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Un caso de abuso y otros seis de acoso sexual han remecido a la facultad de Psicología de esta casa de estudios privada, que actualmente se encuentra en toma feminista. Una de las víctimas acusa que se ha visto obligada a reencontrarse cotidianamente con su agresor, lo cual la ha perjudicada académica y psicólogicamente. Los dardos apuntan al director jurídico Fabricio Jiménez, amigo del rector Carlos Peña, y a autoridades que, según los testimonios que pudo recoger El Mostrador, poco o nada hicieron para proteger los derechos de las víctimas.
Hace nueve meses, una estudiante de psicología de la Universidad Diego Portales se armó de valor y tomó una decisión que hasta ahora repercute en su vida: denunció, tanto penal como administrativamente, a su compañero de clases de la UDP, Adrián Gustavo García Guadalupe, por haber abusado sexualmente de ella.
No fue una decisión fácil, pero sus amigas y amigos la convencieron que era lo correcto y que, si se quedaba de brazos cruzados, alguien más podría salir herida. «Durante un mes no hice nada, pensé que nadie me iba a apoyar, pero finalmente hice la denuncia y desde entonces que empezó a salir todo mal», asegura A.D. a El Mostrador.
La Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual de la UDP, cuyo propósito es «asegurar una buena convivencia dentro de la institución, proporcionando mecanismos para prevenir, enfrentar y sancionar situaciones de violencia sexual, brindando apoyo a quienes han sido víctimas de ella», no dio el ancho en este caso y, según la denunciante, no le fueron otorgadas las medidas de protección que solicitó -excepto una: botar un ramo- y se vio forzada a compartir casi todas sus clases con la persona que había abusado de ella.
«Nadie te explica cómo redactar una denuncia. Transcribí una conversación y eso lo entregué a la directora de Escuela, quien me dijo que no lo divulgara y me hizo firmar este texto. No se me permitió ni siquiera revisar cómo redactar bien una denuncia con ayuda de alguien que se manejara en el tema. Me dijo, además, que no me podía dar ayuda académica porque dependía de cada profesor y que ayuda psicológica tampoco, porque, como estudiaba en la facultad de psicología, la relación, según ella, estaba contaminada», aseguró.
Luego, A.D. fue derivada ante la ahora ex consejera de la normativa, quien le dijo que lo que había vivido no fue necesariamente una violación, porque ella había autorizado a su compañero a entrar a su casa. «También me dijo que no me podía dar ningún tipo de ayuda académica y que simplemente le contara a mis papás y congelara el semestre. Yo me exalté y le dije que soy una mujer adulta, que no me tenía que hablar así”, contó.
Ante su frustración, por su cuenta y sin ser derivada por nadie, acudió a la dirección jurídica de la UDP, encabezada por el abogado Fabricio Jiménez, cercano y amigo del rector de la misma casa de estudios, Carlos Peña. En el marco de la normativa interna, es Jiménez quien debe realizar una investigación, a fin de determinar si existe competencia para conocer del asunto denunciado y proponer una resolución si así fuera el caso.
«A diferencia de los procesos modernos donde el juzgador es un tercero imparcial aparte del órgano investigador, el protocolo opera de tal modo que los roles de investigador y de juzgador –en todos los grados de conocimiento del conflicto: primera instancia, apelación y luego bajo el eufemismo de «Comisión Superior»– son desempeñados y firmados por él. Esto vuelve ilusorio todo atisbo de imparcialidad, el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de la doble instancia», criticó la abogada de la Universidad de Chile que asesoró a A.D. durante el proceso y que nos pide mantener su identidad en reserva.
La abogada agregó que, desde una perspectiva legal, la denunciante «tiene un derecho de propiedad sobre su matrícula, un contrato de prestación de servicios educativos con la UDP. De ahí el absurdo de que ésta sea sancionable sólo vía Sernac cuando se incumplen ciertos estándares mínimos y no a través de una superintendencia, como una universidad estatal estaría obligada».
