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A través de este recurso, los ex ministros Claudia Pascual, Carmen Castillo y Gabriel de la Fuente pidieron al Tribunal Constitucional rechazar los requerimientos de los parlamentarios de Chile Vamos contra la norma publicada por el Gobierno de Piñera que regula la objeción de conciencia institucional. De paso, acusaron “inconsistencia e incoherencia” del Ejecutivo, al no defender ante el TC su propio reglamento.
Hasta el Tribunal Constitucional llegaron las ex ministras de Michelle Bachelet, Claudia Pascual (Mujer y Equidad de Género) y Carmen Castillo (Salud), junto al ex titular de la Segpres, Gabriel de la Fuente, para ingresar un “téngase presente” en materia de aborto en tres causales.
De este modo, el bacheletismo entró de lleno en el gallito provocado por parlamentarios de Chile Vamos, que buscan impugnar ante el TC el reglamento sobre objeción de conciencia que rige esta ley emblemática para los derechos de las mujeres.
El reglamento ingresado por el actual Gobierno establece que se prohíbe ser objetores de conciencia a todos los establecimientos privados de salud con convenios de prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón. A juicio de los parlamentarios de Chile Vamos, esta disposición viola la autonomía de los cuerpos intermedios, la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley, el acceso a la salud y el deber de reserva legal.
Sin embargo, los ex ministros bacheletistas argumentan en el “téngase presente” que el reglamento impugnado por el oficialismo no impone una discriminación arbitraria y tampoco infringe la libertad de conciencia.
A juicio de los ex ministros, con este recurso buscan defender los derechos adquiridos por las mujeres chilenas que pretenden ser restringidos por la Objeción de Conciencia y piden al TC rechazar los requerimientos de los congresistas del oficialismo.
“Nos parece tremendamente relevante poder seguir defendiendo los derechos de las mujeres, derechos que hoy en particular, en relación a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la mujer madre, en caso de inviabilidad fetal letal y en caso de una violencia sexual, de una violación están garantizados por ley que pueda ser respetado su parecer y su opción en términos de mantener o de poder interrumpir su embarazo. Eso, hoy día es un derecho que el Estado, que los servicios públicos de salud deben efectivamente garantizar en las mujeres y que hoy se está poniendo en cuestión con el requerimiento de ChileVamos en relación a esta objeción de conciencia”, explicó la ex ministra Pascual.
En sus argumentos desplegados en el recurso, señalan que “los costos que tiene para las mujeres el que se permita que un privado que subroga al Estado en prestaciones de salud ejerza la objeción de conciencia institucional son, indiscutiblemente, altísimos, vitales. Mientras, que para una institución privada objetora, tales costos, incluso si los hubiere, son menores, pues tanto como prestador privado de salud o como público subrogado en prestaciones que no sean gineco-obstétricas, continuará vigente su ideario institucional y su libertad de asociación. Esto dista de ser la realidad para las mujeres que simplemente no tengan acceso a la salud, sin que exista proporcionalidad en uno y otro caso”.
En la oportunidad, De la Fuente además acusó “incoherencia” del Gobierno, al no defender ante el TC su propio reglamento cuando el Ejecutivo fue requerido para dar explicaciones al respecto.
“El Gobierno tiene que explicarle a las mujeres particularmente y a la ciudadanía en su conjunto, por qué dicta un decreto supremo y cuando es requerido por el TC para que emita su opinión, este Gobierno se limita a decir que el TC falle en su mérito y no defiende su reglamento. Allí hay una cierta inconsistencia, hay un cierto cinismo”, indicó.
A juicio del ex ministro, la hipótesis sería que al Gobierno no le molestaría que el TC acoja los recursos de sus parlamentarios porque en definitiva nunca estuvo cómodo con esta legislación.
“Como se dice vulgarmente, el Gobierno está sacando las castañas con las manos de los diputados y de los senadores y que por la vía de sus diputados y senadores está tratando de impugnar un acto que ellos no tenían la real intención de promulgar y de publicar. Entonces aquí estamos ante una situación que debe ser explicada porque si uno cree que sus propios actos no son correctos, no son legales, no los firme. Y ocurre que el Gobierno firmó un decreto supremo que determina un reglamento y lo que es obvio es que debería defenderlo”, señaló.
Cabe recordar que este jueves ante el pleno del Tribunal Constitucional se fijaron los alegatos para la vista del requerimiento de inconstitucionalidad ingresados por el oficialismo.
