PAÍS
Tras una reunión de seis horas, los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso y los ministros Hutt y Monckeberg lograron un preacuerdo, para poder darle fin a una huelga y paralización que se ha extendido por 33 días. La Moneda movió los hilos que se encontraban estáticos hace más de un mes y decidió complementar la escueta propuesta del Grupo Von Appen, que no dio su brazo a torcer sino hasta último minuto. La apertura de una mesa de diálogo para tratar la modernización de la Ley de Puertos fue la clave, constituyendo un paso para discutir el trasfondo del conflicto. A mediodía de este miércoles, los trabajadores deberán votar la propuesta.
La tarde del lunes, el paro portuario de los trabajadores eventuales alcanzó su clímax. A 31 días de movilizaciones, cerca de 40 carabineros de Fuerzas Especiales entraron a la sede del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, tiraron la puerta, rompieron muebles y se llevaron a 17 trabajadores detenidos. Al menos 28 trabajadores se atrincheraron en el techo, con el rostro cubierto y observaron cómo el edificio era sitiado por las FF.EE, que no dejaron ingresar a observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El mismo lunes los puertos de todo el país paralizaron durante dos horas, en solidaridad con los trabajadores de Valparaíso, un hecho que no se veía desde el 2014. Este apoyo de la Unión Portuaria de Chile no estaba previsto por el Gobierno de Sebastián Piñera, menos que el paro traspasara los 30 días efectivos ni tampoco la advertencia respecto a que, si no existía una resolución al conflicto, no habría Año Nuevo en Valparaíso, un eslogan que se tomó las redes sociales y que caló hondo en el seno de La Moneda. Un punto que destacó el dirigente de los trabajadores portuarios, Pablo Klimpel: “Aquí hay responsabilidades políticas de parte del Gobierno”.
No solo eso, Klimpel también puso el acento en otra arista: “No entiendo cómo un privado puede tener más poder que un Estado, cómo es posible que no exista una legislación que pueda sentar al privado a conversar, a llegar a acuerdos, acá no se trata solo de bonos o plata, se trata de condiciones de trabajo, de un problema social. Hay un modelo laboral que colapsó en Valparaíso”.
El conflicto llegó a tal magnitud, que llevó a que todos los parlamentarios de la Quinta Región –desde Chile Vamos hasta el Frente Amplio– se alinearan en una conferencia de prensa convocada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en el Congreso de Santiago. Fue ahí cuando se emplazó al Ejecutivo a dejar a un lado su actitud pasiva e intervenir ante la “intransigencia” del Grupo Von Appen, dueño de la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS) y Ultraport, empleadores de los trabajadores movilizados.
El Gobierno se activó, “no se podían ver tan débiles”, reconoció un parlamentario del oficialismo. No solo hubo un calculo político erróneo desde La Moneda sobre el conflicto, sino que a estas alturas la administración de Piñera ya había quedado como débil ante un grupo empresarial que, pese a que no es de los más ricos, tiene una fuerte conexión e influencia con la actual administración.
Por eso ayer en la tarde entró en escena Mario Livingstone, operador del Ministerio del Trabajo, quien habría llegado hasta la puerta del Congreso a buscar a los dirigentes de los trabajadores eventuales para convocarlos a una reunión que duró más de cinco horas. En esa cita, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, asesorados directamente desde el Ministerio del Interior, pusieron sobre la mesa un complemento a la propuesta de la empresa de $600 mil en préstamo blando, más $250 mil en capacitaciones y una gift card, también de $250 mil. Dicha propuesta había había sido rechazada, ya que solo había subido en $400 mil respecto de la última.
Desde el Ejecutivo habrían agregado $700 mil pesos para capacitaciones y, lo más importante, la apertura de una mesa de diálogo para revisar las bases contractuales de las empresas portuarias y los trabajadores eventuales, en la que además se discutirá la Ley de Puertos y su modernización. Un punto solicitado por los trabajadores, que había sido resistido duramente por los empresarios portuarios y algunos sectores del gobierno local, incluyendo a la intendencia y al ex presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso, Raúl Celis, quien fue sacado de su puesto debido a su mal manejo de la crisis y una serie de conflictos de interés con el Grupo Von Appen.
