Por abuso sexual reiterado y estupro fue formalizado el ex canciller del Arzobispado de Santiago, un alto cargo de la Iglesia chilena. Fiscal Emiliano Arias valoró la decisión y dijo que el imputado “es un peligro para la sociedad”. Defensa del sacerdote sólo admite 2 de los 5 casos imputados.
En un golpe a la cúpula de la Iglesia Católica chilena, el Juzgado de Garantía de Rancagua decretó prisión preventiva para el ex canciller del Arzobispado de Santiago, el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, tras la formalización de cargos por 5 casos de abusos sexuales y estupro.
Al término de la audiencia, el fiscal Emiliano Arias sostuvo que “existen antecedentes que acreditan la existencia de los delitos y antecedentes de que la libertad del imputado es un peligro para la sociedad”, valorando así la resolución que pone tras las rejas al ex alto cargo eclesiástico.
Muñoz fue ordenado sacerdote en 2000, y en agosto del año 2003 fue designado vicecanciller del Arzobispado de Santiago, un cargo cercano al entonces arzobispo Francisco Javier Errázuriz Ossa. En 2011, fue promovido a canciller del Arzobispado, cuando ya estaba al mando Ricardo Ezzatti. También fue párroco de la Iglesia Jesús de Nazareth ubicada en Villa Alessandri en Estación Central.
Cabe recordar que el ex representante religioso se autodenunció canónicamente en el pasado mes de enero, dos semanas antes que el Papa Francisco llegara hasta Chile.
A la salida de la audiencia, Gabriel Henríquez, abogado del sacerdote, dijo que en la formalización hay una serie de hechos que “no están ajustados a la realidad”. Reconoce sólo 2 de los casos, que corresponden a los que constan en la autodenuncia canónica. Por otro lado, señaló que otros 2 casos están prescritos y atribuyó una de las denuncias a “una persona que no está en sus cinco sentidos”. El tribunal decretó 180 días para la investigación.
Sin embargo, el prosecutor refutó esas afirmaciones, asegurando que en el accionar de Muñoz Toledo hubo una “clara manipulación psicológica y de abuso de conciencia en relación a las víctimas”. “En este caso, y recordando las palabras del Papa, se trata de víctimas a las que se les ha quitado su inocencia”, añadió. En cuanto a la pena que arriesga el sacerdote, señaló que “siendo beneficiosos con el imputado, arriesga una pena entre los dos años y un día y los 15 años”.
Cabe recordar que ayer el cardenal Ricardo Ezzatti emitió una escueta declaración donde señalaba que «el Arzobispado de Santiago reitera la intención de colaborar con la justicia».