El presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Bio Bio, Rosen Arroyo, valoró la condena al ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, aunque pidió a la Fiscalía que no deje de perseguir la responsabilidad penal por cohecho de las pesqueras, sobre todo las de la zona centro sur asociadas en Asipes.
El presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Bio Bio (Fedepes Bio Bio), Rosendo Arroyo, valoró la condena al ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por financiamiento ilegal de la política. Sin embargo, alertó que “aquí las pesqueras, las verdaderas beneficiadas con la Ley Longueira, están pasando coladas”.
Arroyo señaló que «el gerente es un empleado, un funcionario; que lo sancionen está bien, pero la cosa no termina ahí. Mientras las siete familias, los dueños de la pesca en Chile, sigan manteniendo los derechos que compraron a la mala, los pescadores artesanales seguiremos pasando penurias».
«Fíjense que a ellos la justicia no les ha quitado ni una sardina, y a nosotros nos tienen hace cinco años con un tercio de la cuota que recibíamos antes de la ley. ¡De qué nos sirve un gerente preso o pagando una multa, si esa plata nosotros no la vamos a ver!», agregó el dirigente.
Rosendo Arroyo pidió a la Fiscalía que no deje de perseguir la responsabilidad penal por cohecho de las pesqueras, sobre todo las de la zona centro sur asociadas en Asipes. «El Ministerio Público hace un tiempo dijo que buscaría que con la Ley 20.393 sean las pesqueras, que son las que tienen las cuotas, las sancionadas. Si recibieron las cuotas pagándole a los políticos cae de maduro que la justicia se las quite. Eso ahora se puede hacer con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas».
El presidente de la Fedepes Bio Bio agregó que “es el colmo que ahora Camanchaca, como antes Landes, amenacen con que no van a invertir porque, por ejemplo, el proyecto de Ley Corta nos les gustó. O sea que no solo les pagan a políticos para que les hagan una ley a su pinta y no les quiten ni un solo privilegio, sino que además amenazan con irse si no les dan lo que quieren. Eso es presionar al gobierno y a la justicia por el bolsillo”.