[cita tipo=»destaque»]Fuentes gubernamentales explicaron que Celis “le bajó el perfil” al conflicto, cuidando que este no escalara a nivel nacional. Es más, al momento de su salida de la empresa reiteró que “desde hace varios días no existe ningún paro portuario y las naves han sido atendidas en forma normal”. También, señaló que entregar un bono de mitigación sentaría un mal precedente para el resto de los trabajadores eventuales a nivel nacional, y habría entrado en conflicto directo con Gonzalo Davagnino, gerente general de EPV, lo que habría desatado una verdadera pugna interna en la empresa estatal.[/cita]
El encuentro no contó con representantes del Grupo Von Appen, y la ministra Hutt –encargada de negociar con la empresa– reconoció que “costó mucho el acuerdo, y creemos que hay modificaciones que hacer y perfeccionamientos en la forma de relacionarnos con los concesionarios de los puertos”. La clave para que La Moneda tomara cartas en el asunto habría sido, además de la caída del Gobierno en las encuestas, la visión internacional del país en un área sensible, la estabilidad portuaria, un tema que habría tenido preocupada a la cartera de Hacienda y a algunos empresarios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), con los cuales el Presidente Piñera se reunió el lunes.
Tras las cinco horas de reunión, Klimpel dijo que “los temas más de fondo no se resuelven con el fin de esta movilización” y que la última palabra la tiene la asamblea hoy al mediodía: «Valoramos el esfuerzo de todos los dirigentes, también de los ministros, pero les pido tener esa reserva de no dar tanto detalle, antes de que nuestra asamblea se informe”.
La empresa TPS informó que las pérdidas debido al paro portuario habían llegado a los US$2 millones, el doble de lo que –según los trabajadores– le costaría al Grupo Von Appen acceder a sus demandas. Aún así el grupo empresarial no movió ningún peso de más hasta el último minuto de la negociación, una postura intransigente que, según cercanos, respondía directamente a un cortafuegos para evitar que se abriera el debate de las relaciones contractuales entre las concesionarias de los puertos y los trabajadores eventuales.
La Moneda no solo puso una propuesta en la mesa, sino que además les dio piso político a los dirigentes al convocarlos a esta reunión y, de paso, dejó a un lado el argumento inicial de que esto se trataba de “un conflicto entre privados”, discurso que dilató por más de un mes cualquier posibilidad de solución. No son pocos los que se preguntaron ayer las razones de la administración piñerista para no involucrarse y la respuesta estaría en el poder de influencias que tiene el Grupo Von Appen, conexiones que van desde una fuerte cercanía con autoridades de la Quinta Región hasta el Gobierno.
Richard Von Appen, presidente del grupo económico, es dirigente gremial de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), presidida por Bernardo Larraín Matte, a quien ayudó a promover como “recambio” en la asociación el año pasado. Sus redes políticas comienzan en el plano local. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, fue hasta 2012 presidente de la Cámara Regional de Comercio y dejó el cargo ese año para ser candidato a diputado por la UDI, pero perdió la elección. Desde su puesto en la Cámara de Comercio, Martínez fue uno de los principales promotores de TPS en el proceso de licitación del Terminal 2 de Valparaíso, aunque después de una larga disputa fue adjudicada a la constructora española OHL en abril de 2013, durante el primer Gobierno de Piñera.
En agosto, el Presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto “Paseo del Mar” en el borde costero de Valparaíso, alternativa al mall Barón, pero la iniciativa para renovar la ciudad no incluye servicios portuarios nuevos, algo de lo que Von Appen se quejó públicamente, como también lo hizo –desde Ultramar– al final de la administración bacheletista, cuando se decidió que el Puerto de Gran Escala se construiría en San Antonio.
Richard Von Appen (53), ingeniero Comercial de la PUC con posgrado en Stanford, es la tercera generación de una familia alemana de Hamburgo. Su padre es Wolf Von Appen uno de los gestores, junto a su hermano Sven, del conglomerado naviero Ultramar, que opera en 17 países con 55 empresas operativas y 14 mil trabajadores. El valor del conglomerado se estima en US$ 1.000 millones. Una de sus filiales es TPS, terminal desde el cual se embarca el 34% de la fruta que exporta Chile.
