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El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago continuará este miércoles con la audiencia en la que decidirá si acoge el procedimiento abreviado. En la primera jornada, el Consejo de Defensa del Estado expresó su rechazo al juicio abreviado y la Fundación Ciudadano Inteligente señaló que “el mejor abogado que han tenido los señores Délano y Lavín ha sido el fiscal Guerra”.
Las críticas al acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los imputados, que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa, marcó la primera jornada de la audiencia de reformalización y procedimiento abreviado de los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que se extendió por 5 horas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
El tribunal decidió suspender hasta mañana miércoles la audiencia en la que decidirá si acoge el procedimiento abreviado donde además comparecen el ex gerente de Contabilidad del holding, Marcos Castro, y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
El foco de la jornada estuvo puesto en el acuerdo firmado por Guerra, que fue duramente criticado por los querellantes en la causa. La Fiscalía se comprometió a retirar los cargos de soborno para Lavín y Délano pero mantiene los delitos tributarios, por presentación de boletas y facturas ideológicamente falsas en carácter de reiterado; en tanto, a Wagner se le quitan los cargos por cohecho y se le acusa de enriquecimiento ilícito.
El Consejo de Defensa del Estado decidió oponerse, aduciendo que la gravedad del caso no se veía reflejado en el acuerdo del Ministerio Público. La abogada del organismo fiscal, María Inés Horvitz, sostuvo que «no hay nada que a alguno le pudiera hacer pensar que efectivamente esos hechos no ocurrieron y que en nuestra opinión son absolutamente relevantes para probar en los delitos de cohecho y soborno».
Por su parte, la Fundación Ciudadano Inteligente, a través de su subdirectora, Colombina Schaeffer, expresó que “lo que hicieron Carlos Lavín, Carlos Délano, Pablo Wagner y todos los involucrados en el financiamiento ilegal no fue evadir impuestos, fue tratar de comprar la democracia chilena”. En la misma línea, el abogado de la Fundación , Mauricio Daza, aseguró que “el mejor abogado que han tenido el día de hoy los señores Délano y Lavín ha sido el fiscal Guerra».
A través del acuerdo con el fiscal Guerra, los imputados podrán acceder a un procedimiento abreviado con una pena de 4 años de presidio en libertad vigilada, sin pena efectiva de cárcel, como se había pedido en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso.
Para concretar el juicio abreviado, ambos imputados además deberán pagar como multa un 100% de lo defraudado. De acuerdo al SII, el perjuicio fiscal que dejaron los controladores del holding ligados al financiamiento irregular de campañas políticas asciende a cerca de $ 1.700 millones, entre 2009 y 2014.
