PAÍS
El partido de centroizquierda y de reconocido corte ambientalista recibió –además de 57 millones ilegales desde la minera no metálica– un aporte de otros 30 millones desde la empresa Energía Coyanco S.A., en la que participan el ex presidente de la CPC, el hombre fuerte de Parque Arauco y el socio de Consorcio y Embotelladora Andina. La operación es parte de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía en el juicio oral para establecer los mecanismos de financiamiento a dicha colectividad política.
En el marco de la investigación que involucra aportes ilegales a la política desde la minera SQM, el equipo que lidera el fiscal Pablo Gómez consiguió establecer que un total de $57 millones llegaron desde la empresa que controlaba el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, al partido fundado por Ricardo Lagos Escobar a fines de la década del 80, el PPD.
Este cruce ideológico no es el único que hace tambalear la identidad de esta colectividad, porque en la investigación del caso, que pronto iniciará su etapa de juicio oral, también está consignada la donación de $30 millones que hizo a dicho partido –en julio de 2011– la compañía del rubro energético Coyanco S.A. El dinero fue entregado a través de la ONG Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, Chile Ambiente, la misma que recibió fondos para el PPD, de manera ilegal, desde SQM.
Esta información surgió gracias a la incautación de documentación que realizó la PDI desde las oficinas de Coyanco S.A., ubicadas en calle Isidora Goyenechea, de la comuna de Las Condes.
La Corporación Chile Ambiente, encabezada por el ingeniero ambientalista Patricio Rodrigo –quien fuera estrecho colaborador del senador PPD Guido Girardi– fue inscrita en el Servel solo meses antes de recibir la donación de Coyanco S.A., presumiblemente para poder recibirla.
[cita tipo=»destaque»]Después de esa conversación con la directiva del PPD, Claro instruye a Hernán Abad Castello –gerente general de Coyanco– para que concrete la donación. Según los datos de la Fiscalía, estos pagos se hicieron en dos cuotas de 15 millones cada una, la primera el 4 de julio de 2011 y la segunda el día 6. No eran tiempos fáciles para dicho partido, que se encontraba en la oposición, en pleno primer Gobierno de Sebastián Piñera.[/cita]
Coyanco S.A. maneja la central hidroeléctrica de paso Guayacán en el Cajón del Maipo y declara su compromiso con la sustentabilidad y las energías renovables no convencionales. La firma pertenece al grupo Energía Llaima, en el que participan importantes empresarios, siendo su principal gestor Juan Claro González, ex presidente de la CPC. También forman parte de dicha sociedad José Antonio Garcés Silva y Salvador Said, a quienes –a pesar del papel que cumplen en la empresa– el fiscal Gómez optó por no citarlos a declarar como testigos.
Adicionalmente, es información pública que el grupo Said rectificó ante el SII la suma de 663 millones que Inversiones Caburga –una de sus sociedades– entregó irregularmente a distintas personas asociadas a la política entre los años 2009 y 2014.
A pesar de su relación con Garcés Silva, el perfil de Juan Claro está lejos de ser el de un ferviente católico como su socio. En los años 70, Claro –principal articulador de la donación al PPD– perteneció al grupo de seguidores del argentino Mario Rodríguez (Silo), aunque después se alejó de este movimiento, que con el tiempo derivó en la formación del Partido Humanista.
Nunca perdió su contacto con la política. Claro fue presidente de la CPC (2002-2004) y de la Sofofa (2001-2005), cargos gremiales que lo convirtieron en un referente de los empresarios para el mundo político, al punto que en más de una ocasión su nombre ha sonado como una posible carta presidencial.
Ese fue parte del contexto que Claro entregó a los fiscales cuando declaró en 2016 en el caso SQM, con el cual explicó, por ejemplo, su reunión con Pepe Auth y Carolina Tohá en 2011. «(PPD) había perdido gran parte de su capacidad de ser un interlocutor técnico con esta posición constructiva que había tenido anteriormente. Fue entonces que me contactó la nueva directiva del PPD encabezada por Carolina Tohá y yo quería colaborar con ellos para mejorar la calidad de la política», afirmó el empresario ante el Ministerio Público.
Después de esa conversación con la directiva del PPD, Claro instruye a Hernán Abad Castello –gerente general de Coyanco– para que concrete la donación. Según los datos de la Fiscalía, estos pagos se hicieron en dos cuotas de 15 millones cada una, la primera el 4 de julio de 2011 y la segunda el día 6. No eran tiempos fáciles para dicho partido, que se encontraba en la oposición, en pleno primer Gobierno de Sebastián Piñera.
En la gestión de este aporte también participó Luis Matte Lira, formalizado y acusado en esta causa por los aportes ilegales de SQM al PPD.
No era fácil que la ONG Chile Ambiente recibiera dinero de una compañía con un fuerte impulso en la gestación de proyectos energéticos, como la central El Canelo, enérgicamente resistida por los vecinos de San José de Maipo. De hecho, Patricio Rodrigo dijo a los fiscales que habían asesorado al grupo que se oponía al proyecto, no obstante haber recibido el aporte desde Coyanco S.A.
El PPD es uno de los partidos que ha cuestionado públicamente la privatización del recurso agua, pero eso no fue impedimento para solicitar y recibir recursos de Juan Claro y sus socios, quienes para sus proyectos energéticos adquirieron, justamente a partir de 2011, importantes derechos de agua en sectores desde la VI a X regiones.
En el caso de las platas de Coyanco S.A., la Fiscalía citará a declarar a Juan Claro y a su gerente Hernán Abad. Sin embargo –como se señaló anteriormente– excluyó del juicio oral a sus socios, Garcés Silva y Salvador Said.
