellos se quedaron sin agua, los demás están regando, como sea».
