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Parte de la industria de la denominada «comunicación estratégica», representada por Cristina Bitar, Camilo Feres, además del periodista y asesor parlamentario Juan Walker, deberá entregar sus testimonios en la causa, para aclarar los pagos ilegales que fluyeron desde Soquimich hacia las campañas de ME-O, Joaquín Lavín y el PPD. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también incluyen correos electrónicos del analista político Carlos Correa, hijo de Enrique Correa y que por entonces trabajaba para Imaginacción.
Aunque el periodista Camilo Feres dejó la campaña de Marco Enríquez-Ominami antes de empezar la segunda vuelta presidencial de 2009, el persistente candidato y el conocido analista político nunca han estado del todo distanciados. Ahora, las circunstancias los vuelven a juntar en el contexto del caso SQM, el mayor juicio oral sobre corrupción del que se tenga registro hasta ahora.
De los cientos de imputados durante la investigación criminal, ME-O fue uno de los 16 investigados que el fiscal Pablo Gómez seleccionó para acusarlos formalmente como autores de delitos concretos y específicos, arrastrándolos a un juicio oral que está por comenzar. En el caso de Enríquez-Ominami, el Ministerio Público pide una sanción de cuatro años de cárcel y una multa de $11 millones de pesos.
Para apoyar sus imputaciones contra los acusados, la Fiscalía citó a 615 testigos, más o menos relacionados con los hechos investigados, entre los cuales se encuentra Feres, que deberá explicar por qué emitió dos facturas de su firma “Asesorías Comunicacionales Entrelineas Ltda.” a SQM S.A., por un total de $30.345.000 en 2009, precisamente en la época de la campaña presidencial de ese año, mientras era uno de los asesores principales del ex candidato Enríquez-Ominami.
[cita tipo=»destaque»]La concurrencia de Cristina Bitar como testigo servirá para aclarar un episodio crucial en la causa, porque abrió la arista de un posible cohecho y dirigió la investigación, que hasta entonces estaba centrada en Penta, hacia la minera SQM. Se trata de un cheque que fue depositado en la cuenta bancaria de Bitar en agosto de 2009 por María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, dinero que provenía de una boleta emitida por De la Cerda a SQM.[/cita]
Con su declaración en el juicio, el organismo persecutor busca acreditar la acusación por varios delitos tributarios contra ME-O y su ex asesor, Cristián Warner. Cabe mencionar que Feres, junto a otras 57 personas, fue sobreseído en esta causa porque los delitos tributarios por los que se le investigó estarían prescritos, al haber transcurrido más de cinco años.
Feres –tras dejar atrás esa campaña de ME-O– se instaló en Azerta, la consultora de lobby y comunicación estratégica, la que dejó cuando decidió asesorar a Felipe Kast, actualmente senador por La Araucanía y ex presidenciable de Evópoli. En octubre del 2017, regresó a Azerta como jefe de un nuevo departamento al interior de la agencia, el área de Estudios Sociales.
Una de las fundadoras de Azerta es la economista Cristina Bitar, sobrina del ex ministro Sergio Bitar, pero ligada políticamente a Joaquín Lavín. En relación con este vínculo es que la Fiscalía la cita a declarar como testigo.
Particularmente, se busca detallar la verdadera naturaleza de las siete facturas emitidas por Asesorías e Inversiones LIMA Limitada, en la que participó Bitar y que recibió pagos de SQM por un total de 185 millones. Las fechas en que fueron emitidas estas facturas, entre 2009 y 2010, coinciden con la fallida campaña al Senado de Joaquín Lavín y justamente la Fiscalía quiere precisar su rol allí. Bitar fue la “gerenta” de la campaña presidencial de Lavín en 2005.
Paralelamente, la concurrencia de Cristina Bitar como testigo servirá para aclarar un episodio crucial en la causa, porque abrió la arista de un posible cohecho y dirigió la investigación, que hasta entonces estaba centrada en Penta, hacia la minera SQM. Se trata de un cheque que fue depositado en la cuenta bancaria de Bitar en agosto de 2009 por María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, dinero que provenía de una boleta emitida por De la Cerda a SQM.
Pero en los fragmentos de su declaración, que han sido publicados en la prensa, Bitar ha dicho que ese cheque correspondía a los reembolsos que habitualmente le llegaban por los gastos de campaña que hacía y que el encargado de los dineros de campaña era el fallecido rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy, padre del ex timonel de la UDI del mismo nombre.
Una de las aristas que el Ministerio Público quiere afinar, gracias a los testimonios que surjan en el juicio oral, es la que tiene relación con el financiamiento ilegal del PPD a través del mecanismo de triangulaciones de dineros y boletas por servicios no prestados. En este contexto, será citado también a declarar el periodista Juan Walker Edwards, ex director del diario La Nación y que en las nóminas de la Cámara Alta figura actualmente como asesor del senador PPD Guido Girardi, de quien fue su jefe de gabinete.
Para la Fiscalía constituye una pieza clave en el intento de dilucidar con precisión el destino de los pagos que recibió desde SQM la corporación Chile Ambiente, dirigida por el ingeniero Patricio Rodrigo, quien se acogió a la salida alternativa del juicio abreviado y ya fue condenado a una pena remitida de 600 días, además del pago de una multa a beneficio fiscal.
El Ministerio Público interrogará a Walker Edwards para obtener detalles de las charlas que el ambientalista Patricio Rodrigo dio a SQM. En total fueron 12, entre 2011 y 2012, el mismo período en que la corporación recibió $57 millones que sirvieron para cofinanciar al PPD. En efecto, Rodrigo, ex asesor de Girardi, afirmó en su declaración que aceptó participar en este esquema por petición de la directiva del PPD, encabezada entonces por Carolina Tohá, quien también será llamada como testigo. El testimonio de Juan Walker servirá de insumo para la acusación contra Luis Matte Lira, otro de los acusados, ex tesorero del Partido por la Democracia.
Entre las pruebas que tiene la Fiscalía para acreditar que SQM seguía de cerca la tramitación en el Congreso de los proyectos que tocaban sus intereses, como el del royalty minero, están unas cadenas de correo electrónicos entre los altos ejecutivos de SQM, Patricio Contesse y Patricio de Solminihac, con Carlos Correa, hijo de Enrique Correa, quien por entonces era parte importante de Imaginacción.
En tales emails, fechados en febrero de 2012, De Solminihac le envía a Contesse y a Pauline de Vidts, a la sazón vicepresidenta de sustentabilidad de la minera, los informes elaborados por Carlos Correa, hijo del fundador de Imaginacción, y Denisse Schlessinger, quien formaba parte del equipo de la consultora al momento de enviarse los correos. Los informes consignan la discusión sobre el litio en redes sociales y un resumen de la sesión especial que el Senado había desarrollado semanas atrás sobre la situación del momento y el futuro de su explotación.
Imaginacción ha reconocido que SQM está entre sus clientes desde hace una década por lo menos. Entre enero de 2008 y diciembre de 2014, facturó a la minera no metálica de Julio Ponce Lerou un monto cercano a los mil millones –$919.500.000–.
