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La persecución a defensores de los Derechos Humanos es una realidad de la que, de a poco, se toma conciencia en nuestro país. La muerte de “El Mecha” revivió el caso de Macarena Valdés –ambientalista que murió en el año 2016–, el que aún no es aclarado por la justicia. Dos activistas cuyas muertes, ocurridas en medio de un conflicto medioambiental, fueron declaradas por las autoridades como un suicidio, versión que las familias y conocidos se niegan a creer. Casos que prenden una alerta, en un continente en donde más de 200 activistas fueron asesinados durante el 2017.
En la muerte de Alejandro Castro en medio del conflicto ambiental que afecta a la zona de Quintero y Puchuncaví, hay un manto de dudas sobre sus causas reales que ha movilizado a gran parte de los vecinos del lugar, organizaciones de DDHH y al mundo político, con el fin de esclarecer un hecho que puede sumarse a una realidad que parece lejana en Chile, pero que es pan de cada día en países como Colombia, Venezuela, Brasil y México: la persecución y asesinato tanto de activistas como defensores de Derechos Humanos.
«El Mecha», como era conocido en el mundo organizado en la zona, fue encontrado muerto en la madrugada del 4 de octubre, colgado de su mochila en la reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso. El día anterior, el ex secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales C-24 había asistido a una marcha para visibilizar el conflicto en la ciudad puerto y, según asistentes a la manifestación, se le vio “normal, como siempre”. Su pareja, Polett Urrutia, recordó, en una entrevista dada a The Clinic, que estuvo con él hasta las 22:00 horas, luego “yo me fui y él quedó solo en Valpo”.
La versión de un suicidio “sin intervención de terceros” entregada por la PDI la tarde del 4 de octubre, basada en el informe entregado por el Servicio Médico Legal (SML), no convenció a su círculo cercano, donde las alarmas se prendieron de inmediato. Su familia y el mundo social organizado de Quintero señalaron que la tesis era apresurada. “Un joven activo como él no pudo haber hecho eso, menos en esas condiciones”, recalcó esa noche a El Mostrador un dirigente de los pescadores artesanales, que prefiere mantener su nombre en reserva.
De contextura delgada y ojos cafés, Alejandro tenía una voz firme para agitar a las masas. Era reconocido como un activista de “los más duros de Quintero”, llevaba años involucrado en la lucha de los pescadores artesanales, hasta había coordinado una cooperativa “para hacerles frente a los industriales” en el lugar. Días antes de su muerte, grabó un video en el que convocaba a protestar en contra de “toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado, ya que está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha que estamos haciendo como cabildo, como asamblea”.
Según la versión que ha entregado su familia, «El Mecha» había sido amenazado con anterioridad. Tras las manifestaciones del 23 de septiembre, mientras esperaba que liberaran a un grupo de vecinos detenidos por Carabineros, habría sido advertido directamente por funcionarios de la Séptima Comisaría de Santiago que fueron llevados a reforzar la zona. “Alejandro Castro, te tenemos fichado”, le habrían advertido al joven, según declaró su amiga Carolina Orellana a La Tercera. Pero, de acuerdo a la familia de Alejandro, no fue la única amenaza que recibió.
[cita tipo=»destaque»]En el caso de Macarena Valdés, al igual que en el de Alejandro Castro, se denunció una serie de amenazas y amedrentamientos antes y después de la muerte de los activistas. Hasta hoy, señala Rubén, “a la lamngen (hermana) Julia y a la lamngen Sandra, las llaman a la una de la mañana de números de centrales telefónicas amenazándolas, les decían que les iba a pasar lo mismo que a la Negra”. Agregó que fueron hasta la Fiscalía y ante las policías para denunciar las amenazas, pero “no nos tomaron en cuenta porque no eran amenazas con pruebas. Mientras yo no lo tenga grabado no existe la amenaza, son situaciones de acoso y de amedrentamiento, pero no están en la ley. Las víctimas tenemos que probar que nos amenazan”.[/cita]
Los antecedentes de esas amenazas y la presión social llevaron a que funcionarios de la PDI reconocieran la existencia de estas y se anunciara una profundización de las investigaciones. Por otra parte, la Fiscalía de Valparaíso designó a la fiscal especialista en crímenes violentos, Greta Fuchslocher, para esclarecer las causas tras su muerte.
La muerte de Castro recordó el fallecimiento del sindicalista Juan Pablo Jiménez, quien fue encontrado muerto el 21 de febrero de 2013 con un impacto de bala, mientras terminaba su turno en una empresa subcontratista de Chilectra. También revivió el caso de Macarena Valdés, activista medioambiental que fue encontrada colgada en su casa durante el 2016. La justicia definió que muerte de Jiménez se debió a una “bala loca”, mientras que el caso de Macarena sigue abierto.