[cita tipo=»destaque»]En la misma publicación de Facebook que tenía por objeto funarlo, García -a través de un largo texto- reconoció la acusación: «me veo en la obligación de dar la cara ante lo acontecido y hacia la acusación a mi persona, enfrentando la situación para que no quede duda acerca de mi preocupación y responsabilidad en el tema. Quiero expresar mi arrepentimiento por lo acontecido y en ningún caso es mi intención justificar lo ocurrido, por la ingesta del alcohol tanto mío como de mi compañera, sino más bien pedir disculpas públicas por una situación desafortunada y que en ningún caso debe ocurrir y dejar de ocurrir en cualquier lugar», escribió.[/cita]
La denunciante aseguró que Jiménez siempre puso en duda lo que le ocurrió, porque «por motivos obvios la primera carta que entregué en la UDP –desinformada, sola, sin haber leído un Código Penal en mi vida y sin dimensionar aún la necesidad de denunciar ante Fiscalía lo que me ocurrió– contenía menos detalles que el escrito que entregué ratificando la carta primaria y aportando nuevos antecedentes».
En los meses posteriores, el protocolo de acoso de la UDP tampoco le sirvió a la denunciante: tuvo que seguir compartido clases con García, se vio forzada a repetir su relato en tres oportunidades, siendo revictimizada, no la ayudaron con la asistencia y tampoco con los criterios de eximición. «Posterior al abuso, pedí todas estas cosas, porque no estaba bien. Falté un mes a clases por medio a reencontrarme con él. Todo lo que solicité, eran medidas de protección que se encontraban en el protocolo, pero me las negaron, solo porque el abuso sexual no ocurrió en la facultad», señaló A.D.
Todo cambió cuando A.D y su abogada se dieron cuenta que la denuncia en la universidad no tenía destino, por lo que decidieron hacer una funa pública a través de redes sociales. Ahí, la denunciante publicó su testimonio y, para su sorpresa, 6 mujeres se unieron a sus palabras y aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual por el mismo alumno.
Los testimonios -reunidos por El Mostrador- dan cuenta del modus operandi del estudiante de psicología: enviaba selfies desnudo, les pedía a mujeres que ni siquiera conocía que le mandaran fotos, les tocaba las piernas, les daba palmadas en el poto, les hacia comentarios sexuales, las miraba de forma lasciva e intentaba tocarlas cuando dormían.
A juicio de A.D., la UDP “está haciendo caso omiso a la presencia de un sujeto que amenaza la integridad física y emocional de sus integrantes con la excusa de que ocurrió fuera de la universidad, sin embargo el tipo comparte día a día con mujeres que han manifestado su inseguridad”.
En la misma publicación de Facebook que tenía por objeto funarlo, García -a través de un largo texto- reconoció la acusación: «me veo en la obligación de dar la cara ante lo acontecido y hacia la acusación a mi persona, enfrentando la situación para que no quede duda acerca de mi preocupación y responsabilidad en el tema. Quiero expresar mi arrepentimiento por lo acontecido y en ningún caso es mi intención justificar lo ocurrido, por la ingesta del alcohol tanto mío como de mi compañera, sino más bien pedir disculpas públicas por una situación desafortunada y que en ningún caso debe ocurrir y dejar de ocurrir en cualquier lugar», escribió.
Consultado por El Mostrador, García declinó hacer comentarios y precisó que “cualquier consulta, deberán hablar con mi abogado”.
No obstante este reconocimiento de García, la investigación que llevó a cabo Fabricio Jiménez basándose en que «el hecho denunciado ocurrió en el domicilió de la denunciante, cuando se realizaba una actividad de índole privada», según reza el informe con fecha 13 de noviembre del 2017, concluyó que «se debe desestimar la denuncia en esta etapa de la investigación, haciendo innecesario la realización de otras diligencias, debiendo omitirse el pronunciamiento sobre el asunto que le dio origen, ello por carecer de competencia para su resolución. Todo lo anterior, sin perjuicio de remitir los antecedentes reunidos al Ministerio Público, a fin de que sea conocidos por el fiscal a cargo y evaluados en la investigación que lleva adelante».
Luego, en otra resolución firmada por el mismo abogado, con fecha 22 de diciembre de 2017, se resolvió que «no ha de lugar la denuncia por hechos acaecidos al interior de la Universidad Diego Portales en momento en que se desarrollaba la Piscofonda y en los días posteriores a la misma, por no darse los presupuestos exigidos por la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual para ser considerados conductas de acosos sexual u hostigamiento».
