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El documento del Ministerio Público, al que tuvo acceso El Mostrador, se enmarca en una arremetida que no solo cuestiona a las autoridades más importantes de la élite eclesiástica, sino que termina por hacerse cargo por completo de las investigaciones que la Iglesia Católica, durante años, no fue capaz de resolver y escondió bajo la alfombra. El informe también pide expresamente toda la información recogida por los enviados papales Jordi Bertomeu y Charles Scicluna en sus visitas a Chile.
Después de años de silencio la semana pasada Constanza Acuña, secretaria ejecutiva del área de educación de la Conferencia Episcopal, reveló en El Mostrador el abuso que sufrió durante 10 años por parte del sacerdote, Belisario Valdebenito, cuando éste era párroco de Lanco, en la Región de los Ríos. Ella era apenas una niña de 15 años que veía en él a un director espiritual y un guía en su camino por convertirse en acólita; una ruta que la hizo soportar abusos sexuales hasta que pudo salir de su comuna natal y emigrar a Santiago para estudiar.
El expediente canónico de Valdebenito Erices es justamente uno de los documentos que solicitó ayer el Ministerio Público, en un oficio firmado por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y dirigido al Vaticano donde además pidió los expedientes de otros 8 imputados por delitos sexuales. El oficio -con carácter de reservado- fue enviado por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con el objetivo que la Cancillería active el mecanismo de remisión a través de la vía diplomática al Vaticano.
De acuerdo a los antecedentes recogidos por El Mostrador, otro de los sacerdotes en la mira de la Fiscalía es Cristián Precht, que en diciembre de 2012 recibió un sentencia canónica que determinó su responsabilidad en conductas abusivas con mayores y menores de edad, por lo que fue suspendido durante 5 años del ejercicio público del sacerdocio. Sin embargo, el requerimiento del Ministerio Público y la solicitud de asistencia al Vaticano, apunta a nuevos casos conocidos en su relación con los alumnos del Instituto Alonso de Ercilla en Santiago, donde hasta el momento se ha logrado identificar a dos víctimas a quienes habría abordado durante la confesión.
Uno de los denunciantes, Eneas Espinoza, contó en marzo que ese día de la confesión estaba en 3° Medio y tenía 16 años. “Lo primero que me llamó la atención es que, pese a ser una salita tan pequeña, él cerraba la puerta y se acercaba mucho, demasiado. Al entrar a la sacristía, donde quedé solo con Precht, él se acercó y empezó a hablar bajito, muy meloso. Lo más impactante es que no esperó ni dos segundos para atacarme. Me puso la mano en la rodilla, me la deslizó por el muslo y me tocó los genitales. Yo salté de la silla muy asustado, me preguntaba por qué a mí otra vez, porque ni siquiera tanteó terreno, solo me atacó. Salí corriendo y no dije absolutamente nada, Precht tampoco. Después me confirmé”, narró entonces Espinoza.
El Ministerio Público también pidió información respecto a Abel Pérez Ruiz, quien en 2010 confesó delitos contra 14 menores de edad en dos colegios a cargo de los Hermanos Maristas y que la congregación tardó en denunciar. De acuerdo al Ministerio Público, los delitos relacionados con la Congregación, podrían constituir los delitos de estupro, abuso sexual contra menores y violación.
Otros expedientes canónicos requeridos por la Fiscalía también apuntan a casos que las diócesis -encargadas de investigar y de poner en antecedente de la justicia- muchas veces trataron con manga ancha o tardaron en hacer públicos.
Uno de los ex religiosos cuyos antecedentes fueron requeridos por la justicia ante el Vaticano es Pablo Isler, quien a pesar de ser suspendido del ministerio sacerdotal de por vida, mientras era sacerdote incardinado en Temuco, lleva adelante la Fundación Evangelización 2000, una casona de tres pisos en calle Compañía donde recibe constantemente donaciones de católicos para “alcanzar una nueva expresión para la Nueva Evangelización”, según se leía en la página que fue eliminada después de un reportaje publicado por El Mostrador en junio pasado y que daba cuenta de cómo, a pesar de los delitos cometidos y las sanciones impuestas, los sacerdotes se cambian de ciudades, rehacen sus vidas e incluso con capaces de vivir económicamente en nombre de la Iglesia Católica cuando no existe mano dura de parte de la jerarquía eclesiástica.
También respecto a la Diócesis de Temuco, la Fiscalía pidió el expediente canónico de Mardoqueo Valenzuela; además de otros laicos y clérigos como José Vicente Bastías Ñanco y Juan Carlos Mercado Elgueta.
La acción de la Fiscalía se enmarca en una arremetida que no solo cuestiona a las autoridades más importantes de la élite eclesiástica –el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati declará en calidad de imputado el próximo 21 de agosto en Rancagua– sino que termina por hacerse cargo por completo de las investigaciones que la Iglesia, durante años, no fue capaz de resolver y escondió bajo la alfombra.
El informe remitido al Vaticano también pide expresamente toda la información recogida por los enviados papales Jordi Bertomeu y Charles Scicluna en sus dos visitas a Chile, tiempo en el que recibieron cientos de requerimientos de víctimas que se atrevieron a hablar por primera vez de sus casos o que nunca se sintieron escuchadas por la Iglesia Católica.
