Ya no tiene peso en Roma. Pende de un hilo en su cargo y solo continúa en él porque no han encontrado reemplazante. Desde que los enviados papales instaron a las víctimas a denunciar judicialmente, perdió piso al interior de la Iglesia. Además, será la primera cara emblemática de la jerarquía que deba declarar como imputado por encubrimiento ante un fiscal. “Ya lo dejaron caer”, comentan al interior de la Iglesia católica, mientras el Ministerio Público reconstruye sus pecados en cada uno de los casos y cargos desde donde pudo haber encubierto abusos.
«Lo dejaron caer. A Ezzati ya lo dejaron caer», comenta un sacerdote, intentando explicar la situación actual del arzobispo de Santiago que ya no celebrará el Te Deum. Pocos lo quieren tener cerca y, además, deberá declarar como imputado por encubrimiento el próximo 21 de agosto, ante el fiscal de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias.
Ezzati está solo, profundamente golpeado por su citación a declarar, pero también porque entendió –desde la visita de los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu– que Francisco aún lo mantiene en el cargo solamente porque no encuentra a quien lo reemplace. También sabe que las declaraciones de los mensajeros de Roma solo ayudaron a acelerar las denuncias e investigaciones judiciales, que ahora lo tienen en el vórtice del huracán. «Es decir, lo entregaron», comenta una fuente que conoce el caso.
Ricardo Ezzati se ha convertido en el “cordero de Dios”, es decir, en el último sacrificio para redimir los pecados a una Iglesia en la que ya, según las encuestas, nadie confía. No lo va a defender nadie más que su abogado Hugo Rivera Villalobos y –de acuerdo a fuentes ligadas a la investigación– no será difícil reconstruir el camino ripioso que cuenta con numerosos casos de encubrimiento o “vista gorda” ante abusos sexuales que pudo haber parado mucho antes. Sobre todo, cuando era director de la Congregación Salesiana.
A las 12:50 horas del día de ayer, varios funcionarios de Carabineros llegaron hasta el número 71 de calle Los Leones, en Providencia, donde funciona el Obispado Castrense. En el transcurso de la tarde entraron, salieron, volvieron a ingresar con fotocopiadoras para imprimir algunos documentos de los computadores. También llegaron con cajas vacías para incautar documentos.
Las diligencias van tras la pista de abusos sexuales que no se denunciaron y que podrían vincular a Juan Barros mientras permaneció como obispo castrense, entre 2004 y 2015; a Gonzalo Duarte, el cuestionado obispo que ocupo el mismo cargo entre 1995 y 1999; y a Pablo Lizama, quien reemplazó a Duarte. El trabajo del Ministerio Público cerca cada vez más las líneas de tiempo que han seguido los hombres más duros de la jerarquía eclesiástica chilena y, de ese núcleo, el nombre más emblemático es la actual cabeza de la Iglesia: Ezzati.
[cita tipo=»destaque»]Ricardo Ezzati se ha convertido en el “cordero de Dios”, es decir, en el último sacrificio para redimir los pecados a una Iglesia en la que ya, según las encuestas, nadie confía. No lo va a defender nadie más que su abogado Hugo Rivera Villalobos y –de acuerdo a fuentes ligadas a la investigación– no será difícil reconstruir el camino ripioso que cuenta con numerosos casos de encubrimiento o “vista gorda” ante abusos sexuales que pudo haber parado mucho antes. Sobre todo, cuando era director de la Congregación Salesiana.[/cita]
Aunque han sido las víctimas de Fernando Karadima quienes desde el comienzo han apuntado al encubrimiento del arzobispo de Santiago, lo cierto es que el sacerdote italiano –que podría perder la nacionalidad por gracia en Chile– posee un historial de encubrimiento que otros sobrevivientes le imputan desde la década del 80. Y quizás, el caso que podría haber complicado mucho antes a Ezzati es el de Rimsky Rojas, porque, cuando surgieron las primeras denuncias, ya era director de la Congregación Salesiana.
