PAÍS
“Ni el Presidente o el Congreso Nacional pueden revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones”, dijo la Suprema ante la acusación presentada por la oposición contra Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama. En tono alarmista, el Gobierno dijo que la acción “afecta el normal funcionamiento de un Estado de Derecho” y es obra de una” mayoría ocasional”. La acusación se vota este jueves en la sala. “Como oposición tenemos los votos suficientes”, dicen sus promotores.
“No estamos invadiendo ninguna autonomía judicial”. Ese fue el mensaje de la diputada comunista, Carmen Hertz, al presentar la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema por las libertades otorgadas a condenados por violaciones de derechos humanos.
Las palabras de la también abogada de Derechos Humanos apuntaron directamente al Poder Judicial que se ha parapetado en el argumento de su autonomía para rechazar el libelo parlamentario.
“Ni el Presidente o el Congreso Nacional, pueden, en caso alguno, dice la Constitución, revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones (…) El Constituyente cierra toda discusión señalando que el ejercicio de la jurisdicción es confiado exclusiva y excluyentemente a los tribunales establecidos por la ley”, dijo esta jornada el presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Pese a la postura judicial, la diputada Hertz reivindicó el uso de la acusación constitucional, que en esta oportunidad apunta a los “supremos” Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama. «Nosotros tenemos el deber ineludible de utilizar esta herramienta, la cual estamos obligados como diputados, porque se ha vulnerado el derecho internacional», indicó la parlamentaria, acompañada de diputados de todas las bancadas de la oposición.
“Esta acusación constitucional no tiene por objeto ni revisar un fallo, ni corregirlo, no es ese el objetivo de la acusación constitucional, sino hacer objetiva la responsabilidad política que nosotros estimamos existe en estos tres magistrados que han vulnerado las normas del orden internacional, ni más ni menos que en la protección de los derechos humanos», agregó.
La acusación es firmada además por los diputados Jaime Naranjo (PS), Tomás Hirsch (PH), Marcela Hernando (PR), Ricardo Celis (PPD), Gabriel Boric (MA), Miguel Crispi (RD), Daniel Núñez (PC), Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) y Raúl Soto (DC).
Los parlamentarios fueron acompañados por organizaciones de derechos humanos, y durante la mañana, también, en la sala de la Cámara de Diputados las bancadas de oposición se manifestaron con fotografías de detenidos desaparecidos en sus escaños más un letrero con la leyenda «la acusación va».
La acción será votada en sala este jueves. “Como oposición tenemos los votos suficientes”, dijo la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda. De aprobarse, se elegirá al azar a 5 diputados que la revisarán. Los ministros serían notificados el sábado y tienen diez días para presentar su defensa. Los diputados apuestan a que el libelo sea votado en la segunda semana de septiembre.
En defensa del Poder Judicial salió el Gobierno, a través del ministro del Interior Andrés Chadwick, quien llamó a la “responsabilidad a los diputados” y planteó que la acción afecta el normal funcionamiento de un Estado de Derecho democrático.
“Nosotros tenemos una sola visión y una profunda convicción respecto a la acusación constitucional: no corresponde al Congreso Nacional hacer una acusación constitucional contra jueces por el contenido sus resoluciones judiciales”, dijo el jefe de gabinete.
Es más Chadwick relativizó el carácter de la acusación, señalando que responde a una mayoría “ocasional”. “No puede ser que una mayoría ocasional de parlamentarios se inmiscuya en el contenido de las resoluciones, los jueces son plenamente independientes en el contenido de sus fallos y eso debe ser respetado por todo en democracia”, dijo.
Además, desplegó un argumento jurídico: “los fallos deben ser siempre respetados” y en tal sentido dijo que promover una acusación “no es una conducta que respete el marco democrático”.
Es más, insistió en que “falta responsabilidad institucional en quienes promueven esta acusación” y planteó que “es la institución de la Cámara de Diputados la que debe tomar conciencia de su responsabilidad institucional”.
La diputada Hertz explicó que el libelo consta de dos capítulos: “uno que apunta a la falta de convencionalidad que los magistrados están obligados en materia de DDHH y que un fallo contra el Estado de Chile, como lo es Almonacid Arellano contra el Estado de Chile, estableció como imperativo, que es el ajustar los fallos al orden internacional en materia de Derechos Humanos”.
La diputada agregó que el segundo capítulo de la acusación sostiene que al entregar las libertades condicionales sin concurrir los requisitos que el orden internacional impone, evidencia “una forma enmascarada de impunidad”. “La impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio, está prohibida por el orden internacional. Se están infringiendo con esto, elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional”, detalló.
