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Crédito: Agencia UNO
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección presentado por el Obispado y levantó la orden de no innovar que tenía paralizadas algunas diligencias. Fiscal Sergio Moya acusó que la jugada judicial de la iglesia “no fue más que una medida obstruccionista con el fin de estorbar”.
Vía libre al Ministerio Público para continuar con la investigación por delitos sexuales y encubrimiento al interior de la Iglesia Católica, dio la Corte de Apelaciones de Rancagua al rechazar el recurso de protección presentado por el Obispado de Valparaíso.
El tribunal de alzada rancagüino además levantó la orden de no innovar que tenía paralizadas algunas diligencias, como registros y celebración de audiencias.
Esta mañana, se realizaron los alegatos en esta causa, pero el Obispado de Valparaíso no tuvo representante en la audiencia, actitud que fue reprochada por el fiscal Sergio Moya: «Ni siquiera se hicieron cargo de comparecer a la Corte de Apelaciones para sostener su postura y menos aún han pedido, por ejemplo, devolución del computador que motivó el recurso de protección y la orden de no innovar», dijo a Radio Cooperativa.
Justamente el recurso se interpuso producto de los allanamientos que la Fiscalía realizó el pasado 13 de septiembre, y el obispado decidió recurrir bajo el argumento de que no fue avisado con anticipación.
Sin embargo, según el prosecutor, “nosotros estamos en condiciones de afirmar que el recurso de protección interpuesto por personas vinculadas al obispado de Valparaíso, no fue más que una medida obstruccionista con el fin de estorbar”.
«Ellos han estado permanentemente informados del curso de este recurso de protección y al no comparecer el día de hoy, ni siquiera como público, nos da la razón en el sentido de que su medida solamente tenía como objeto alterar el normal curso de la investigación», agregó.
Mediante una declaración en su sitio web, el Obispado de Valparaíso emitió una declaración en la que aseguran que «siempre ha estado y estará dispuesto a colaborar con la justicia».
De acuerdo al obispado, «al presentar el recurso de protección sólo buscábamos resguardar principios fundamentales de nuestra legislación en Chile, como son cuidar y proteger la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos, y colaborar con la mayor eficacia con la justicia».
En ese sentido, manifestaron que el día del allanamiento el pasado 13 de septiembre, “el Obispado abrió sus puertas, entregó todo lo que vino a incautar la Fiscalía, no existía nada oculto y el personal colaboró amablemente con el Fiscal”.
Sin embargo, esta versión se contrapone con la entregada en su momento por el fiscal Pérez, quien señaló que el Obispado durante el allanamiento entregó sólo algunos documentos cuando el Ministerio Público se constituyó en sus dependencias, señalando que era todo el material disponible sobre denuncias e investigaciones de abusos sexuales en esa diócesis.
Según el prosecutor, encontraron escondida “en una suerte de ‘medio piso’ (…) una serie de documentación bajo una manta correspondiente a expedientes y otros documentos relevantes para la investigación, distintos a los entregados previamente».
