Durante más de 20 años, su empresa Imaginacción asegura que ha resuelto un número superior a 600 situaciones de crisis. Ha asesorado a empresas grandes y pequeñas, pero también a personas que enfrentan escándalos de abuso sexual, fraude al fisco y delitos tributarios. El ex ministro parece ser el último recurso y el predilecto de todos los que se encuentran atrapados sin salida.
Reconocido como experto en manejar crisis, a poca gente podría sorprenderle que Imaginacción, la empresa de lobby y comunicación estratégica que lidera Enrique Correa, nuevamente haya aceptado asesorar a un cliente en el ojo del huracán: el cineasta Nicolás López, que se encuentra en serios problemas por las acusaciones de, al menos, nueve actrices por acoso sexual. En su caso, la estrategia implicó una entrevista del director de cine en La Tercera, en la que se declaraba feminista y pedía perdón por actitudes incorrectas, casualmente días antes de que se publicara el reportaje de revista El Sábado, el 30 de junio, donde fue expuesto.
Tampoco fue casual que, días antes de que reventara el escándalo, se difundiera la información de que López preparaba una película inspirada en el hashtag #metoo, que agrupa a las personas afectadas por situaciones de abuso sexual, datos que salieron desde el cuartel central de Imaginacción, ubicado en el piso 24 del elegante edificio de Providencia 1460. Más que un proyecto, era solo una idea que –según la comediante Alison Mandel– nunca tuvo forma y solamente fue parte de una conversación informal.
El escenario que enfrenta López no es nada fácil, más aún después que la Fiscalía Oriente informara este martes que abrió por oficio una investigación por abuso sexual contra el realizador de Sin filtro.
El cineasta no es el primero que llega a Imaginacción para capear el temporal generado por acusaciones de este tipo. A fines de abril, ocurrió algo muy similar con el reconocido director de teleseries Herval Abreu, quien –al igual que López el fin de semana– se defendió públicamente a través de un video, asesorado de cerca por la consultora, que puso a un grupo de profesionales a cargo del caso.
La oficina de Correa también ayudó en 2012 –pero esa vez, según trascendió, en forma gratuita– al sacerdote Cristián Precht, quien el año pasado cumplió una condena canónica de cinco años por “conductas abusivas con menores y mayores de edad”. Desde marzo, enfrenta otra querella de las personas que se agruparon como víctimas de abusos por parte de cinco religiosos pertenecientes a los Hermanos Maristas, tema en el que nuevamente es asesorado por Imaginacción, aunque en esta ocasión no se ha referido públicamente.
[cita tipo=»destaque»]Durante años trabajó con SQM. En noviembre de 2016, el Ministerio Público, que investigaba delitos asociados a financiamiento irregular de campañas, pidió a la minera no metálica un listado de los contratos con Imaginacción entre 2008 y 2015, intercambio que –según publicó El Mostrador– osciló casi en los $920 millones, por distintos productos y asesorías de la división de Asuntos Públicos de la consultora. En 2014, Correa entró como asesor al comité de crisis del grupo Penta y, casi un año después, sentenció en una entrevista que “el financiamiento irregular de la política no es corrupción”.[/cita]
La vida de Enrique Correa no se entiende sin la Iglesia. A los 12 años, cuando vivía en Ovalle, ingresó a la Juventud Demócrata Cristiana. Al salir del liceo de su ciudad, vino a Santiago para entrar al Seminario Diocesano, época en la que conoció a Precht, también seminarista, y al ex diputado PS, Jaime Estévez. Se vio obligado a volver a Ovalle por un tiempo, hasta que pudo retornar a Santiago a mediados de los 60, para matricularse en la Universidad Católica como estudiante, periodo en que se alojó en el pensionado Cardenal Caro, en calle Dieciocho, perteneciente a la Congregación Marianista.
Mucho tiempo después, en 1983, cuando pudo volver a Chile oficialmente, se involucró con las comunidades de base de la Iglesia católica en Santiago, desde donde colaboró en la oposición a Pinochet.
Esa historia hace que su vínculo con la Iglesia, ahora como lobbista, siga vigente. En 2015 –como publicó El Mostrador–, los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz mencionaron, en una correspondencia privada, el nombre de Correa como la persona que podía ayudarlos a impedir que el jesuita Felipe Berríos se convirtiera en capellán de La Moneda en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Como se sabe, Berríos nunca ocupó ese puesto.
