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En medio de la crisis detonada por la salida de Dorothy Pérez del cargo de subcontralora, quien presentó un recurso de protección para revertir su remoción, el titular del ente fiscalizador defendió su decisión. Asegura que “es la correcta y la ajustada a derecho” y lo hizo por “el prestigio de la institución”. [ACTUALIZADA]
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, defendió su rol y aseguró que “cualquier Gobierno puede estar molesto con un contralor que no es obsecuente con el poder”.
La declaración se produce en momentos en que la autoridad del organismo fiscalizador sufre un duro embate debido a la crisis detonada con la destitución de la subcontralora Dorothy Pérez y el nombramiento en su puesto de la abogada María Soledad Frindt.
La ex subcontralora presentó un recurso de protección en tribunales, en donde acusa hostigamiento de su ex superior y pide que se le reintegre en su cargo, argumentando que la remoción fue un procedimiento “ilegal y arbitrario”.
Entrevistado en CNN Chile, Bermúdez defendió su decisión, señalando que lo hizo “por el prestigio institucional”, y que está convencido que la determinación que tomó “es la correcta y la ajustada a derecho”. En esta línea, aludió a la citación a declarar de Pérez como testigo en el denominado caso “Pacogate”, aunque la abogada ha sido enfática en que no tiene vínculo alguno con el caso.
Bermúdez se encuentra en una posición delicada, tomando en cuenta su falta de nexos políticos además de las controvertidas resoluciones emitidas por el organismo, como la decisión sobre el reglamento de objeción de conciencia para la Ley de Aborto en tres causales, que le han hecho sumar más enemigos que amigos.
Pero él asume que “he sido incómodo porque los políticos no han visto en el contralor una persona a la que pueda influenciar”. Y reconoce además que no tiene redes políticas: “Uno tiene sus propias convicciones, pero desde el día 1 yo dije que soy del partido de la probidad y de la lucha contra la corrupción”.
Junto con ello, apuntó que Contraloría una serie de casos de corrupción en instituciones como la Armada, Ejército y Carabineros, que involucrarían miles de millones de pesos, especialmente relacionados con la compra de material bélico.
“Creemos que puede haber delito y, por lo tanto, tenemos que hacer la denuncia ante el Ministerio Público”, apuntó.
En la entrevista, el contralor comentó acerca de los beneficios que se han entregado a violadores de derechos humanos y dejó en claro que es contrario a estos, incluyendo los indultos presidenciales a presos de Punta Peuco.
Consultado acerca de entregar indultos a criminales de lesa humanidad, fue enfático en que «yo no adoptaría esa decisión (…) me costaría mucho en lo personal. No quiero, pero estaría obligado a hacerlo si es que eso no estuviera exento del trámite de toma de razón”.
“Estamos hablando de crímenes del Estado a través de sus agentes a sus propios ciudadanos, eso es muy grave”, dijo a Mónica Rincón.
Bermúdez detalló que “hay una cuestión ética detrás. No estoy de acuerdo y, por lo mismo, cuando uno no está de acuerdo tiene que ver la forma en que enfrenta esa situación. Yo creo que la forma era que no tenga la revisión que tiene que hacer la Contraloría porque no puede aportar nada a eso”, comentó.
“Tendría que hacer una objeción de conciencia sobre esto. Cuando uno está frente a este tipo de ilícitos, tampoco deberían proceder los beneficios”, dijo.