Una de las primeras denuncias en contra de Ezzati es la que ha hecho pública Marcelo Vargas, hoy abogado y quien casi a fines de los años 80 era un estudiante del Instituto Salesiano de Valdivia, donde Rojas era subdirector. En octubre de 2010, lo denunció ante la justicia y en las líneas de su testimonio se leía la impunidad con que actuaba el sacerdote: «Al principio (los abusos) se produjeron en su oficina, luego en la residencia de los sacerdotes. Yo iba porque él nos cortaba el pelo, íbamos solos, nos citaba de a uno. En ese dormitorio estuve solo, nunca hubo otra persona. También hubo episodios en el baño, biblioteca, al interior de la capilla, al interior del vehículo que conducía, un furgón. Me sacaba de clases para que me fuera con él. Esto era todas las semanas. Con fecha 3 de julio de 1986 falleció mi madre. Entonces, los abusos se intensificaron, trasladándose al interior y exterior de mi domicilio».
Quizás este caso podría haber generado impacto en la figura del actual arzobispo mucho antes, sin embargo, el suicidio de Rojas, en enero de 2011, ayudó a acelerar el término de la investigación por la que el mismo Vargas acusó de “obstrucción a la justicia” a Ricardo Ezzati el año 2014. Víctimas involucradas en la denuncia cuentan que fue una apoderada la que, cansada del acoso a sus hijos por parte de Rojas, amenazó con llevar el tema a los medios de comunicación y, en cuestión de horas, Ezzati lo habría sacado del instituto y destinado al Congo.
Pero un año después, Rimsky Rojas fue trasladado, otra vez –en una movida que se convirtió en una práctica institucional de la Iglesia católica chilena ante estos casos– hasta Puerto Montt, a cargo del hogar de menores Laura Vicuña, vinculado al Sename, donde también se habrían producido abusos.
Ese traslado causó tal impacto en la primera comisión investigadora del Sename, que incluso el cardenal fue citado a declarar, visita que quedó grabada en la retina del senador Alfonso de Urresti (PS), que se encontraba en la Sala. “No hay ninguna autocrítica por parte de él, lo que refleja la absoluta indiferencia ante estos hechos tan graves. Creo que es parte del encubrimiento con que se ha intentado bloquear este tipo de situaciones”, narró.
El caso de Rimsky Rojas dejó una huella profunda en Valdivia, Puerto Montt y posteriormente Punta Arenas, donde incluso se lo ha vinculado a la desaparición del joven Ricardo Harex. Y el rol de Ezzati ha sido cuestionado ampliamente por las víctimas.
Marcelo Vargas cree que si Rojas no hubiera muerto, “habría sido procesado y no solo él, sino también todas las personas que ayudaron a encubrirlo y a trasladarlo”, con lo que apunta Ezzati, cuyo paso por la congregación será uno de los puntos que debieran ser investigados con detención por el Ministerio Público. Sobre todo, porque no dan cuenta de un hecho aislado, sino de una cultura del encubrimiento, como incluso la denominó el propio Papa Francisco.
Hace unas semanas la Fiscalía Nacional señaló que están siendo investigadas 158 personas por casos de abuso sexual al interior de la Iglesia. Y si se pone la lupa en las congregaciones, la de los Salesianos es una de las que cuenta con más investigados, tanto así, que a comienzos de este año el encargado de las investigaciones y experto en Derecho Canónico, David Albornoz, delineó que, además de hacer indagaciones internas, la congregación llevaría ante la justicia cualquier denuncia que recibiera, una línea que finalmente adoptó la Conferencia Episcopal reunida en una asamblea plenaria extraordinaria la semana pasada.
Sin embargo, no son ninguno de los casos anteriores los que podrían complicar más a Ezzati frente a la justicia. Aunque el cardenal instó a la autodenuncia desde el primer momento en que supo la situación del ex canciller del Arzobispado De Santiago, Óscar Muñoz, este caso es el que más lo complica, porque el poder de Muñoz era enorme y también tuvo en sus manos expedientes y archivos en los que se leyeron denuncias.
Muñoz ocupó el cargo de vicecanciller cuando Francisco Javier Errázuriz era arzobispo de Santiago e, incluso, estuvo a cargo de recibir denuncias y testimonios en torno al caso Karadima, la punta del iceberg de los abusos en la Iglesia católica. Al interior del arzobispado, también fue el encargado de contratar a otros cargos, algunos menores y otros relevantes, que aún permanecen dentro.
Su caso es observado con lupa y, seguramente, estará en el centro del interrogatorio del fiscal Arias el próximo 21 de agosto, porque las pistas apuntan a que hay más denuncias anteriores a la autodenuncia del ex canciller, en diciembre de 2017. Y Ezzati tendrá que dar explicaciones por ello.