Una orden emanada del excomandante en jefe, Óscar Izurieta, autorizó pagos irregulares a militares que perdieron millonarios aportes depositados en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema de solidaridad informal en el que oficiales y suboficiales depositaban dinero cada mes y cuando llegaba el retiro, obtenían una suma de dinero parecido a un finiquito.
En octubre pasado, a través de la resolución reservada 1.585 del Comando General de Personal, el Ejército de Chile determinó cerrar sin responsables el sumario ordenado por la Contraloría sobre el desvío de recursos presupuestarios, que permitió pagar sueldo y viáticos por trabajos que no se realizaron y que según información que maneja el Ministerio Público, podría alcanzar a más de 3 mil millones.
La institución castrense resolvió que ningún general tuvo responsabilidad en cumplir la orden emanada del excomandante en jefe Óscar Izurieta, quien autorizó pagos irregulares a militares que perdieron millonarios aportes depositados en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), una suerte de fondo irregular creado en Coyhaique en el que oficiales y suboficiales depositaban dinero mensualmente y cuando llegaba el retiro, obtenían una suma de dinero similar a un finiquito.
El millonario fraude se encuentra bajo investigación de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se querelló en contra de 26 exmilitares. Y todo esto ocurre en medio de las denuncias de exmiembros del alto mando, quienes acusan presiones institucionales para salvar a jefes del Ejército.
Cabe mencionar que el FAM colapsó en 2006, y fueron principalmente suboficiales quienes perdieron millonarios aportes. Para mitigar estas pérdidas, el entonces general Óscar Izurieta, resolvió reembolsar el dinero a través de viáticos y contratos de trabajo, cuyas labores nunca se realizaron. Esta «compensación» se mantuvo hasta 2016, bajo la administración del general Humberto Oviedo, donde se regularizó.
Un alto funcionario de la entidad fiscalizadora señaló que existe una probabilidad de que el expediente generado por los militares sea devuelto y se ordene sancionar a los responsables, según indica Radio Bío Bío.
Las fuentes que tuvieron acceso a la investigación interna del Ejército manifestaron que las críticas fueron dirigidas al exjefe del Comando de Personal, Daniel Aberlt, quien a través de distintos oficios terminó con la práctica irregular. A través de una querella, este último acusó que el auditor general del Ejército lo presionó precisamente para salvar a Izurieta en la indagatoria castrense.