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Durante su gestión, la nuera de Lavín internalizó servicios para hacerla más eficiente, pero las denuncias por cobros erróneos y roturas de calles han aumentado y se cobra a los usuarios por un «plan de desarrollo» al que la empresa está obligada por ley, pero que este año tiene serios retrasos. Si la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscaliza y le cursa multas, se podría ver el fin de su concesión. Para algunos, eso es solo el camino administrativo para tratar de privatizar la última agua municipal de la Región Metropolitana.
Entre los 54 millones que la Municipalidad de Maipú gastó en muñecos de peluche, estaba “Smapina”, una gota de peluche que calza botines y un gorro amarillo, que –según la explicación de la alcaldesa Cathy Barriga– es parte de una campaña medioambiental para concientizar sobre el buen uso del agua.
Puede que los peluches sean el gasto más visible relacionado con Smapa, la empresa sanitaria municipal que abastece a cerca de 200 mil clientes de Maipú, Cerrillos y Estación Central, con una de las tarifas más bajas del país y que –de acuerdo a lo descrito en el sitio corporativo– es a partir de 1950 el “tesoro» de la comuna que desde 2016 dirige Barriga, nuera del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
Pero el tesoro está a maltraer. Todas las empresas sanitarias están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que fija las tarifas del metro cúbico de agua sobre la base de una serie de índices de cumplimiento contemplados en un plan de desarrollo. En la práctica, el plan implica obras de infraestructura como pozos y estanques u otras de mantenimiento, que permiten mantener la calidad del servicio.
En el caso de Smapa, el plan es a 15 años plazo. El 2016, la ejecución de los proyectos comprometidos ya era crítica, llegando al 6%, pero desde 2017 –la actual alcaldesa asumió el 6 de diciembre de 2016– el cumplimiento llegó a 5% del total y, en lo que va del 2018, la ejecución ha sido nula, según aseguran la diputada Claudia Mix de Poder Ciudadano (partido del Frente Amplio), el concejal del Partido Comunista Ariel Ramos y el presidente de la Asociación de Funcionarios de Smapa, Pedro Aguirre.
El punto es que los 21 mil millones que están destinados como “gasto fijo” desde 2016 a 2018, para cumplir con el plan de desarrollo, se cobran como un ítem más en la cuenta de los usuarios. “No sabemos cuál es la justificación, por qué no se ha avanzado. Se internalizaron algunos servicios con el fin de hacer más eficientes los costos, pero sin aumentar el número de funcionarios municipales encargados de algunas tareas. Esto ha provocado que aumenten las denuncias por roturas, filtraciones y gente a la que se le calcula mal la cuenta con cobros extra”, dijo Mix.
[cita tipo=»destaque»]La Siss no ha tenido una especial mano dura con la sanitaria de Maipú. Al contrario. La multa más reciente corresponde al primer trimestre de 2017 por un total de 16 millones de pesos, por fallas en la “calidad del servicio”, pero nada respecto del plan del desarrollo al que la empresa está obligada. “Aquí lo que sospechamos es que hay un ‘dejar hacer’ por parte de la superintendencia o la certeza de que, si hay problemas, se pueden negociar políticamente. Un concejal (Ariel Ramos) preguntó en la Siss por la empresa y le dijeron que funcionaba extraordinariamente bien”, sentenció Aguirre.[/cita]
La parlamentaria aseguró que la administración de la alcaldesa Barriga no incluyó en la glosa presupuestaria de 2018 el financiamiento de los gastos fijos para la oficina de Smapa. “Los funcionarios tienen que ingeniárselas para sacar una fotocopia o tener los insumos necesarios para trabajar. Esperemos que la alcaldesa vuelva a incluir este gasto en el próximo presupuesto”, agregó.
Para Aguirre, de la asociación de funcionarios, el incumplimiento del plan de desarrollo al que está obligada la empresa municipal se traduce en que “solo se han hecho 9 de los 18 pozos proyectados y 6 estanques que no se han hecho. Los que hay nuevos son simples agujeros que necesitan una licitación para ser terminados. Lo que se ha hecho, no es sustancial respecto de lo que se adeuda en obras”.
