Y llegaron los tiempos mejores a la administración pública: despiden a más de 2.500 funcionarios de ministerios y servicios

Una oleada de despidos masivos se ha registrado esta semana en distintos sectores del aparato público, entre ellos el ministerio del Interior, encabezado por Andrés Chadwick, el ministerio de Desarrollo Social, liderado por Alfredo Moreno, y el ministerio secretaría general de Gobierno dirigido por la vocera Cecilia Pérez, entre otras carteras y servicios.

Según cálculos de los diversos sindicatos que agrupan a los trabajadores públicos, los despidos hasta ahora bordean los 2.500. Aun peor, la cifra de exoneraciones –que los dirigentes catalogan de ilegales, arbitrarias e injustificadas- puede aumentar porque se estima que el viernes 30 de noviembre es el plazo fatal para proceder a los términos de contrato.

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el presidente Carlos Insunza explicó a El Mostrador que los despidos en la administración pública se enmarcan en la continuidad «de una política del Gobierno de despidos arbitrarios, masivos e ilegales que tiene como único objetivo abrir espacio en el Estado para utilizar el servicio público como botín».

Y añadió: «Los argumentos que se utilizan para los despidos son falaces» y que existen «componentes políticos» para justificar la salida de los funcionarios». Adelantó, además, que están coordinando acciones de protesta.

«En el ministerio de Educación se ha dado una notificación masiva de despedidos, también en el ministerio de la Mujer, donde se está despidiendo a personal altamente calificado», añadió Insunza.

Esta ola de despidos se concentra en la misma semana donde el Gobierno cerró la negociación con la mayoría de la mesa del sector público en materia de reajuste fiscal 2019. Justamente una de las organizaciones que se negó a firmar el acuerdo fue la ANEF, en reclamo por las exoneraciones que se estaban produciendo en todo el aparato fiscal.

Exoneraciones en La Moneda

En diálogo con El Mostrador, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior (Fenaminsa), Esteban Tumba, cifró en más de 400 los despidos de «funcionarios y funcionarias» en la cartera.

«Lo que se nos dijo es que el proceso de instalación del gobierno estaba instalado, había concluido, y que los despidos que podrían producirse iban a ser excepcionales. Y bueno, fue el contrario: tenemos gobernaciones en que se ha despedido a la mitad del personal y las causales que están usando son invenciones», señaló.

«Se les inventa que tienen problemas de clima laboral, en circunstancias que no hay registro de eso. Hay un componente de discriminación política importante», explicó Tumba, quien no descartó una paralización.

Por su parte, el secretario nacional de Fenaminsa, Cristian Inzunza, destacó que «en la Subsecretaría de Prevención del Delito hasta ahora tenemos más de 40 despidos. Ahí hay profesionales que llevan 15 años en el servicio, que son eminencias a nivel de la construcción de lugares seguros. No hay ningún fundamento».

Asimismo, precisó que el servicio más golpeado fue el servicio de Gobierno Interior, que es el que agrupa a las gobernaciones de intendencia. «Tenemos registros de 260 despidos de contrata y de 100 honorarios», precisó.

En la Segegob, también se han aplicado recortes. De acuerdo a fuentes de la cartera, el lunes desvincularon a alrededor de 30 personas. El argumento que se habría entregado es el de la reestructuración de las unidades, sin embargo al interior del ministerio señalan que la explicación no obedece a la realidad. “Son todos despidos injustificados”, denuncian.

Bajas en Desarrollo Social, incluso en La Araucanía

Desde la Asociación de Funcionarios Ministerio Desarrollo Social (Asofumi), en tanto, informaron que el proceso de no prórroga de contratos para el 2019 impactó «a 86 funcionarios en todo el país (52 contratas y 34 a colegas a honorarios)».

«Si a lo anterior agregamos los términos anticipados de contrato efectuados en el mes de abril, la suma se alza a 154 funcionarios del ministerio de Desarrollo Social que han perdido sus trabajos», precisaron a través de un comunicado público.

Y agregaron: «Estamos hablando de casi un 15% de la dotación ministerial, de la que hiciéramos una presentación recién el pasado 3 de octubre en esta misma Comisión».

Específicamente en la seremi del ministerio de Desarrollo Social, en la Región de La Araucanía, una zona emblemática para la cartera de Alfredo Moreno, se han registrado 8 despidos en el último proceso.

Trabajadores de la repartición  señalaron a El Mostrador que las remociones obedecen a  causas injustificadas y acusaron tener «miedo» de las estrategias que puedan utilizar para despedir a más funcionarios.

Despidos en servicios

En el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), en tanto, se contabilizaron 21 despidos de funcionarios a contrata, «de un total de 242 de todo el país, lo que representa el 8,6% del total de trabajadores en esta condición contractual. A lo anterior se suma que 16 trabajadores a contrata fueron notificados de su continuidad solo hasta el mes de marzo del 2019», explicaron desde el sindicato.

«Manifestamos también que el proceso mediante el cual se lleva a cabo la evaluación de estos compañeros ha sido arbitrario y no ajustado a las normas legales vigentes, pues el único proceso de calificación reconocido es el realizado por la Junta Calificadora, que concluyó en el mes de octubre pasado. En esa ocasión, todos los trabajadores despedidos fueron calificados en lista 1 y 2, lo que significa que fueron categorizados como trabajadores de primer nivel en la ejecución de sus labores», agregaron desde el sindicato.

Y precisaron que «todo otro procedimiento evaluativo realizado por esta administración y que sirva de fundamento para despedir funcionarios y funcionarias, no obedece a ninguna normativa vigente y desconoce los procedimientos y reglamentación que la orgánica del Estado instruye para estos casos».