Por último, se señala que no existirá pronunciamiento «sobre los hechos ocurridos fuera de las dependencias de la Universidad por carecer de competencia para ello éste investigador».
Un mes después, la Comisión Superior de la UDP, que está encargada de ratificar o modificar hasta en un grado la sanción propuesta por la dirección jurídica, resolvió aplicar al denunciado, Adrián García, la sanción de «amonestación oral», algo que ni siquiera le fue comunicado a la denunciante.
Una de las integrantes de dicha comisión, Paula Contreras, alumna de quinto año de sociología, afirmó a El Mostrador que «las fallas institucionales no solo se repiten en la UDP, se ven a lo largo de todas las normativas, no están pensadas con perspectiva de género, con perspectiva feminista. Para que estas denuncias prosperen, hay que buscarle la quinta pata al gato. Tienen que haber ajustes».
Una opinión similar tiene Ambar Riveros, vocera de la toma feminista que se realiza en la Facultad de Psicología de la Universidad. “En primer lugar, quiero decir que yo puedo dar fe del caso de abuso sexual que se denunció en la UDP, el cual estalló la bomba dentro de la facultad, respecto de comenzar a discutir el cambio de la normativa. Me parece nefasto como se llevan a cabo los procesos, son altamente burocráticos, revictimizantes, someten a las victimas a una constante revictimizacion, muchas de las denuncias no llegan a puerto”.
Un nombre que se repite en esta historia es el del rector de la UDP, Carlos Peña. Acusan que no ha levantado ni un dedo para poner freno a estas situaciones y que tampoco se ha encargado que las víctimas reciban los resguardos necesarios para no ser revictimizadas. Critican que el abogado y columnista se muestre en los medios de comunicación como un defensor de los derechos de las mujeres, cuando, en la práctica, en su casa de estudios, “conviven victimarios con víctimas, como si fuera nada”, señala A.D.
En sus columnas dominicales en El Mercurio, Peña ha señalado que el acoso «es una epidemia de libertad y de igualdad, un anhelo de cada uno de ser su propio dueño o dueña, de estar al mando de sí mismo, sin que nadie, por poderoso, prestigioso o santo que presuma ser, pueda impedirlo».
«Hay algo pues de benéfico en esta verdadera epidemia de denuncias de acoso, ellas son un síntoma de una cierta alerta, especialmente en los más jóvenes y en las mujeres, por el cuidado de la propia libertad y de la igualdad, las mismas que apenas ayer (y todavía en ámbitos como el aborto o el cuidado de los hijos) se les quería negar», agrega en el texto el abogado.
Consultado por Revista Paula sobre las denuncias de abuso y acoso en el mundo de la academia y si las considera una cacería de brujas, el rector Peña aseguró que «esa es una expresión de fantasía, de pensamiento mágico. Creer que hay brujas es una estupidez, pero que hay abusadores no lo es. Llamar cacería de brujas a lo que es un reclamo de derechos por libertad e igualdad me parece un disfraz ideológico para un problema real. Este tipo de frases retóricas, con que gente -habitualmente ignorante- encara este problema como si fuera una conversación de sobremesa, son un error».
La Secretaria General de la UDP, Ximena Palma, argumentó que la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual “establece expresamente en el Título VI la posibilidad de adoptar medidas de protección a favor de las víctimas”. Sin embargo, agregó que a «la luz de las demandas estudiantiles de estos días creemos que el protocolo debe ser perfeccionado, particularmente para prestar protección a las víctimas de actos ocurridos fuera de la universidad”.
Asimismo, El Mostrador consultó por qué el director jurídico desestimó la denuncia, a lo que Palma respondió que «la denuncia original decía relación con hechos ocurridos fuera de la universidad, en una actividad privada, por lo que no existía competencia para investigar. La normativa establece el deber de confidencialidad en protección de las víctimas. La dirección jurídica no puede entregar información sobre este caso en particular».
Sobre este último punto, A.D. plantea que, exista competencia o no, la UDP no “protege de ninguna forma a las victimas de abuso, haciendo vista gorda al proceso que llevan las personas que denuncian y que puedan estar amenazadas, exponiéndolas a seguir compartiendo con los abusadores”.