Los antecedentes más concretos de una posible privatización de Smapa datan del primer período de Alberto Undurraga como alcalde en dicha comuna, entre 2004 y 2008, intento que fue rechazado.
Dejar inconclusa una obra o no terminarla por falta de presupuesto, puede ser una postal clásica de casi cualquier gestión municipal, pero en el caso de las empresas sanitarias es una causal para determinar la caducidad de la concesión. Esto significa que el “tesoro de Maipú” podría –si así lo determina la superintendencia– volver a licitarse y quedar en manos de un privado. De ser así, el más probable oferente sería Aguas Andinas, que ya tiene un contrato con dicho municipio debido a que Smapa solo distribuye, ya que el tratamiento de aguas servidas va por cuenta de la transnacional.
Aguas Andinas es una sociedad anónima controlada por la sociedad Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM). El accionista mayoritario de IAM es Suez IAGSA (Inversiones Aguas del Gran Santiago), esta última es controlada por la Sociedad General de Aguas Barcelona, que es propiedad del grupo Suez (100%), conglomerado conocido ahora como Engie, de origen franco-belga.
«Hay mala administración tratándose de una empresa muy rentable y, aunque sería irresponsable decir que es una intención de la actual alcaldesa, la privatización es un riesgo que siempre existe. Si la superintendencia empieza a cursar multas por el atraso en el plan de desarrollo comprometido, se podría determinar la caducidad de la concesión”, afirmó el concejal Ramos.
«Tenemos todo el derecho a suponerlo”, añadió Mix sobre una posible privatización. Una posibilidad que la alcaldesa Barriga ha descartado en público, pero que en los hechos –agregó la parlamentaria– representa «una vía administrativa que las empresas fuerzan para luego concretar. En este caso, significa aplicar multas para finalmente caducar la concesión”.
La Siss no ha tenido una especial mano dura con la sanitaria de Maipú. Al contrario. La multa más reciente corresponde al primer trimestre de 2017 por un total de 16 millones de pesos, por fallas en la “calidad del servicio”, pero nada respecto del plan del desarrollo al que la empresa está obligada. “Aquí lo que sospechamos es que hay un ‘dejar hacer’ por parte de la superintendencia o la certeza de que, si hay problemas, se pueden negociar políticamente. Un concejal (Ariel Ramos) preguntó en la Siss por la empresa y le dijeron que funcionaba extraordinariamente bien”, sentenció Aguirre.
El representante de los funcionarios también criticó el proceso de internalización de algunas labores especializadas, porque ha triplicado las denuncias por cobros erróneos y actividades deficientes de mantención y reparación: “Se hizo una internalización de servicios sin calcular los costos ni advertir que se necesitan especialistas”.
Paralelamente, el ex director de la sanitaria desde 2011 hasta el año pasado, Juan Rodrigo Alvarado, enfrenta una querella de la municipalidad por supuesto fraude.
La alcaldesa y ex bailarina de Mekano es parte del clan Lavín, casada con el mayor de los hijos del ex presidenciable de la UDI, el diputado del mismo nombre. Un parentesco que inevitablemente sale a la palestra ante los rumores de privatización del agua en Maipú.
Es que fue Lavín quien, mientras era alcalde de Santiago –después de su primer intento presidencial–, vendió los derechos de agua municipales de dicha comuna, por un total de $6.500 millones el año 2002. Una operación que fue altamente criticada a nivel político en esa época y que supuestamente se llevó a cabo para pagar parte de la deuda de arrastre que le dejó su antecesor, Jaime Ravinet.
Pero la maniobra fue un fracaso, porque además de agotarse esos $6.500 millones, ha significado un gasto extra para las siguientes administraciones municipales. Uno que antes no tenían.
“Creo que la alcaldesa no tiene ningún interés en cumplir con el plan de desarrollo, está dejando el cacho para el próximo que venga”, apuntó Mix. Por ahora, no podemos saberlo, pues –al cierre de esta edición– desde la Municipalidad no quisieron referirse a este tema.
