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Son tres los proyectos de exploración que la compañía mantiene en el SEIA: Terrazas, Katterfel y Santa Teresa. Este mes, además, volvió a presentar una iniciativa de la cual ya se desistió el año pasado: la extensión de la vida útil de la mina Concordia de El Toqui. En plena tramitación ambiental, sus ejecutivos y gestores de interés han sido recibidos ocho veces por autoridades del Gobierno anterior y el actual, lo que se interpreta como el más claro ejercicio coordinado de lobby para la aprobación de proyectos, todo de manera paralela a la tramitación ambiental de los mismos.
Luego que a fines de marzo se hiciera público que los municipios de Lago Verde y Río Ibáñez, además del Gobierno Regional (Gore) de Aysén, se restaran de participar en la evaluación de tres proyectos de exploración minera en la zona austral, hace un par de semanas la situación en algo cambió.
Mediante un oficio firmado por el nuevo jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplade), José González Banda, el 19 de abril, el Gore hizo sus observaciones a las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los proyectos Terrazas por U$ 2,5 millones (de Red Hill, con 101 plataformas de exploración a solo 4 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez), Santa Teresa por U$ 3,3 millones (de El Toqui, con 97 en los alrededores de Villa Amengual) y Katterfeld por U$ 3,3 millones (también de El Toqui, con 100 en el área aledaña a Rodeo los Palos).
En total, una inversión superior a los 9 millones de dólares ($ 5.700 millones).
Las tres ofensivas mineras tienen una matriz común: la compañía australiana Laguna Gold, que en 2016 adquirió El Toqui a Nyrstar y que también está detrás de los trabajos de Red Hill en Río Ibáñez, según reconocen en su portal institucional, señalando que “la mina El Toqui está estratégicamente ubicada en el área de todos los proyectos de Laguna Gold”.
Todas estas DIA fueron ingresadas a tramitación el 2 de enero de 2018.
[cita tipo=»destaque»]Este razonamiento fue cuestionado por la doctora en derecho ambiental Verónica Delgado en una columna publicada en El Mostrador. “No es comprensible, entonces, que la propia autoridad encargada del SEIA y de implementar esta mejora, dé una estocada de esta naturaleza a la participación ciudadana. De hecho, en nuestra legislación, promover la participación social es un deber del Estado y un deber específico del SEA en el SEIA. La decisión tomada en estos tres proyectos, y quizá en cuántos más, se aleja del enfoque participativo que debiese seguirse en el Estado y es más grave si existen ya ciertos consensos al respecto a nivel práctico, doctrinal y jurisprudencial”, sostiene la doctora en derecho en su artículo.[/cita]
Las presentaciones de principios de este año no significaron los primeros intentos de la empresa en su ofensiva minera. En dos ocasiones previas habían, infructuosamente, sometido a evaluación los mismos proyectos.
La primera vez el 17 de julio de 2017, cuando El Toqui presenta Katterfeld y Santa Teresa. A la semana siguiente ambos ingresos fueron declarados inadmisibles por múltiples problemas de fondo y forma.
Fue luego de este inicial traspié que aparece la primera audiencia consignada en el portal www.infolobby.cl relacionada con tales iniciativas. El 31 de julio, el director del Servicio de Evaluación Ambiental Claudio Aguirre se reúne con Guillermo Platt y Francisco Reyes, en una cita que tuvo como objetivo “mejor precisar las condiciones y requisitos de admisibilidad de una DIA”.
Al mes siguiente, entre el 25 y el 31 de agosto, se reingresan las DIA Katterfeld y Santa Teresa, sumando esta vez Terrazas, a cargo de Red Hill. Sin embargo, la tramitación duró poco: de todas se desisten a principios de octubre.
Consigna el portal que transparenta el lobby que Platt, Reyes, Cristian Jara, Fernando Andrade y Mónica Bornes concurren el 15 de septiembre a una nueva audiencia con Aguirre, con el fin de abordar los procesos de declaración de impacto ambiental de los tres proyectos. Dos semanas antes de retirar las iniciativas.
Ya sin DIA en evaluación, aterriza en la región el máximo ejecutivo de Laguna Gold: su director ejecutivo Glen van Kerkvoort.
Kerkvoort y su equipo se reúnen el 12 de octubre con el encargado de evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén, Richard Zamora, además de la profesional del área de Participación Ciudadana, Lorena Castro. Por esos días, el 19 de octubre, Reyes y Gabriela Núñez sostienen una audiencia con la Seremi de Medio Ambiente, Susana Figueroa.
