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No pocos la consideraban muy «respetada» por su rigor, pero ahora son cada vez menos, desde que la cuestionada funcionaria manda mensajes de WhatsApp con las notas periodísticas que, supuestamente, la favorecen y con lo que incomoda a sus ex compañeros de funciones. Además, internamente en el organismo la señalan como responsable –con este episodio– de dañar la alta reputación de la que gozaba la institución.
Hace tres meses que la oficina de la abogada Dorothy Pérez, en el noveno piso del edificio de Teatinos 56 –donde ejercía como segunda al mando en la Contraloría General–, permanece cerrada con una cinta adhesiva amarilla y un cartel que dice “No Entrar”. En la institución insisten en que funcionan con normalidad, pero ese letrero les recuerda a todos a diario, en el organismo fiscalizador, que tienen un serio problema pendiente.
Los mismos funcionarios que hasta hace unos meses consideraban a Pérez como una abogada muy respetada, hoy se han sorprendido cuando les envía mensajes de WhatsApp con los reportajes que hacen referencia a ella.
“Manda menajes con las notas en que ella queda bien y no sabemos si contestar o no. Agrega una tensión innecesaria y sin duda esta situación inédita mancha la reputación del servicio”, comentaron en el organismo. Eso sucedió, agregaron, con el reportaje donde se revelaron los correos de 2013, donde ella advertía posibles anomalías en los controles a las finanzas de Carabineros, aunque en la Contraloría precisan que eso ocurrió durante la gestión de Ramiro Mendoza.
Precisamente el episodio clave de esta trama y que fue, según el contralor Jorge Bermúdez, el que fracturó su confianza en su ex subalterna, tiene relación con que Pérez ha declarado dos veces como testigo en el caso de fraude en Carabineros, dado que ella era la encargada de fiscalizar a la institución, y dos funcionarios que estaban a su cargo se encuentran imputados en la causa. Para Bermúdez es inviable que alguien en esta situación continúe en el cargo, ante lo que la ex subcontralora se ha defendido, argumentando que no ha sido acusada ni menos condenada por delito alguno.
[cita tipo=»destaque»]Internamente en la Contraloría General les preocupa mucho que todo este episodio haya colaborado con una “destrucción de la esencia” de un servicio con alta reputación ante los ojos de la ciudadanía y, en ese contexto, señalan a Pérez como responsable de ello. Así, aunque gane el gallito judicial en la Corte Suprema y esta obligue a que se le restituya en el cargo, su regreso no sería fácil, porque a pesar de aún tener gente a su favor, ya no es la mayoría del organismo y no pocos ahora la ven con resquemor.[/cita]
Aunque hasta ahora la estrategia judicial de Ciro Colombara ha funcionado y Pérez se anotó un punto con la resolución de la Corte de Apelaciones, el contralor Bermúdez ya dijo que, si pierde su apelación en la Corte Suprema, no va a renunciar.
De todas formas, al interior del organismo fiscalizador unos aseguran que hay “incertidumbre”, lo que otros definitivamente califican como “incomodidad”, por una situación que es totalmente inédita. No pocos recuerdan que a otros subcontralores se les ha pedido la renuncia y han dado un paso al costado sin hacer bullicio ni poner en jaque al contralor general, como fue el caso de Noemí Rojas, quien aceptó la petición de renuncia en 2007 en la era de Mendoza.
En ese mismo sentido opinó el ex contralor Arturo Aylwin, hace unas semanas, en una entrevista con El Mercurio. «Si nos atenemos a una interpretación muy formal, se puede llegar a la conclusión, como lo ha dispuesto la Corte de Apelaciones, de que el subcontralor está amparado por esta especie de fuero y que solo puede ser removido igual que un ministro de la Corte Suprema o de Apelaciones. Siempre entendimos que esa norma tendía a proteger tanto al contralor como al subcontralor frente a acusaciones que podían hacer terceros, pero que dentro de una organización jerárquica como la Contraloría, aparece absurdo que el subcontralor sea una república independiente del contralor, destruyendo la esencia de lo que es una institución que es evidentemente jerarquizada”, dijo el nonagerio abogado, quien ejerció el cargo durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Internamente en la Contraloría General les preocupa mucho que todo este episodio haya colaborado con una “destrucción de la esencia” de un servicio con alta reputación ante los ojos de la ciudadanía y, en ese contexto, señalan a Pérez como responsable de ello. Así, aunque gane el gallito judicial en la Corte Suprema y esta obligue a que se le restituya en el cargo, su regreso no sería fácil, porque a pesar de aún tener gente a su favor, ya no es la mayoría del organismo y no pocos ahora la ven con resquemor.
Por otro lado, en el órgano fiscalizador tienen presente lo ocurrido con Branislav Marelic, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que fue destituido y ganó en la Corte de Apelaciones –también defendido por Ciro Colombara–, pero que luego perdió en la Corte Suprema, lo que podría marcar un precedente de lo que puede suceder en el máximo tribunal del país. Fuentes judiciales afirman que la apelación de Bermúdez, presentada por su defensa que encabeza la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, podría estar resuelta antes de que termine noviembre.
Ya pasaron los tiempos en que el joven abogado Jorge Bermúdez, experto en Derecho Administrativo con posgrado en Alemania, depositaba toda su confianza en Pérez, ejemplo de meritocracia y –según sus cercanos, alumnos y colegas– respetada por su mezcla de rigor y afecto en sus relaciones profesionales.
Bermúdez la conoce desde hace 11 años, cuando era profesor en la Universidad Católica de Valparaíso, y Pérez, la brillante funcionaria que fue nombrada a fines de ese año al mando de la Contraloría Regional, siendo la mujer más joven en ocupar ese puesto. Ya en Santiago, después del 2010, en marzo de 2014, dejó el organismo para irse como jefa de la División Jurídica del Mineduc que encabezaba entonces Nicolás Eyzaguirre y versiones la sitúan como una de las personas que influyó al momento de concretar la nominación de Bermúdez como contralor, quien fue elegido por la unanimidad del Senado en diciembre de 2015.
Bermúdez nunca se olvidó de ella y, por eso, una de sus primeras decisiones fue llamar de vuelta a Dorothy Pérez para que trabajara como su jefa de gabinete. La relación era excelente, cercana, inmejorable, almuerzos juntos y confianza sólida y nueve meses después la nombró subcontralora. Un cargo de “exclusiva confianza” del contralor, pero que, según el artículo 4° de la Ley Orgánica –que fue introducido en la dictadura–, quien lo ejerce solo puede ser removido por el Presidente de la República después de un juicio de amovilidad.
La relación entre ambos hace varios meses ya estaba trizada por motivos sobre los cuales hay versiones diferentes. Unos dicen que Pérez se sintió menoscabada en su capacidad profesional y no estuvo de acuerdo con algunos sumarios resueltos por el contralor, que en la práctica se negó a firmar, pero no dejó constancia por escrito de su decisión, que es lo que dispone la ley.
A esto se suman diferencias aparentemente irreconciliables de estilo, ya que la ex subcontralora estaba entre los que arrugan la nariz frente al sello más mediático de Bermúdez y su estrategia comunicacional de acercar la institución a la ciudadanía, a través de «Contralorito», quien explica las resoluciones y disposiciones legales en Internet y redes sociales. Una apuesta que, según algunos funcionarios, aleja a la institución de su tradicional estilo “republicano”.
