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Si bien en términos públicos las declaraciones que se hicieron ayer en el Gobierno apuntaron a dar por cerrado el tema y respaldar las medidas adoptadas por el general Martínez, al interior de La Moneda aseguraron que la orden que dio el Presidente Sebastián Piñera, una vez que conoció lo sucedido en la Escuela Militar, habría sido “solicitar las sanciones más drásticas en el caso”. Algo que en la práctica no ocurrió. En el seno del entorno histórico del Primer Mandatario reconocieron ayer que, efectivamente, «el camino del retiro fue lo más fácil y rápido» y que esta «es una sanción que en la práctica no es tal». Pero, a pesar de eso y en la lógica del vaso medio lleno, en Palacio sacaron cuentas alegres, porque se había logrado aplacar el impacto de un evento fuera de todo cálculo.
Había que apagar el incendio rápidamente, evitar que el tema escalara y se transformara en otro dolor de cabeza para La Moneda, más aún cuando el nuevo foco de conflicto se trataba, de nuevo, de ese pasado que les pesa y pena a la derecha y las Fuerzas Armadas: la dictadura y las violaciones a los Derechos Humanos. En términos formales fue así, públicamente el Gobierno cuestionó el polémico episodio en la Escuela Militar el domingo, se anunció una investigación, se puso un plazo perentorio y, cumplido este, se dieron a conocer las supuestas sanciones, pero estas dejaron un gusto amargo en muchos, ya que evidenciaron cierta mano blanda ante los estertores pinochetistas que todavía persisten en el mundo castrense.
El domingo se conoció un video en el que se observaba, en plenas dependencias de la Escuela Militar, un homenaje al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, condenado en Punta Peuco a más de 600 años por violaciones a los DD.HH. ocurridas en dictadura. Los protagonistas del episodio fueron los coroneles Miguel Krassnoff Bassa y Germán Villarroel Opazo, quien hasta el lunes fue el director de esa escuela matriz. Las críticas políticas no se hicieron esperar y las redes sociales estallaron, ante lo cual el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Alberto Espina, condenó lo sucedido y fijó un plazo de 24 horas para una explicación de lo sucedido. El lunes, el Ejército anunció que se aceleraba el proceso de retiro de Krassnoff Bassa y que se le había solicitado la renuncia a Villarroel Opazo, por haber causado “un gravísimo daño a la imagen de la institución”.
En casi tres décadas, la indispensable subordinación de las FF.AA. al poder civil es un tema no zanjado, delicado, complejo, que ha sido un problema para todos los gobiernos, porque aflora reiteradamente por más que se le esconda debajo de la alfombra. En este caso, la supuesta sanción aplicada instaló una serie de dudas, más allá de los que pedían la salida del comandante en Jefe del Ejercito, Ricardo Martínez, por el hecho de que ambos coroneles no fueron dados de baja.
Cuando un integrante de las Fuerzas Armadas es dado de baja, no solo pierde su grado sino también una serie de beneficios y su jubilación, que no será la situación de Krassnoff ni Villarroel. El abogado de Derechos Humanos Cristián Cruz, explicó que el hecho de que la sanción «sea solo un retiro, implica que en cualquier momento pueden ser recontratados, más los beneficios que tienen ellos y su familia, en el orden de la salud, recreacional, en los recintos del Ejército (…). A mí no me parece una sanción».
[cita tipo=»destaque»]El ministro de Defensa –en conversación con El Mostrador– aseguró que no se pidieron sanciones específicas y recalcó que la medida adoptada con Krassnoff y Villarroel «es muy dura, que se le releve en su mando no es cualquier cosa para alguien con 30 años de carrera”. Consultado sobre por qué no se pidió la baja de ambos, Espina explicó que eso podía acarrear problemas, pensando en que una investigación de esta magnitud “dura al menos tres semanas” y era complejo dejar descabezada la Escuela Militar durante ese tiempo.[/cita]
Legalmente el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para decidir directamente sobre la baja o el retiro de un militar, pero sí puede pedir o sugerir a los comandantes en Jefe que se adopten ciertas medidas. Y si bien en términos públicos las declaraciones que se hicieron ayer en el Gobierno apuntaron a dar por cerrado el tema y respaldar las medidas adoptadas por el general Martínez, al interior de La Moneda aseguraron que la orden que dio el Presidente Sebastián Piñera, una vez que conoció lo sucedido en la Escuela Militar, habría sido “solicitar las sanciones más drásticas en el caso”. Algo que en la práctica no ocurrió.