Los tres proyectos son ingresados nuevamente el 2 de enero, los que se mantienen en evaluación.
En este último período Laguna Gold no ha cesado sus gestiones ante las autoridades.
El 23 de febrero pasado, Reyes se reunió con Claudio Aguirre para abordar materias relacionadas con el “desarrollo de participación ciudadana”. Y el 5 de marzo, Núñez, Platt, Reyes, Jara, Constanza Méndez y Walter Sielfeld Kowald abordan con el director regional del SEA las “observaciones” que hicieran a estos proyectos organismos como la Seremi de Medio Ambiente y la de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero, y la Corporación Nacional Forestal.
Paralelo a este proceso existe un cuarto proyecto (por U$ 7,7 millones) en carpeta, la extensión de la vida útil de la mina Concordia, también de El Toqui.
La situación de Concordia es un tanto más escabrosa. Han sido cuatro los intentos de la minera por aprobar el proyecto en este último año: el primero el 20 de septiembre (se aplicó término anticipado), el segundo el 29 de diciembre (se declaró inadmisible), el tercero el 10 de enero (se determinó término anticipado) y el último el 14 de mayo (vigente luego de ser admitido a trámite el 22 de mayo).
En el caso de este proyecto, los mandatados para reunirse con las autoridades fueron Jara y Christian Peralta, quienes sostienen el 25 de octubre una audiencia con Claudio Aguirre y parte de su equipo. La última entrevista con el director regional del SEA, quien se mantiene en funciones en el actual Gobierno, la sostienen Jara, Gonzalo Cornejo y Carolina Saavedra, y fue el 12 de marzo de este año.
Lo paradójico de estas sistemáticas reuniones entre una empresa minera y autoridades de gubernamentales es que, como contraparte, ha sido el propio SEA de Aysén el que ha rechazado la posibilidad de abrir un proceso de participación ciudadana abierto y transparente, que fuera solicitado por las organizaciones regionales Agrupación Aysén Reserva de Vida, Costa Carreray Codesa, presidida esta última por el autor de este artículo.
El rechazo del requerimiento se materializó el 8 de marzo de 2018. Y entre el 18 y el 22 de mayo último el organismo rechazó los tres recursos de reposición presentados con el objeto de revertir la medida.
El argumento del SEA ha sido que las exploraciones mineras no generarían «beneficios sociales directos» a las comunidades, por lo cual en su opinión no se cumpliría una de las condiciones para permitir el involucramiento de la ciudadanía en la correspondiente tramitación.
Este razonamiento fue cuestionado por la doctora en derecho ambiental Verónica Delgado en una columna publicada en El Mostrador. “No es comprensible, entonces, que la propia autoridad encargada del SEIA y de implementar esta mejora, dé una estocada de esta naturaleza a la participación ciudadana. De hecho, en nuestra legislación, promover la participación social es un deber del Estado y un deber específico del SEA en el SEIA. La decisión tomada en estos tres proyectos, y quizá en cuántos más, se aleja del enfoque participativo que debiese seguirse en el Estado y es más grave si existen ya ciertos consensos al respecto a nivel práctico, doctrinal y jurisprudencial”, sostiene la doctora en derecho en su artículo.
El artículo tercero de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente señala expresamente que “la Comisión (de Evaluación Ambiental) deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que estos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente”.
Fue este requerimiento el que el SEA de Aysén envió el 9 de enero de 2018 al Gore con relación con los tres proyectos. Y en ninguno de ellos la pasada administración respondió a la solicitud, por lo cual los Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), despachados por el SEA a la empresa entre el 12 y el 16 de febrero, carecían de las observaciones del Gobierno Regional de Aysén.
Luego de un artículo publicado el 28 de marzo cuestionando la omisión, el Gore intentó revertir este hecho mediante un oficio del 19 de abril.
Los documentos firmados por jefe de Diplade, José González, son prácticamente iguales. En el análisis de la compatibilidad de los proyectos con la Estrategia de Desarrollo Regional 2010-2030 plantea en los tres casos que las declaraciones presentan “vinculación con la ERD a través de los principios orientadores del desarrollo enunciado en dicha estrategia”. Una decisión, al menos, contradictoria, considerando que aunque la minería efectivamente es mencionada en algunos acápites de la estrategia, son los sectores acuícola, forestal, de ganadería bobina y turismo los que se han priorizado en la región.