La muerte de «El Mecha» se da en un contexto de alta efervescencia social. El conflicto medioambiental en Quintero y Puchuncaví, que se arrastra hace décadas, se ha visto agudizado tras una serie de episodios de intoxicaciones masivas, que incluyen a varias escuelas de la zona. La denominada “zona de sacrificio ambiental” ha sido una verdadera piedra en el zapato durante los primeros meses del Gobierno de Sebastián Piñera y ha develado una infructuosa pugna entre las empresas –que han contaminado durante décadas el lugar– y los vecinos de la zona.
Los vecinos de la zona de Ventanas y miembros del cabildo abierto de Quintero destacan que durante las últimas semanas se ha agudizado “la presencia de Carabineros, funcionarios de la Armada portan armamento en las cercanías de las industrias y se nos hace control de identidad a cada cuadra” y añaden que se han instalado Fuerzas Especiales de Carabineros de “punto fijo”, situación que han tratado de denunciar vía redes sociales.
Los especialistas en materia de Derechos Humanos recalcan que, debido a la experiencia internacional, cuando muere un activista puede existir “la sospecha de que algo debe haber pasado y se debe aclarar con una investigación rigurosa”, señala Branislav Marelic, abogado de DDHH.
Para Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional en Chile, la muerte del sindicalista “es una situación a todas luces confusa, Alejandro era un dirigente reconocido por su trabajo medioambiental. No es cualquier persona que aparezca suicidada, es de connotación pública y conocida, además están los antecedentes que había recibido amenazas, entonces hay que investigar de forma rigurosa y rápida”.
Marelic destaca que “la investigación para los defensores de Derechos Humanos que están en conflicto con algún poder, debe ser profunda, para evitar las dudas. Este tipo de casos no es delincuencia común, no es el caso de un robo o un hurto, por lo que la forma de aproximarse a este tipo de casos tiene que dar amplias garantías”.
El 22 de agosto de 2016 fue hallado el cuerpo de Macarena Valdés, «la Negra», defensora de los Derechos Humanos y medioambientales de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en la comuna de Panguipulli. Su hijo de 11 años la encontró colgada de una de las vigas de su casa, hogar en el que vivía con sus cuatro hijos y su pareja, el werkén (vocero) de la comunidad e ingeniero medioambiental, Rubén Collío.
Rubén recuerda que uno o dos días antes de su muerte, se quedó sin plata en su celular, “yo uso de esos prepago y dije: ‘Chuta, tengo que ir a cargarlo’”. “La negra le dijo «no, no salga, ya está oscuro, no se arriesgue”, cuando él iba saliendo al negocio que estaba a menos de una cuadra de su casa. En ese momento las palabras de Macarena no fueron “algo tan importante” para Collío, pero después de su muerte toman sentido: “A la Negra tienen que haberle venido a decir algo, de las amenazas que nos mandaban a decir con los vecinos y sus palabras se me han quedado dando vuelta: ‘Ya está oscuro, no se arriesgue’”.
Macarena y Rubén llegaron al sur el año 2014 –escapando del alboroto de la ciudad de Santiago– a la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en donde nació su cuarto hijo. La convivencia en el territorio era tranquila, hasta la llegada de la empresa transnacional RP Global, de capitales austriacos, para instalar una central de paso en parte del territorio de la comunidad. La línea de alta tensión de 14 kilómetros, que incluía el proyecto, pasaba por el terreno en donde se ubicaba su casa.
La Negra y Rubén se organizaron junto a la comunidad para detener la instalación del proyecto de RP Global, se opusieron al paso de la torre de alta tensión por su casa y denunciaron lo que consideraron “una serie de irregularidades cometidas por la empresa”. Durante agosto de 2016 se realizaron distintas protestas, el día 1 cortaron la ruta internacional. Estaba estipulado que el 23 de agosto la empresa haría el cambio del cableado, por lo tanto, las protestas en la zona se intensificaron. Pero el 22 de agosto Macarena Valdés fue encontrada muerta.
Macarena Valdés, reconocida ambientalista que fue hallada muerta en el año 2016.
Un mes después, el fiscal subrogante de Panguipulli, Pablo Silva, declaró a Radio Bío Bío que, tras un examen al “cuerpo y al sitio del suceso se descarta en su totalidad la participación de terceros». El informe tanatológico del SML había definido que la muerte fue debido a “asfixia por ahorcamiento”. A principios del 2017, la Fiscalía decidió cerrar el caso, tras resolver la causa como un suicidio.