En el seno del piñerismo reconocieron ayer que, efectivamente, «el camino del retiro fue lo más fácil y rápido» y que esta fue «una sanción que en la práctica no es tal». Pero, a pesar de eso y en la lógica del vaso medio lleno, en Palacio sacaron cuentas alegres, porque se había logrado aplacar el impacto de un evento fuera de todo cálculo.
El ministro de Defensa –en conversación con El Mostrador– aseguró que no se pidieron sanciones específicas y recalcó que la medida adoptada con Krassnoff y Villarroel «es muy dura, que se le releve en su mando no es cualquier cosa para alguien con 30 años de carrera”. Consultado sobre por qué no se pidió la baja de ambos, Espina explicó que eso podía acarrear problemas, pensando en que una investigación de esta magnitud “dura al menos tres semanas” y era complejo dejar descabezada la Escuela Militar durante ese tiempo.
Las críticas a la decisión adoptada apuntan a que, más que una señal y sanción, la medida adoptada por el Ejército solo fue acelerar las salidas de ambos militares que ya estaban en curso. Fuentes castrenses confirmaron el fin de semana que Krassnoff Bassa había solicitado su retiro este año y que Villarroel había hecho lo mismo en junio, tal como consignó El Mercurio en su edición del lunes 15 de octubre.
La «actitud» del Ejército en este episodio contrasta con lo ocurrido el año 2006 con el entonces capitán Augusto Pinochet Molina, quien también en la Escuela Militar y en pleno funeral de su abuelo, Augusto Pinochet Ugarte, hizo un encendido discurso que bordeó la deliberación política que tienen constitucionalmente prohibida las FF.AA. En esa ocasión y bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, el entonces comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, entregó en dos días el decreto que cursaba la baja del nieto de Pinochet, momento en que la autoridad castrense señaló que «a las 17:45 horas la ministra de Defensa (Vivianne Blanlot), tenía sobre su escritorio el decreto con la baja con fecha de día de hoy, que debe ser firmado por la ministra de Defensa, porque el comandante en jefe no tiene atribuciones que no sean a través de juntas calificadoras que tienen fechas establecidas”.
La mano blanda mostrada en el «homenajegate» deja muchas dudas instaladas. El abogado de Derechos Humanos Mauricio Salazar, afirmó que no se podía esperar mucho de un Gobierno que «es apoyado por un sector político que ha sido aliado de las Fuerzas Armadas cuando estas han intervenido en política» y agregó que la medida del retiro «permite a lo mejor sortear la coyuntura de alguna manera, pero no mete el diente donde hay que meterlo (…) estas son manifestaciones de un proceso que va por dentro y que de repente explota en algún lado y nos devela que las corrientes subterráneas de antaño siguen vigentes dentro de las Fuerzas Armadas”.
Para la diputada PC, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y abogada, Carmen Hertz, esto “no se resuelve con la sanción que impuso el Ejército, no se termina aquí. De partida, la investigación debe seguir su curso y ver otros actores involucrados, pero lo más importante es que el Ejecutivo dé señales clarísimas de que la Fuerzas Armadas están en una subordinación total y absoluta al poder civil y que la señal que debería dar el Presidente de la República, ya hoy, es exigir al comandante en Jefe que retiren de todos los espacios castrenses cualquier simbología reivindicativa de la dictadura o de los genocidas. En la Escuela Militar hay fotos de Manuel Contreras, eso es inaceptable. Esa es una medida inmediata”.
El Partido Socialista anunció que enviarán oficios al ministro Espina y el Ejército de Chile para que den detalles de las relaciones de parentesco de los actuales altos mandos militares con quienes sirvieron durante la dictadura, porque aparte de que en este episodio estuvo involucrado el hijo de Krassnoff, el ahora ex director de la Escuela Militar es hijo del ex vicecomandante en Jefe en dictadura, el general (r) Rafael Villarroel Carmona, actual presidente de la fundación “Chile mi Patria”, dedicada a defender la obra de Pinochet Ugarte.
El diputado socialista Jaime Naranjo fue categórico. Afirmó que la medida adoptada por la institución castrense es insuficiente, pues “estos señores, Villarroel y Krassnoff, van a estar un par de meses más en el Ejército y se irán cómodamente a sus casas después de haber cometido este atropello a la dignidad de todas las víctimas de la dictadura”. En el mismo tono, su par Fidel Espinoza agregó que “la única señal importante de sanción sería la degradación de aquellos que participaron y organizaron el homenaje a este personaje, violador de lesa humanidad”.
