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El documento del CDE insiste además en que la resolución del Noveno Juzgado Civil no cumple con un rol «ejemplificador», porque «el mensaje para las empresas es muy claro: inviertan en seguridad de sus trabajadores, pero sin exagerar” porque “al fin y al cabo el Estado responderá”.
En un escrito de 26 páginas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) impugnó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el fallo del Noveno Juzgado Civil que condenó al Fisco a indemnizar con 2.480 millones de pesos a 31 de los 33 mineros rescatados de la mina San José.
De acuerdo al organismo fiscal, el fallo «no sólo es un desacierto desde la perspectiva estrictamente normativa, sino que también desde un punto de vista teleológico, al poner al Estado en una posición de ‘asegurador universal’ de todas las actividades productivas».
Según revela La Tercera, el documento del CDE insiste en que la resolución del tribunal no cumple con un rol «ejemplificador», porque «el mensaje para las empresas es muy claro: inviertan en seguridad de sus trabajadores, pero sin exagerar, al fin y al cabo el Estado (todos los chilenos) responderá de cualquier daño que irrogue a sus empleados la actividad riesgosa que les reporta utilidades».
Cabe recordar que en el fallo, la magistrada del Noveno Juzgado Civil de Santiago, Lidia Poza Matus condenó al Fisco a pagar una indemnización de 80 millones de pesos a cada uno de los 31 mineros demandantes, y estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento donde, producto de un derrumbe, quedaron atrapados los trabajadores.
El documento agrega que «no debe perderse de vista que más allá de la angustia vivida durante el tiempo del enclaustramiento, todos y cada uno de los demandantes fueron rescatados ilesos (…) ninguno de ellos quedó incapacitado para desarrollar actividades lucrativas».
“No puede pasarse por alto que si bien la experiencia traumática vivida por los actores probablemente quedará en su memoria para siempre, también en esa misma memoria estarán todos los viajes por el mundo que realizaron y a los que fueron invitados por autoridades e instituciones de la más variada índole, al igual que oportunidad que tuvieron de conocer a diversas personalidades del mundo del cine, la música, la política internacional y el deporte”, señala el escrito.
En tal sentido, menciona además algunos beneficios recibidos por estos trabajadores, entre los que están los más de 34 millones de pesos aportados a través de la cuenta 3333, Chile por los Mineros y los $165 millones donados por el empresario Leonardo Farkas.
En cuanto a los montos que el Estado deberá desembolsar de confirmarse la sentencia del Noveno Juzgado Civil, el CDE estima que «si se efectúa la proyección del total que el Estado pagará en pensiones a favor de los demandantes se llega a una cifra que superará los $5.500.000.000, libre de impuestos y recargos».
En este contexto, señala que los trabajadores quedan en una “situación de privilegio innegable”, porque al calcular la esperanza de vida equivale a $ 386.340 mensuales para cada minero, superior a la “realidad nacional, donde más del 50% de los trabajadores gana menos de 380.000 pesos», dice el documento.
