PAÍS
En medio del debate por la marginación de Chile del Pacto Migratorio de la ONU, el presidente subrogante de la Suprema dio un discurso en donde advirtió que “se pretende condicionar el reconocimiento de la dignidad humana de algunas personas a su nacionalidad de origen”. En la UDI dijeron que sus palabras son “poco prudentes”, y la atribuyeron a que “es sabido por todos el afecto y adhesión del juez Muñoz al pensamiento de izquierda”. Más tarde, el ministro le aclaró a los parlamentarios que se refirió a los migrantes “de manera general” y “no hizo alusión a algo específico de la contingencia ni menos al Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU” [ACTUALIZADA]
El juramento de abogados y abogadas ante el pleno de ministro de la Corte Suprema en el palacio de tribunales estuvo marcado por un discurso del presidente (s) de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz Gajardo, dedicado al respeto a los migrantes.
El tema que escogió el juez no es casual, tomando en cuenta el agrio debate que se ha desatado en los últimos días a raíz del rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera a suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas.
En su discurso, el presidente subrogante del máximo tribunal se refirió a los procesos migratorios, señalando que en la actualidad «se pretende condicionar el reconocimiento de la dignidad humana de algunas personas a su nacionalidad de origen, como para aceptarles en una determinada comunidad política».
En esta línea, remarcó que «desde una óptica general, la Constitución Política de la República y sus normas complementarias, sin distinción de nacionalidad, reconoce a todos los habitantes de nuestro país, los derechos fundamentales intrínsecos a todas las personas, entre ellos, el derecho de igualdad ante la ley y a un recurso efectivo ante la vulneración, perturbación o amenaza de sus derechos. Se garantiza ampliamente el derecho a la libertad de circulación para ingresar o salir del país, como para trasladarse al interior de él. Toda persona tiene derecho a “residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros”.
Agregó que el Poder Judicial ha reconocido el derecho de acceso a la justicia a todas las personas, como a la tutela judicial efectiva a los migrantes, refugiadas y apátridas, y ha adoptado distintas medidas tendientes a garantizar sus derechos.
«Como los derechos están reconocidos en general respecto de toda persona, sin distinción, los derechos de los migrantes están incorporados en todos los instrumentos de derechos humanos. Sin embargo, también se han suscrito otros de carácter específico, como es la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares (1990)», añadió.
Asimismo, señaló que «los tribunales superiores de justicia, al resolver los recursos de amparo y protección, también han reconocido la especial necesidad de protección que requieren las personas migrantes, como al deducir los recursos de reclamación de nacionalidad, resguardando el derecho a la nacionalidad de los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular, entre otras materias».
La autoridad informó los alcances del Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. «Las personas migrantes se enfrentan a múltiples barreras que les impiden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, ya sea por desconocimiento de la normativa interna, por no entender el idioma o por barreras culturales, junto con las dificultades que deben enfrentar para acceder a asistencia y representación jurídica. Dando respuesta a esta realidad, el Poder Judicial ha adoptado distintas medidas tendientes a garantizar los derechos de las personas migrantes».
Citó por ejemplo, integración de intérpretes en los tribunales; implementación del Protocolo Iberoamericano, capacitación a sus funcionarios y jueces en las materias que abarca este instrumento, y el trabajo de un Protocolo de actuación judicial para mejorar el Acceso a la Justicia de las personas migrantes y sujetas a protección internacional.
Finalmente, invitó a las nuevas y nuevos profesionales a desempeñar su profesión «siempre teniendo en cuenta el impacto de su trabajo en el respeto y protección de los derechos de todas las personas que habitan nuestro territorio, nacionales y migrantes, prestando especial atención a la situación de las personas más excluidas de nuestra sociedad».
Las palabras del ministro no pasaron desapercibidas en la UDI, donde aseguraron que el ministro Sergio Muñoz “se acuerda de la independencia de los poderes del Estado cuando le conviene”.
A juicio del diputado gremialista, Juan Antonio Coloma, las palabras de Muñoz fueron “poco prudentes”, junto con subrayar que las decisiones en materia de política exterior es una “decisión privativa del Poder Ejecutivo”.
“Es sabido por todos el afecto y adhesión del juez Muñoz al pensamiento de izquierda, pero creo que sería prudente que se abstuviera de emitir este tipo de opiniones, ya que produce una sensación de ilicitud ante una decisión del Estado, donde en esta etapa por lo menos, la Corte Suprema o uno de sus miembros por respeto a otro poder del Estado, debería guardar riguroso silencio, más aún cuando es un eventual conflicto que no llega a su conocimiento”, diputado de la UDI y miembro de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.
Muñoz investigó el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez ocurrido en dictadura y luego investigó las platas secretas del dictador Augusto Pinochet en el caso Riggs. Durante el primer gobierno de Piñera, cuando ocupó la testera del máximo tribunal del país, tuvo públicos enfrentamientos con el Ejecutivo por las opiniones “destempladas” que tuvo La Moneda en esos cuatro años sobre la labor realizada por el Poder Judicial. “Aquí se ha acusado hasta de cómplices a los jueces, una cantidad de epítetos respecto a la magistratura nunca antes vista”, indicó en ese momento el juez.
Lea además- Migraciones: golpe a la palabra empeñada como Estado
Tras el revuelo provocado por sus palabras, el Poder Judicial publicó una aclaración del presidente (s) de la Corte Suprema, señalando que “se refirió a los migrantes de manera general, reconociendo su colaboración en el desarrollo de la sociedad chilena” y “no hizo alusión a algo específico de la contingencia ni menos al Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, que se sometió a suscripción en Marrakech, el 10 de diciembre pasado”.
«La labor del presidente de la Corte Suprema, en calidad de subrogante, no está destinada a mandar mensajes de ninguna naturaleza al sector político ni tampoco inmiscuirse en las funciones propias de cada uno de los poderes del Estado. Lo que se ha hecho es resaltar un aspecto permanente que es la construcción del Chile, de nuestra sociedad, por todas las personas que han llegado al país desde los orígenes de nuestra historia. No está tomado de un tema coyuntural, es una preocupación permanente y se ha resaltado eso y los pronunciamientos de la jurisdicción. No ha tenido el efecto que se alude por algunos parlamentarios, en orden a plantear una posición u otra en relación a temas que son de exclusiva responsabilidad y competencia del ejecutivo», dijo.
