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La determinación del Servicio de Evaluación Ambiental revirtió el rechazo que había recibido la Mina Invierno, en enero pasado, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes. La resolución del SEA aún no es definitiva, ya que se puede apelar ante el Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia) y, en última instancia, ante la Corte Suprema. Greenpeace acusó que con esta aprobación “se cae a pedazos el supuesto compromiso del Gobierno con las energías renovables”.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio luz verde al uso de tronaduras en la Mina Invierno en Isla Riesco, en la Región de Magallanes, pese a la fuerte oposición de ONGs que sostienen que el proyecto no va en la dirección del desarrollo sustentable.
De esta forma, la determinación del SEA revirtió el rechazo que había recibido la Mina Invierno, en enero pasado, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes que, con el voto en contra del entonces intendente Jorge Flies, se opuso a las tronaduras.
Hoy, sin embargo, el SEA permitió la «incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno», según dio a conocer Nelly Núñez, la directora regional subrogante del organismo.
La autorización considera un escenario de cuatro tronaduras semanales, lo que produce, a su vez, la generación de 120 kg/mes de cajas de embalajes, las que serán quemadas in situ a una frecuencia máxima del orden de cuatro quemas al mes.
No obstante lo anterior, la resolución del SEA aún no es definitiva, ya que se puede apelar durante los siguientes 30 días ante el Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia). De no prosperar el reclamo ambientalista, la última instancia judicial es la Corte Suprema.
En Mina Invierno participan en partes iguales las familias Angelini y Von Appen, a través del grupo Copec y del grupo Ultramar, respectivamente, y está ubicada en la austral comuna de Río Verde.
Durante el proceso de espera del recurso de reclamación, la minera había advertido que, de no conseguir los permisos ambientales para utilizar las tronaduras, no sería rentable seguir adelante con la iniciativa y amenazaron con comenzar con las desvinculaciones de parte de los 1.200 funcionarios de la compañía.
Una vez conocida la resolución del SEA, la organización ambientalista Greenpeace apuntó con todo al Ejecutivo, señalando que la aprobación de las tronaduras en Isla Riesco refleja que “se cae a pedazos el supuesto compromiso del Gobierno con las energías renovables”. Por eso, exigió explicaciones de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
La entidad explicó que “el Gobierno acaba de aprobar su beneplácito para que se vuele un pedazo de la Patagonia y así se siga produciendo carbón a bajo costo. Dicho de manera simple: el Gobierno acaba de subsidiar a una empresa privada para que genere combustibles fósiles a bajo precio y pueda seguir siendo un negocio rentable”.
Para Greenpeace, “lo más grave es que esta resolución se produce en medio de la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví, donde sus habitantes están siendo intoxicados en parte por el carbón que llega precisamente desde Isla Riesco. Con las tronaduras aprobadas, solo es de esperar que llegue más carbón a esta zona de sacrificio”.