Es por estas cifras que el paro alcanza una fuerte relevancia para la economía nacional, lo que se suma al hecho de que el presidente del directorio, Richard Von Appen, se haya convertido en un controvertido personaje público de la nueva camada de empresarios.
Su familia no es ajena a la política. Aunque no milita en algún partido, su vínculo con los temas de interés político queda en evidencia en su puesto como Consejero del Centro de Estudios Públicos (CEP). Al igual que su padre, uno de los financistas del influyente think tank, Richard ocupa un lugar en el grupo junto a los empresarios Jean Paul Luksic, Eliodoro Matte, Carlo Solari, Roberto Angelini, Luis Enrique Yarur, Salvador Said, Herman Chadwick, José Joaquín Brunner, Sebastián Edwards, Sol Serrano y Soledad Arellano, por nombrar solo a algunos empresarios y académicos ligados al centro de estudios.
Wolf Von Appen, de hecho, participó en una propuesta de financiamiento de la política que preparó el CEP en el contexto de la ley de financiamiento electoral y que fue incluida dentro de la normativa que se aprobó hace más de una década. Ultramar ha sido uno de los donantes públicos y privados a campañas en el marco de esta ley.
Fue director de SQM, hasta abril de 2016, cuando renunció junto a Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet. La minera se hizo conocida por construir una red de aportes ilegales a políticos de prácticamente todo el espectro nacional. En el contexto de la investigación contra Jaime Orpis, apareció un correo de 2012 en el que pedía un total de $289 millones para las elecciones municipales de 2012 a Wolf Von Appen, para repartir entre candidatos del partido. Hasta hoy, no hay prueba en la indagatoria de que la donación se haya concretado.
Richard Von Appen, ya como consejero de la Sofofa, expresó sus ideas –ad portas de iniciarse el actual Gobierno– desde el piso 21 de su oficina, ubicada en El Bosque N°500. “A Chile le falta un sueño, qué tipo de país queremos para los próximos 20 a 30 años. Queremos que cada niño o niña tenga igualdad de oportunidades, y que dependa de su esfuerzo y del talento que Dios le entregó lo que pueda lograr en la vida». Agregó que, precisamente entre los problemas a resolver estaba la reforma tributaria y “también la laboral, pues va en la dirección opuesta a lo que está ocurriendo en el mundo, donde con la tecnología y el emprendimiento se busca mayor libertad, mientras que esta reforma introduce rigidez”.
Esa concepción y mirada sobre el mercado del trabajo es lo que lo habría llevado a no ceder en la negociación con los trabajadores eventuales. Quienes lo conocen, aseguran que esa era una puerta que no estaba dispuesto a abrir, menos aún, la idea de una nueva ley de modernización de puertos, que podría incluir a nuevos actores en la toma de decisiones de los concesionarios. Propuesta que hoy tendrá que ser discutida en la mesa de diálogo a la que se comprometió el Gobierno en el preacuerdo con los trabajadores eventuales del puerto.
Las conexiones del grupo empresarial no se quedan allí. En el directorio de Ultramar también participa Dag Von Appen, primo de Richard. Con un posgrado en Harvard, es un destacado velerista que ha sido campeón sudamericano. También está ligado a la política, es vicepresidente y uno de los financistas de la Fundación Para el Progreso (FPP), el reducto de la derecha “liberal” conocido por las polémicas intervenciones del abogado Axel Kaiser.
Von Appen comparte el directorio con el empresario Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S, actual Walmart. En este grupo también están el ex ministro de Educación, Gerardo Varela, y el gerente general de Quiñenco, la matriz del grupo Luksic, Francisco Pérez Mackenna. Ibáñez ha construido un verdadero imperio al interior de Valparaíso, es más, la segunda sede más relevante de la FPP está en la ciudad puerto, y enviaron a sus mejores cuadros políticos e intelectuales.
