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A través de un comunicado, el obispado se refirió a las penas expiatorias perpetuas impuestas al sacerdote Pablo Walter Isler Venegas, entra las cuales se establece «la prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal y de trabajar pastoralmente con adolescentes y jóvenes».
A través de un comunicado, la Diócesis de Temuco hizo públicos los tres casos más bullados de sacerdotes involucrados en casos de abuso sexual contra menores.
Esto después de un reportaje de El Mostrador sobre aquellos episodios que han hecho «crujir» a dicha diócesis y de los cuales las víctimas han criticado la tendencia a la protección que el obispo de dicha zona, Héctor Vargas, desplegó en favor de los victimarios.
Hace una semana, El Mostrador publicó “La doble moral del obispo Vargas”, una nota que se refería no solo al no cumplimiento del celibato del obispo, sino también a los casos de abusos, que Vargas reconoció, pero respecto de los cuales negó que existieran “redes de protección o un manto de encubrimiento”.
Un de los casos más sonados fue el del sacerdote Pablo Walter Isler Venegas, suspendido del ejercicio sacerdotal para siempre. El diocesano, que también fue vicario episcopal de Illapel y era sacerdote de Temuco, después de finalizado un proceso canónico por abusos sexuales a menores, recibió desde Roma una sanción clara: la suspensión. No puede ejercer públicamente el ministerio ni hacer misas, no puede acercarse a niños, menos tener una fundación en nombre de la Iglesia. Esto a perpetuidad.
En dicho comunicado, la diócesis se refirió a las penas expiatorias al sacerdote, entra las cuales se establece «la prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal y de trabajar pastoralmente con adolescentes y jóvenes».
Otra de las sanciones establecidas fue la «prohibición definitiva de residir dentro del territorio de la Diócesis San José de Temuco y de visitar sin previa y expresa autorización del Ordinario, las parroquias de Lautaro, Imperial y Traiguén».
«Se conmina al sacerdote Pablo Walter Isler Venegas, a cumplir fielmente, con asentimiento religioso del entendimiento y la voluntad, las sanciones canónicas indicadas en este decreto», se indica.
La declaración pública señala que el proceso comenzó en el año 2011, durante la administración anterior, época en la que recibieron las primeras denuncias.
«El sacerdote Pablo Walter Isler Venegas, ya desde el 2003 se encontraba fuera de la Diócesis de Temuco, realizando diversas experiencias pastorales en la Prelatura de Illapel», se detalla.
La diócesis también dio a conocer otros dos casos similares que igualmente involucran a sacerdotes. Se trata de Juan Carlos Mercado Elgueta, quien a mediados del año 2013, después de la investigación previa a raíz de denuncia por abuso sexual a menores, presentó su renuncia al ministerio sacerdotal, y José Vicente Bastías Ñanco, quien actualmente se enfrenta a un proceso penal canónico por abusos sexuales a menores, de acuerdo a lo establecido con la Congregación para la Doctrina de la Fe, y está suspendido temporalmente del ejercicio público del ministerio.
«Aprovechamos de reiterar la firme disposición del Obispo diocesano de asumir los desafíos que el papa Francisco ha pedido, en el sentido de asegurar espacios sanos, seguros y confiables en la Iglesia para niños, niñas y jóvenes», finaliza el comunicado.
