PAÍS
Tras la decisión del gobierno francés, a través de su Oficina de Refugiados, de otorgar asilo político al ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desde La Moneda, representados por el ministro del Interior, condenaron el hecho, ya que, según Chadwick, vulnera un tratado que ambos comparten: la convención de Ginebra. Eso se lo harán saber y notar al embajador francés en Chile, Roland Dubertrand, el que fue citado a la casa de Gobierno chileno por el Canciller Roberto Ampuero, para manifestar la molestia del Gobierno.
El Gobierno de Chile, a través de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, lamentó la decisión de su par francés de otorgar asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca.
Chadwick, en representación de La Moneda indicó que no comparte «la decisión adoptada el día de hoy por la oficina de refugiados francesa en cuanto a otorgarle asilo político a Ricardo Palma Salamanca, quien fuera condenado por los tribunales chilenos como autor del crimen de un senador de la república y de otros delitos de carácter terrorista».
De hecho, indican que tomarán medidas para revertir la situación, partiendo por citar al embajador de Francia en Chile, Roland Dubertrand, «para señalarle, en primer lugar el desacuerdo total del Gobierno con esta decisión y, al mismo tiempo, solicitar al Gobierno de Francia, especialmente al ministerio del Iinterior, que, ejerciendo sus atribuciones, pueda revocar esta decisión».
El objetivo es que «sean los Tribunales de Justicia franceses quienes determinen si acogen o no la extradición solicitada a Ricardo Palma Salamanca».
Chadwick, en su comparecencia ante la prensa, indicó que la decisión francesa vulnera un tratado que ambos países comparten: «Es muy importante que se pueda comprender que esta decisión que ha adoptado el Gobierno francés, a través de la oficina de refugiados, contraviene las normas de la Convención de Ginebra sobre asilo y protección, dado que tanto el crimen del senador Jaime Guzmán, como la condena y el cumplimiento de la condena se desarrolló en nuestro país en plena y total vigencia de un estado democrático y de derecho».
Un molesto Chadwick sentenció que esta vulneración a las normas «le consta en profundidad y cabalidad al Estado y Gobierno francés».