Dag Von Appen aparece entre los aportantes públicos individuales a la última campaña de Piñera con $10 millones. Es hijo de Sven Von Appen, uno de los fundadores del grupo, que en 2013 dijo en un seminario que «a los chilenos les ha crecido tanto el apetito, que no pueden parar. Eso producirá que engordarán y se pondrán más cómodos” y que era necesaria una crisis para que “el chileno llegue al nivel que corresponde y no se vuele». Luego con el resto de sus hermanos, Dag Von Appen explicó en una carta que su padre sufre de una enfermedad degenerativa y que esa opinión no representa sus ideas ni las del grupo Ultramar, igual que en las presidenciales de 2013, cuando manifestó que si la ex Presidenta Michelle Bachelet lo hacía mal, “nos buscamos un nuevo Pinochet”.
Los Von Appen son de los empresarios que se opusieron con fiereza a la Unidad Popular. El grupo fue fundado en 1952 con un capital de 2 mil dólares, por Julio Alberto Von Appen, quien había sido expulsado de Chile en 1945, al ser comprobadas sus actividades de sabotaje en favor del régimen nazi alemán, asunto que nunca negó hasta su muerte en 1969.
Otro de los integrantes del directorio de TPS es el economista Pablo Ihnen de la Fuente, ex director de Presupuestos durante la dictadura, mientras Büchi era ministro de Hacienda. Fue uno de los primeros decanos de Economía de la Universidad del Desarrollo, fundada por Joaquín Lavín y Cristián Larroulet, actual jefe del segundo piso de La Moneda.
La Moneda vivirá horas claves durante la mañana de este miércoles, las que se podría haber evitado, si “hubiera puesto a los pesos pesados” desde un inicio, reclamaron desde el propio oficialismo. Fuentes de la derecha agregaron que al comienzo del conflicto “no se hizo llegar la información correspondiente” a Palacio, debido a una pugna interna de las autoridades regionales, en la cual jugaron un rol el intendente Martínez y Raúl Celis.
Fuentes gubernamentales explicaron que Celis “le bajó el perfil” al conflicto, cuidando que este no escalara a nivel nacional. Es más, al momento de su salida de la empresa reiteró que “desde hace varios días no existe ningún paro portuario y las naves han sido atendidas en forma normal”. También, señaló que entregar un bono de mitigación sentaría un mal precedente para el resto de los trabajadores eventuales a nivel nacional, y habría entrado en conflicto directo con Gonzalo Davagnino, gerente general de EPV, lo que habría desatado una verdadera pugna interna en la empresa estatal.
Pero entre las autoridades locales de Valparaíso no comulgan con la versión de la falta de información y coinciden en que el poder de TPS y del Grupo Von Appen es tal, que la pasividad inicial de La Moneda en este conflicto se debe más a la “incapacidad de hacerle frente” a un empresario que tiene “redes profundas con el Gobierno”.
Desde el mundo empresarial se habían cuadrado con Von Appen. Ricardo Ariztía de Castro, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), manifestó por medio de un comunicado que “el paro portuario no ha generado un impacto directo en el sector agrícola. Sin embargo, en términos de comercio internacional, ha puesto a Chile en una situación de incertidumbre respecto de los compromisos y/o contratos comerciales adquiridos con cadenas de supermercados del mundo”. Agregó que “lo más lamentable de esta paralización es la violencia con que han actuado los trabajadores. No solo están dañando la infraestructura pública y el normal funcionamiento de Valparaíso, sino que además están amenazando con impedir la realización de las tradicionales fiestas de fin de año, fundamentales para quienes viven del comercio y el turismo en la ciudad”.
A pesar del despliegue de ayer en la tarde, desde el propio oficialismo reconocieron que los dos ministros –Monckeberg y Hutt– carecían del peso político para manejar un conflicto de esta envergadura y habrían tenido dificultades para dar el ancho, al tiempo que desde el propio Gobierno agregaron que le hizo “falta jineta” para enfrentarse al grupo empresarial. No por nada, tanto el ministro del Interior, Andrés Chadwick, como su par de la Segegob, Cecilia Pérez, han estado monitoreando el conflicto desde Santiago, pues el objetivo de La Moneda es uno y muy claro: evitar que la paralización perdure más allá de este fin de semana.
