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En la práctica, la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de dejar fuera al Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadano Inteligente implica que sólo el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público podrán acusar en el juicio abreviado. Querellantes señalaron que la Fiscalía “renunció a juzgar” a los controladores de Penta.
Durante esta jornada, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, optó por dejar fuera de la acusación en contra de los dueños de Penta al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fundación Ciudadano Inteligente.
De esta manera, el CDE no podrá acusar por soborno y cohecho a los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. En la práctica, sólo el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público podrán participar de los alegatos. En la Fundación Ciudadano Inteligente quedaron molestos con la situación y señalaron que la Fiscalía “renunció a juzgar”.
En los hechos, la decisión del tribunal valida el acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los imputados, que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa. Según planteó el persecutor en la audiencia de este martes, «no había suficientes antecedentes» para imputarlos por esa causa.
Por eso, la resolución del juez del Octavo Juzgado de Garantía hace recordar la frase del otrora fiscal Carlos Gajardo, quien en la anterior formalización de los controladores de Penta ironizó con la postura de los empresarios que alegaban desconocer los hechos que se le imputaban. “Son más de las 12 su señoría, somos tontos hasta las 12 no más”, dijo en aquella oportunidad Gajardo en la audiencia.
Cabe recordar que la Fiscalía se comprometió a retirar los cargos de soborno para Lavín y Délano pero mantiene los delitos tributarios, por presentación de boletas y facturas ideológicamente falsas en carácter de reiterado, en tanto a Wagner se le quitan los cargos por cohecho y se le acusa de enriquecimiento ilícito. De este modo, los imputados podrán acceder a un procedimiento abreviado con una pena de cuatro años de presidio en libertad vigilada, sin pena efectiva de cárcel, como se había pedido en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso.