En el ámbito de la coherencia con los planes de ordenamiento territorial, para el caso de Katterfeld y Santa Teresa, por encontrarse en concesiones de la compañía, el Gore establece que se encuentran ambas “en la zonificación exclusiva minería y energía por concesión de minería”.
Pero en el de Terrazas manifiesta que está en un área de “zonificación preferentemente pecuario”, complejo escenario considerando que El Toqui –matriz bajo la cual se impulsan estas exploraciones– fue responsabilizada hace pocos años de graves problemas de contaminación de aguas en Alto Mañihuales por vertimiento de metales pesados como arsénico y plomo, lo que ocasionó la muerte de ganado e incluso afectó la salud de las personas, estableciéndose mediante análisis de laboratorio “altos índices de arsénico en una familia completa del sector” según consignó la prensa local.
Otra omisión incomprensible es que el 12 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial el decreto de actualización de la Zona de Interés Turístico Chelenko, instrumento de zonificación que no fue mencionado en el oficio de la Diplade, en circunstancias que el proyecto Terrazas se ubica al interior del polígono ya definido. A 12 kilómetros de la frontera con Argentina y a menos de un kilómetro de la costa del lago General Carrera, una de las principales reservas de agua dulce de Chile, donde desagua parte importante del Campo de Hielo Norte.
La conclusión de José González Banda para las tres declaraciones de impacto ambiental es que cada una de dichas iniciativas “no perjudica las definiciones de las políticas, planes y programas de desarrollo regional vigentes”.
Tampoco las omisiones de los municipios de Río Ibáñez en el caso de Terrazas y Lago Verde en Santa Teresa fueron inocuas. En ambos casos los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) tienen importantes énfasis en materia ambiental, sector agropecuario y turismo.
Efectivamente, el Pladeco 2012-2018 de Río Ibáñez estipula que “la valoración del entorno natural como sistema para la vida humana y sostén de la cultura y desarrollo económico, será un eje estructural de la presente política. Se explicitará en la definición de programas y acciones que permitan reconocer los servicios ambientales (o ecosistémicos) del medio natural, su incidencia en el bienestar de las personas y generar una relación sociedad-naturaleza en un marco de equilibrio”.
Y el de Lago Verde para el período 2015-2019 busca “potenciar todas las áreas de producción identificadas (agropecuario, turismo, artesanía), entregando herramientas a los productores”, sin alusión a la minería. Su imagen futura es que “la producción agropecuaria –que se lleva en la sangre– y nuevas oportunidades económicas, como el turismo, son el presente y futuro de Lago Verde… el fomento a la producción y la estimulación del retorno a los campos permitirán construir una comunidad que camine hacia el futuro”, mientras que “el cuidado y la preservación del medioambiente, seguirá siendo un sello de la gestión municipal. Se mejorarán las políticas de manejo de residuos sólidos y de aguas servidas, principales fuentes contaminantes de la comunidad. De esta forma, se asegurará la conservación de la pureza característica de la zona”.
Actualmente, la tramitación del proyecto Katterfeld se encuentra suspendida, luego que la empresa solicitara plazo hasta el 18 de junio para responder al ICSARA que se le despachara desde el SEA. Y el 30 de mayo último los titulares contestaron las observaciones a Terrazas y Santa Teresa, respuestas que el SEA reenvió a diversos servicios públicos, dándoles plazo hasta el 13 de junio para hacer nuevas consultas o entregar su conformidad.
El geólogo Glen van Kerkvoort, quien no solo actúa como director ejecutivo de Laguna Gold sino que también es jefe de exploraciones de la empresa, tiene una amplia experiencia en exploraciones auríferas. En su currículo está haber participado entre 1999 y 2002 en estudios para Barrick Gold en el marco del proyecto Pascua Lama.
Posteriormente, se desempeña para Brancote en Esquel, que impulsaba el polémico proyecto de oro El Desquite, a 7 kilómetros de la turística localidad. En 2002, la compañía fue adquirida por Meridian Gold, época en que la comunidad se movilizaba en contra de la iniciativa. El proceso derivó en un plebiscito donde el “No a la mina” se alzó con el 81 % de los votos.
El proyecto no prosperó y en 2006 Meridian Gold pasó la inversión a pérdida.
