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Esta semana, el obispo Carlos Pellegrin dará a conocer el resultado de las investigaciones sobre Héctor Bravo, capellán de Ejército que continúa oficiando misas, y de Renato Toro. Este último caso impacta de lleno al jefe de la iglesia en el Ñuble, porque conoció los antecedentes en 2012, pero no recurrió a la justicia civil. Según argumentó, “los obispos no estamos obligados a entregar información a la Fiscalía”.
La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, reveló que el Ministerio Público recibió durante el fin de semana pasado una cuarta denuncia en contra de sacerdotes de la Diócesis de Chillán por abusos.
«Hay dos denuncias y dos investigaciones que se iniciaron de oficio. Se instruyeron diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, y hasta ahora las investigaciones estarán a cargo de la especialista en este tipo de delitos, Marcia Venegas», dijo Mansilla.
De acuerdo a Radio Cooperativa, el obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, señaló que esta semana espera reunirse con la fiscal Mansilla, ante lo que la persecutora aclaró que lo puede hacer «en el marco de la investigación». «Si él quiere entregar información, lo puede hacer de manera formal. Hasta ahora no hay ninguna reunión programada», puntualizó.
Cabe destacar que, según el catastro levantado por la Fiscalía Nacional, entregado el 27 de julio, las causas vigentes hasta esa fecha involucran a 68 personas investigadas y 104 víctimas, en su mayoría menores de edad.
Además, Pellegrin informó que el próximo miércoles dará a conocer a la prensa los resultados de la investigación contra los sacerdotes Héctor Bravo y Renato Toro, este último sancionado por abusar de un sacristán en 2012.
En el caso de la investigación contra Toro, la Diócesis de Chillán informó –en un comunicado del 30 de julio– que el obispado inició el 29 de junio las indagatorias previas, concluyendo que los hechos denunciados son verosímiles, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma. Además, este religioso figura en la lista publicada el viernes pasado por la Iglesia católica chilena y que da cuenta de 42 sacerdotes condenados civil o canónicamente por abusos sexuales cometidos contra menores de edad.
El caso de Toro involucra de lleno a Pellegrin, porque el obispo conoció en 2012 los antecedentes de la situación, pero no entregó a la justicia civil los datos. “Los obispos no estamos obligados a entregar información a la Fiscalía. La Iglesia con el tiempo está aprendiendo y hemos aprendido que es necesario la mayor transparencia posible, hay dos comisiones trabajando, una de la Santa Sede a través de la Nunciatura y otra a través de la Conferencia Episcopal, para llegar a acuerdos con el Ministerio Público, pero todavía no llegamos a un acuerdo definitivo” , dijo a la prensa local el religioso, luego de participar en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de Punta de Tralca.
Pellegrin también dio explicaciones por el caso del sacerdote Héctor Bravo, capellán del Ejército desde febrero de 2010 y actualmente con el grado de capitán.
Según denunció el diario local La Discusión, este sacerdote continúa con actividades pastorales y oficia misas en paralelo a la investigación que realiza el obispado. Sin embargo, Pellegrin defendió que no se hayan impuesto sanciones preventivas contra el sacerdote, porque “cuando se abre una investigación no hay una obligación canónica de imponer medidas cautelares”.
