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Crédito: Agencia UNO
En medio de los alegatos por la demanda civil contra el Arzobispado de Santiago, Juan Pablo Hermosilla sacó un as bajo la manga y reveló una inédita misiva que data de febrero de 2009 del entonces arzobispo de Santiago dirigida al nuncio Giuseppe Pinto, predecesor de Ivo Scapolo. “Ahí contradice todo lo que ha dicho bajo juramento en sus declaraciones. Lo que dice la carta es que él cerró la investigación (sobre Karadima) y eso demuestra la mala fe con la que está actuando”, señaló el jurista. [ACTUALIZADA]
Tras una serie de postergaciones, finalmente este jueves tuvieron lugar en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos de la demanda civil que interpusieron las víctimas de Fernando Karadima contra el Arzobispado de Santiago.
La jornada tuvo como elemento clave la revelación de una prueba que puede ser crucial en la resolución del caso, porque en medio de los alegatos, el abogado de las víctimas Juan Pablo Hermosilla reveló una inédita misiva del entonces arzobispo de Santiago dirigida al nuncio apostólico Giuseppe Pinto (predecesor de Ivo Scapolo), que data de febrero de 2009.
En la extensa misiva, de 8 páginas y que ya fue ingresada en la carpeta investigativa, el cardenal Errázuriz se refiere al tema de la Parroquia de El Bosque, incluso las acusaciones de abusos sexuales que pesaban sobre Karadima.
“Ahí contradice todo lo que ha dicho bajo juramento en sus declaraciones. Él ha dicho que siempre actuó de buena fe, ha dicho que gracias a su trabajo se pudo sancionar al señor Karadima y que mantuvo siempre abierta la investigación. Pero lo que dice la carta es que él cerró la investigación y eso demuestra la mala fe con la que está actuando el señor Errázuriz”, señaló Hermosilla.
En efecto, en parte de la carta, el cardenal Errázuriz señala que pidió la intervención de un promotor de justicia para recibir las denuncias de las víctimas de Karadima. Pero su redacción esconde un particular argumento (“calmar la agresividad de los acusantes”) y deja en evidencia además un trato preferencial para el entonces poderoso párroco de El Bosque.
“La presentación de las denuncias ante el promotor normalmente calma la agresividad de los acusantes. Por respeto al padre Karadima no le pedí al promotor que lo interrogara, sólo le pedí a monseñor Andrés Arteaga su parecer. El consideró que era todo absolutamente inverosímil. Como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación. Así quise protegerlos, consciente de que mi manera de proceder, si los acusadores llevasen el caso algún día a la prensa, se volcaría en contra de mí”, escribe Errázuriz en la misiva.
En medio de los alegatos, Hermosilla también echó mano a otras pruebas para revelar la “mala fe” de Errázuriz, como lo son los correos electrónicos entre él y el cardenal Ricardo Ezzati, que datan de 2013 y 2014. En dicho intercambio queda establecido cómo estos dos influyentes religiosos operaron para que Juan Carlos Cruz, víctima de Karadima, no integrara la comisión que creó el Papa Francisco para la tutela de los menores. “En estos correos aparecen la verdad de la posición ética y legal del cardenal Errazuriz”, insistió Hermosilla.
Los alegatos tuvieron lugar en un nuevo contexto, con un acusado Fernando Karadima quien ya no es parte del clero porque fue expulsado del sacerdocio el pasado 28 de septiembre en una medida que desde el Vaticano se justificó “por el bien de la Iglesia”. Además, las últimas denuncias abusos en la iglesia han hecho más evidente la figura de la jerarquía eclesiástica como encubridora, incluso con investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, lo que configura un escenario diametralmente distinto al que tuvo esta demanda al momento de ser presentada.
De hecho, el recurso ya suma más de 5 años de tramitación. Fue presentado en el año 2013 por James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo y el juez Juan Muñoz Pardo la rechazó en primera instancia en marzo de 2017.
Con su recurso, las víctimas solicitan una indemnización de $450 millones por la responsabilidad de la iglesia en el encubrimiento de los abusos de Karadima, además de disculpas públicas por el encubrimiento ante las denuncias.
En esta línea, en el relato de la apertura de los alegatos se apuntó que “ha habido una ceguera voluntaria de la Iglesia”, que es parte de una “cultura” institucional que ayudó a perpetuar los abusos del influyente párroco de El Bosque por 40 años.
Sorpresivamente, parte de estas responsabilidades fueron asumidas en su alegato por Nicolás Luco, abogado del Arzobispado, quien reconoció que había sido un error la forma en que se trató el tema de las denuncias en un inicio, pero insistió en el perdón que se ha pedido en varias ocasiones a las víctimas. En lo que no cedió fue en el hecho de que las acciones de la Iglesia católica chilena no pueden ser constitutivas de delito porque “no existe una iglesia católica chilena como tal”.
Sus argumentos fueron rechazados por el abogado de las víctimas. Al término de la audiencia, Juan Pablo Hermosilla precisó que “lo raro es que escuchamos en el alegato de la contraparte decir que se habían equivocado en muchas cosas; pero eso no lo dicen en el juicio, en la contestación de la demanda. Y en la declaración de los dos arzobispos dicen que actuaron correctamente y no se equivocaron en nada, y por eso rechazan la responsabilidad civil ”.
Una de las víctimas, José Andrés Murillo, también reaccionó ante la argumentación desplegada por el representante eclesiástico en el tribunal. “Es difícil decir que nos sorprende porque ya estamos casi acostumbrados a este tipo de discursos dobles que nos parecen inaceptables, especialmente de la Iglesia católica que busca ser un faro moral ante la sociedad”, indicó.
