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Asimismo, los parlamentarios aclararon que esta ley tuvo su origen en el año 2008 en un mensaje presidencial que señalaba que dicha legislación tendría como líneas esenciales definir «cuáles son las actividades de gestión de intereses, creando un registro en el cual los agentes que se dediquen a esta actividad deban inscribirse».
Los senadores Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla definieron como un avance la presentación de la moción que modifica la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, a fin de incluir en dicha normativa a las autoridades electas.
Asimismo, los parlamentarios aclararon que esta ley tuvo su origen en el año 2008 en un mensaje presidencial que señalaba que dicha legislación tendría como líneas esenciales definir «cuáles son las actividades de gestión de intereses, creando un registro en el cual los agentes que se dediquen a esta actividad deban inscribirse».
De igual manera, los legisladores señalaron que el cuerpo legal buscó regular de manera estricta la actividad del lobby y las demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y la probidad en la gestión pública.
Además, los senadores recordaron que la legislación fue modificada por la Ley N° 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales, la cual incluyó a los gobernadores regionales como sujetos pasivos de la ley, siendo la única modificación que ha sufrido desde que fue publicada en marzo del año 2014.
“De esta manera son sujetos pasivos de lobby, en general, las autoridades o personas que en función del cargo que ejercen, tienen las atribuciones para poder tomar decisiones de carácter relevante. En sus artículos 3° y 4° se hace un listado taxativo de quienes pueden ser objetos de lobby”, detallaron.
En esa línea, Huenchumilla y Provoste plantearon que existe un vacío, puesto que el cuerpo legal no se encuentran numerados como sujetos pasivos de lobby, las autoridades que han resultado electas luego de un proceso de elección popular, quienes también pueden ser objeto de gestiones destinadas a obtener determinada decisión futura.
“Esta moción se formula como una protección a la fe pública y también a la personas del futuro diputado, senador, gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal”, concluyeron.