Un conocedor de la causa y ex funcionario del Gobierno de Michelle Bachelet, reconoce que el Ministerio del Interior “no tuvo interés en ahondar en esta causa, se quería cerrar rápidamente”.
Durante la investigación, la familia de Macarena denunció una serie de amenazas recibidas. Su pareja recuerda que en su mayoría las “advertencias iban dirigidas hacia mi persona o era lo que los vecinos me hacían llegar, dijeron que me iban a pegar, que me iban a quemar la casa. Mi respuesta siempre fue que ‘el que quiera que venga, pero que venga dispuesto a recibir de vuelta’. Esa siempre fue mi respuesta medio entre risa, no sabía lo que iba a pasar”.
A principios de este año, la familia de la Negra pidió la reapertura del caso. Un informe privado, dirigido por el doctor Luis Ravanal y realizado tras la exhumación del cuerpo, determinó que existían indicios de que Macarena había sido colgada tras su muerte. Pero, según explica Rubén Collío, el Ministerio Público aún no realiza nuevas pericias al cuerpo, razón por la que hace un mes expuso su caso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En el caso de Macarena Valdés, al igual que en el de Alejandro Castro, se denunció una serie de amenazas y amedrentamientos antes y después de la muerte de los activistas. Hasta hoy, señala Rubén, “a la lamngen (hermana) Julia y a la lamngen Sandra, las llaman a la una de la mañana de números de centrales telefónicas amenazándolas, les decían que les iba a pasar lo mismo que a la Negra”. Agregó que fueron hasta la Fiscalía y ante las policías para denunciar las amenazas, pero “no nos tomaron en cuenta porque no eran amenazas con pruebas. Mientras yo no lo tenga grabado no existe la amenaza, son situaciones de acoso y de amedrentamiento, pero no están en la ley. Las víctimas tenemos que probar que nos amenazan”.
Rubén solo espera que se investigue bien el caso de Macarena, asegura que no va a parar aunque le digan “que soy inestable, que no he podido superar mi duelo”. Para Collío, en Chile no “todos somos iguales ante la justicia, no hay justicia para la gente pobre. A mí no me van a devolver a mi compañera, a mis hijos no les van a devolver a su mamá con que metan a tres personas a la cárcel, todas las penas no se devuelven con eso. Pero sentamos la bases claras de que no se puede hacer costumbre matar a la gente”.
En estos momentos, “las actividades más riesgosas a nivel mundial son ser defensor de derechos medioambientales y periodista”, resalta el ex director del INDH, Branislav Marelic. Según un informe de la ONG Front Line Defenders, 212 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en América Latina, cerca de un 70% de ellos corresponde a activistas ligados al mundo medioambiental y se concentran en países como Brasil y Colombia.
Una realidad que se ve bastante lejana en nuestro país, aunque según los especialistas las persecuciones y amenazas –debido al aumento de focos conflicto medioambientales en los últimos años y el aumento de la tensión en el denominado conflicto Mapuche– no se pueden ocultar bajo la alfombra.
Los denominados “defensores de los Derechos Humanos” son reconocidos a nivel internacional como tales, y cuentan con una protección especial. Hasta en Chile se les da esta calidad a algunos activistas reconocidos por el INDH, aunque la nómina es más acotada de lo que establece la relatoría especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Por su parte, en la página de Amnistía Internacional existe un registro latinoamericano de aquellos que han sido objeto de persecuciones, en el que también se incluye a chilenos.
Ante el ascenso de asesinatos de activistas, Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas, destacó que “esta violencia no es aleatoria. He llegado a la conclusión de que estos incidentes no son actos aislados. Son ataques orquestados contra quienes intentan incorporar el ideal de la Declaración Universal de Derechos Humanos para llegar a un mundo libre de miedo y miseria”.
Y Chile no es un país aislado de esta realidad. Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento por la Recuperación del Agua, Modatima, ha contado con protección especial debido a una serie de amenazas de muerte en su contra. “Me parece que la institucionalidad vigente, el modelo de despojo, la privatización de los bienes naturales comunes, son el espacio sagrado que facilita las acciones de abusos de poder (…) las mujeres y hombres, a título personal u organizados en torno a estas batallas, son sujetos de criminalización, persecución, censura y agresiones”.
El abogado Marelic recalca que “de a poco se está tomando conciencia de que esta es una realidad en el país, no solo en Brasil y Centroamérica” y lo compara con los casos de corrupción: “Se pensaba que Chile estaba protegido de la corrupción, pero estallaron los casos como Penta y SQM y luego ha habido una evolución en materia de probidad y transparencia”.