Correa sabe de situaciones críticas. Fue expulsado de la falange en 1969, cuando firmó una dura carta que condenaba la actuación del Gobierno de Eduardo Frei Montalva en los sucesos de Pampa Irigoin, cerca de Puerto Montt, donde el 9 de marzo de aquel año murieron diez pobladores a manos de las fuerzas policiales. Se inscribió en el MAPU y desde allí, una vez derrotada la Unidad Popular, fue un activo dirigente operativo con estadías en Rusia, Alemania Oriental, Cuba e Italia, donde fue un importante articulador de recursos desde Europa para la oposición a la dictadura en Chile. Entró y salió varias veces clandestino del país en esos años.
En los meses siguientes al plebiscito de 1988, tuvo un rol importante en la nominación de Patricio Aylwin y no de Gabriel Valdés como el candidato presidencial de la Concertación y, después del triunfo en las urnas en las elecciones de 1989, fue nombrado ministro Secretario General de Gobierno, cargo en el que estuvo desde marzo de 1990 a marzo de 1994. Desde ese puesto enfrentó la tensa relación con Pinochet, que se quedó al mando del Ejército, la que quedó plasmada en los episodios de diciembre de 1990 y mayo de 1993, conocidos como el “ejercicio de enlace” y el “boinazo”, respectivamente, cuando los militares se acuartelaron en rechazo a la investigación judicial contra Augusto, el hijo mayor de Pinochet.
Con esta experiencia, Correa logró establecer lazos en el mundo militar, al punto que la bibliografía sobre la época coincide en señalar que Pinochet prefería relacionarse con él y no con el ministro de Defensa, Patricio Rojas.
De esta manera se entiende que, ya privatizado, Correa haya accedido a asesorar al general (r) Juan Emilio Cheyre, acusado como cómplice de los asesinatos de La Caravana de la Muerte en La Serena. También ha colaborado con el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien enfrenta una querella por fraude al fisco, a partir de la obtención de dinero público presuntamente irregular.
Tras la DC y el MAPU, finalmente Enrique Correa recaló en el Partido Socialista (PS), colectividad a la que renunció en 2004, luego que la ley del royalty minero se cruzara con los intereses de algunos de sus clientes ligados a esa industria. Unos años después regresó a las huestes socialistas.
Sus redes en el mundo concertacionista son amplias y no pocos han recurrido a él para su consejo profesional.
Asesoró al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende (PPD), acusado en la investigación del terremoto del 27-F. También ha apoyado al ex hombre clave del bacheletismo, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo (PPD), quien después de salir de La Moneda, en mayo de 2015, consiguió al par de meses trabajo como investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), donde Correa fue director.
Actualmente, Peñailillo estudia en Estados Unidos. “Los hechos mismos van a demostrar que no cometió delito alguno y la vida va a demostrar que todo lo que hizo tuvo un sentido político y no personal”, afirmó Correa en julio de 2015, en defensa del ex ministro Peñailillo, mencionado como parte del círculo que recibió financiamiento irregular –a través de boletas– para la precampaña bacheletista del 2012.
Quienes lo conocen dicen que Correa es leal con sus amigos, más aun cuando caen en desgracia. Una de las personas más influyentes de su equipo actualmente es el ex ministro de Obras Públicas del Gobierno de Lagos, Carlos Cruz, que salió golpeado por el escándalo MOP-Gate. También trabaja en su consultora el ex director de la Secom del primer mandato de Bachelet, el periodista Juan Carvajal, a quien siempre se le ha apuntado como responsable en los hechos que terminaron con la muerte del lautarista Marco Ariel Antonioletti, el 16 de noviembre de 1990.
Imaginacción también ha asesorado a Javiera Blanco, especialmente cuando la ex ministra de Trabajo y de Justicia fue objeto de críticas al ser favorecida con un puesto como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Durante años trabajó con SQM. En noviembre de 2016, el Ministerio Público, que investigaba delitos asociados a financiamiento irregular de campañas, pidió a la minera no metálica un listado de los contratos con Imaginacción entre 2008 y 2015, intercambio que –según publicó El Mostrador– osciló casi en los $920 millones, por distintos productos y asesorías de la división de Asuntos Públicos de la consultora. En 2014, Correa entró como asesor al comité de crisis del grupo Penta y, casi un año después, sentenció en una entrevista que “el financiamiento irregular de la política no es corrupción”.
Consultados por este medio, desde Imaginacción rechazaron responder preguntas para este artículo.
