PAÍS
La administración Piñera entregó ante el organismo internacional su interpretación del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado por el Gobierno de Bachelet con el Movilh, señalando que el Estado no ha asumido el compromiso de aprobar una ley de matrimonio igualitario. “Chile se ha caracterizado por cumplir sus compromisos internacionales, sería desastroso que esta tradición se rompiera”, replicaron desde el Movilh.
Sorpresa ha provocado la postura expresada por el Gobierno de Sebastián Piñera ante la Comisión Interamericana de DD.HH. de negar que exista un compromiso de avanzar en materia de matrimonio igualitario.
Representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería comparecieron en Colorado, Estados Unidos, a una citación de la CIDH junto al relator de este organismo para Chile, el colombiano Luis Ernesto Vargas, y los abogados Ciro Colombara y Hunter Carter, representantes del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh).
En 2012, el Movilh presentó una demanda contra el Estado por denegación del matrimonio para parejas del mismo sexo. La acción fue paralizada en 2016, cuando se llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Gobierno de Michelle Bachelet. Según el Movilh, dicho acuerdo pasa por impulsar el matrimonio igualitario, y de hecho en agosto de 2017 la administración de Bachelet ingresó un proyecto en esa línea al Congreso.
“El Estado chileno, a través del pasado Gobierno de la Presidenta Bachelet, ha cumplido con varios elementos del ASA, pero falta mucho aún, entre las deudas se encuentra el matrimonio igualitario”, ha sostenido el abogado Carter, representante del Movilh.
Sin embargo, la postura de la administración Piñera es diametralmente distinta. Así quedó reflejado en la reunión concretada en el marco del 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, y además en una minuta de la subsecretaria de DDHH. En este documento se recalca que “el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete” a otro poder, el Legislativo, detalla La Tercera.
“El Movilh argumenta que el Estado no ha cumplido su compromiso en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. En efecto, de acuerdo al comunicado de Rolando Jiménez, ‘tanto el Estado de Chile como nosotros y la CIDH asumimos el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario, con miras a su aprobación’ (…) sin embargo, la firma del acuerdo nunca significó que el Ejecutivo, cualquiera fuera el Presidente, debiese asumir el compromiso de promover el proyecto en el Congreso, o bien de obtener la aprobación del mismo”, señala la minuta.
En tal sentido, añade que la “Presidenta Michelle Bachelet no podría haber obligado a su sucesor, a través un acuerdo de solución amistosa, a promover activamente y obtener la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley sobre materias en la que existen naturales diferencias de opinión. Asumir lo contrario podría plantear un problema de constitucionalidad, puesto que ello implicaría aceptar que decisiones adoptadas por administraciones pasadas puedan limitar el ejercicio actual y soberano de las atribuciones constitucionales que son propias del Presidente de la República en relación al artículo 32 de la Constitución”.
Para el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, “afirmar que este gobierno ha impulsado el matrimonio igualitario o que ya ha cumplido con el ASA es una falacia”.
“Tanto el Estado de Chile, como nosotros y la CIDH asumimos el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario, con miras a su aprobación. Ello debe cumplirlo sea cual sea el Gobierno de turno. Chile se ha caracterizado por cumplir sus compromisos internacionales, sería desastroso que esta tradición se rompiera”, sostuvo Jiménez.
Con todo, el Movilh espera que “el Gobierno sea un colaborador con el cumplimiento de los compromisos del Estado de todos los chilenos y chilenas. Lo animamos a ello. El ASA solo busca mejorar la calidad de vida de las personas y confiamos en que el presidente Piñera comprenderá este punto y gestionará el efectivo cumplimiento del ASA, pues lo importante es una mirada de Estado. A ello se suma, que el matrimonio igualitario también es parte del Plan Nacional de DDHH que el Gobierno tiene el deber de impulsar, mientras que el ASA ha sido declarado legal y vinculante por la Contraloría General de la República”.
En este contexto, los diputados Marcelo Díaz (PS) y Matías Walker (DC) solicitaron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara que cite al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para que expliquen cómo el Ejecutivo impulsará el matrimonio igualitario y otras medidas del ASA.
