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Las medidas de la Anfup se suman a las anunciadas el martes, como la prohibición de ingreso de imputados y salidas al exterior de internos, exceptuando aquellos que presenten situaciones de salud que ameriten ser atendidas en centros asistenciales. Se le complica el panorama al Gobierno, que ha calificado a esta huelga como ilegal.
Los gendarmes anunciaron este miércoles una radicalización del paro nacional que iniciaron el pasado lunes. Ahora, los funcionarios decidieron llevar la protesta al siguiente nivel y llamaron a un acuartelamiento y una huelga de hambre a partir de las 20:00 horas.
«Acá, desde la unidad emblemática, la Penitenciaría, invitamos a todos los trabajadores penitenciarios que a partir de las 20:00 horas del día de hoy, a acuartelamiento general en todas las unidades penales y especiales del país. Además informamos que a través de la indolencia que ha habido de parte del Ejecutivo y de las amenazas constantes que hemos sufrido por parte del ministro del Interior, decretamos a contar de hoy día una huelga de hambre total acá en la Penitenciaría», dijo el secretario nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería (Anfup) y vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Marcos Aburto, en un video que fue viralizado en redes sociales.
«Si no tenemos respuesta inmediata del Ejecutivo, esta huelga de hambre continuará progresivamente en cada una de las unidades penales y especiales a lo largo del país», agregó el directivo, para luego gritar la consigna ¡Gendarmes unidos jamás serán vencidos!
Las medidas de la Anfup se suman a las anunciadas el martes, que son la prohibición de ingreso de imputados y salidas al exterior de internos, exceptuando aquellos que presenten situaciones de salud que ameriten ser atendidas en centros asistenciales.
El conflicto entre el Gobierno y Gendarmería es de larga data. A finales de junio, los funcionarios ya habían amenazado con un paro luego que el Gobierno descartara la petición de los gendarmes de sentar a negociar al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Amenaza que finalmente no se concretó, ya que solo horas después los dirigentes alcanzaron un principio de acuerdo y que se extendiera una mesa de trabajo por 90 días en la que se trataron cambios a la carrera funcionaria, definiciones legales sobre el sistema de pensiones, mejora en las condiciones de las cárceles y poner fin a la criminalización en contra de los funcionarios.
Sin embargo, el 31 de octubre, luego de tres horas de reunión y cuatro meses de negociaciones, los dirigentes del gremio precisaron que se quebró la mesa con el Gobierno tras atender parcialmente tres de las once peticiones, dejando fuera demandas claves: redistribución de las plantas, incluyendo la de no uniformado, que lleva cinco años en Gendarmería; y la restitución de derechos previsionales.
Paralelamente, el Gobierno adelantó una serie de medidas a tomar a raíz de esta huelga que consideran ilegal. En ese contexto el subsecretario de Justicia, Juan José Ossalas, mencionó descuentos salariales y recopilación de información tendiente a determinar si procederán sumarios administrativos.
El subsecretario hizo un llamado a Gendarmería a especificar aquellos puntos con los cuales no están de acuerdo y lamentó los efectos que el paro ha tenido en el funcionamiento del sistema judicial.
