El proyecto consensuado entre la ex Nueva Mayoría y la derecha determina un periodo de investigación de diez días para la defensa y cinco días para resolver. Un punto que cedió el gobierno, ya que en su última propuesta definía cuatro días para la defensa y dos para determinar sanción. Otro punto relevante es el establecimiento de un proceso sancionatorio obligatorio, el que en caso de causales graves o gravísimas o aquellas que generen un deterioro en la convivencia escolar, terminarán en expulsión.
Luego de una maratónica jornada que se extendió por varias horas, desde la Comisión de Hacienda finalmente se llegó a un consenso entre Gobierno y oposición para la aprobación del proyecto «Aula Segura» y se espera que en las próximas horas se vote el proyecto en el Senado.
El proyecto de Aula Segura o Aula Democrática vivió un nuevo cambio, antes de ser votado en la Sala del Senado. Tras un intenso debate entre senadores de la ex Nueva Mayoría y el oficialismo, ambas partes lograron un acuerdo, sin la participación del senador Juan Ignacio Latorre, el militante de Revolución Democrática se abstuvo de asistir como invitado a la Comisión de Hacienda, la que modificó sustancialmente el texto aprobado este martes.
Atrás quedaron las modificaciones realizadas en la Comisión de Educación, en donde ni siquiera se nombró el término expulsión, el proyecto que será votado esta noche en el Senado “ha vuelto a su origen”, aseguró la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
El proyecto consensuado entre la ex Nueva Mayoría y la derecha determina un periodo de investigación de diez días para la defensa y cinco días para resolver. Un punto que cedió el Gobierno, ya que en su última propuesta definía cuatro días para la defensa y dos para determinar sanción.
Otro punto relevante es el establecimiento de un proceso sancionatorio obligatorio, el que en caso de causales graves o gravísimas o aquellas que generen un deterioro en la convivencia escolar, terminarán en expulsión.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, recalcó que independiente de los reglamentos las acciones graves o gravísimas estipuladas en la ley, lesiones sicológicas y físicas graves, porte de armas, destrucción de mobiliario y agresión sexual, los colegios tendrán un plazo de 90 días para actualizar sus reglamentos.
Además, se incorporarán a los colegios particulares en dos aspectos: en las causas graves y gravísimas y en las normas de suspensión, así “nunca más habrá problemas con los tribunales de justicia que implica esa sanción”, detalló la ministra Cubillos.
«Hemos llegado a un muy buen acuerdo y como gobierno y como ministra quiero agradecer a los senadores el trabajo que se ha hecho en conjunto. Siempre quisimos poder aprobar esta ley, que va a dotar a los directores de facultades que no tienen para enfrentar los hechos de violencia. Y también porque era nuestra intención lograrlo con un apoyo transversal de los senadores, porque es una señal de apoyo a los directores y profesores que han enfrentado situaciones adversas», dijo la secretaria de Estado en su salida de la comisión.
Por su parte el senador Jaime Quintana (PPD) destacó el trabajo realizado por la Comisión de Educación en la modificación del proyecto el cual -aseguró- sirvió de base para el texto que fue aprobado esta noche en Hacienda. «Estamos hablando de que Aula Segura quedó en el olvido, hoy día tenemos un nuevo proyecto de ley que se pone muy firme en un conjunto de causales, no solo las que el Gobierno plantea en un primer momento, sino que se abren otras hipótesis, como por ejemplo la agresión sexual».
«Cuando nosotros vemos que finalmente fue acogido el debido proceso íntegramente, fue acogida la suspensión tal como lo redactamos nosotros (…) el poder llevar esta misma ley a los colegios particulares y no ver afectado el principio de igualdad ante la ley tal como la planteó la Comisión de Educación, el acompañamiento», destacó Quintana.
El senador, aunque por una parte celebró el tono conciliador que permitió llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición, criticó el tono de «amenaza» proferido por el Presidente Sebastián Piñera, quien más temprano publicó en su cuenta de Twitter emplazó al Senado a resolver «de qué lado está. Del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz o del lado de los delincuentes de overol, que quieren destruir y atemorizar con bombas molotov y violencia. Así de simple. Así de claro».
Al respecto, Quintana sostuvo que Piñera «finalmente va a tener que comerse sus palabras porque con ese mismo proyecto de ley (…) que el Gobierno vilipendió de una manera pocas veces vista, se construyó un acuerdo que, insisto, yo creo que de Aula Segura no queda nada, queda un mal recuerdo. Lo que hay hoy día es un proyecto generado en Educación con el gran aporte también de los miembros de la Comisión de Hacienda».