En el seno de Carabineros la opinión es tajante: que este incidente es prueba de que “la imagen del general Soto está muy dañada entre el personal y ya es poco lo que manda”. Para el Gobierno es una muestra de que recuperar el control total de la policía uniformada fue una ilusión muy pasajera, porque el liderazgo de Soto sigue siendo muy frágil y débil. Y en el mundo político, transversalmente, es la peligrosa demostración de que al interior de la institución está desatada una “guerra civil verde”, porque, para varios asesores y parlamentarios oficialistas, que la filtración de los demoledores videos fuera justo en el día de la graduación de oficiales, le da aún más consistencia a la sensación de que detrás de los acontecimientos está la mano de Bruno Villalobos, quien 24 horas antes fue procesado como cómplice de torturas en 1985, en el marco del caso Manzano.
“Les pido, como lo habíamos conversado, mañana seguiremos transmitiendo y comunicando las decisiones que se van a adoptar”, dijo Andrés Chadwick en un punto de prensa improvisado en el Patio de Los Naranjos. A las 15:00 horas, el ministro del Interior comunicó que transmitiría la versión del Gobierno sobre los videos publicados con los detalles escabrosos sobre el operativo del Comando Jungla en que murió Camilo Catrillanca el 14 de noviembre. Luego, a las 18:00 horas, la decisión era mantener el silencio y no hablar con la prensa hasta hoy, lo que al poco rato fue modificado una vez más.
Había pasado más de una semana sin que Carabineros diera, aparentemente, algún problema. Después de la renuncia del general Christian Franzani, formalizado por obstrucción a la justicia, se estaba cumpliendo la instrucción de que el general director de Carabineros, Hermes Soto, tuviera reuniones periódicas, casi diarias, en la oficina del ministro del Interior y así dar cuenta del control civil sobre la policía uniformada. De hecho, ayer por la mañana, el general llegó hasta La Moneda para reunirse con Chadwick y lo mismo hizo el día anterior.
Ayer en la mañana todo parecía marchar sin mayores sobresaltos. A las 19:00 horas el Presidente Sebastián Piñera tenía la graduación de 289 oficiales. La estrategia de marcar la agenda con el tema del Pacto Migratorio había funcionado a la perfección, no solo para eclipsar el caso Catrillanca, sino además porque había permitido darle «aire y espacio» al general Soto y, así, bajar la presión pública sobre su posible renuncia.
Pasado el mediodía, Piñera encabezaba una ceremonia de entrega de los seis Premios Nacionales del 2018. La actividad mantuvo ocupado al Mandatario por más de una hora y, repentinamente, varios asesores se encontraron de improviso en el Patio de los Cañones con la intención de acceder al Presidente. No fue una frase polémica de la premiada escritora Diamela Eltit lo que activó la tensión. Era otra vez Hermes Soto. Otro vez un problema grave con Carabineros.
[cita tipo=»destaque»]Pero bajo condición de anonimato, otros dirigentes en el Congreso aseguraron que al interior de Chile Vamos reconocen que la situación se torna “insostenible” y que la única salida es sacar al general Soto del mando de Carabineros. Una decisión que es resorte del Jefe de Estado, pero que, cualquiera sea, impacta en la imagen y liderazgo de Chadwick, a quien “le ha tambaleado el piso” otra vez con este episodio, según confesaron en la derecha. En reserva no son pocos los que ya consideran que el ministro del Interior le “hace daño” al Presidente y en estos momentos, “aunque es el ancla del Gobierno”, también se ha transformado en un flanco de conflicto, porque está débil y vulnerable». [/cita]
Es que en esos instantes, Chilevisión publicaba un video –que había sido ocultado hasta ahora y filtrado ayer– del operativo en que murió Catrillanca, en el que se escuchan doce tiros, sin mediar enfrentamiento alguno. Las imágenes provienen de la cámara que llevaba en el hombro derecho el policía Patricio Sepúlveda, al mando de una patrulla. El fiscal Roberto Garrido reconoció que en los peritajes hechos hasta ahora, la presencia de esta cámara “no se apreciaba” y que el video era un elemento nuevo para efectos de la investigación. Al rato, Ciper publicaba otros tres videos, de una cámara distinta, con otros detalles del resto del fatídico operativo de ese 14 de noviembre.
El general director de Carabineros se enteró por la prensa que ese video existía. Abordado por los periodistas a la salida del edificio institucional en calle Zenteno, Hermes Soto reconoció que «por supuesto que nos toma por sorpresa, es un video que nadie conocía que existía”. Nadie, salvo el abogado Javier Jara, que representa al sargento Raúl Ávila y que en la mañana lo había entregado a la Fiscalía. El carabinero lo había mantenido oculto desde que abogados de la institución y oficiales, como el general Franzani, construyeron una versión falsa sobre la forma en que murió Catrillanca, que les ordenaron repetir a los involucrados.
En el seno de Carabineros la opinión es tajante: que este incidente es prueba de que “la imagen del general Soto está muy dañada entre el personal y ya es poco lo que manda”. Para el Gobierno es una muestra de que recuperar el control total de la policía uniformada fue una ilusión muy pasajera, porque el liderazgo de Soto sigue siendo muy frágil y débil. Y en el mundo político, transversalmente, es la peligrosa demostración de que al interior de la institución está desatada una “guerra civil verde”, porque, para varios asesores y parlamentarios oficialistas, que la filtración de los demoledores videos fuera justo en el día de la graduación de oficiales, le da aún más consistencia a la sensación de que detrás de los acontecimientos está la mano de Bruno Villalobos, quien 24 horas antes fue procesado como cómplice de torturas en 1985 en el marco del caso Manzano.
En La Moneda y en la derecha más de uno tomó nota ayer de que la especialidad de Villalobos en Carabineros fue, precisamente, el área de la Inteligencia y que no es la primera vez que, desde que se le pidió la renuncia el 11 de marzo, la sombra del ex general director se ha hecho sentir en operaciones bien poco sutiles, como cuando se filtró la hoja de vida de Hermes Soto –el mismo día en que asumió el mando de la policía uniformada– con anotaciones sobre su vínculo con un prostíbulo.
Para el Gobierno no es tan rápida ni fácil de resolver la posibilidad de sacar a Soto, porque sería una expresión de poder para el bando que al interior de la policía estaría operando en sintonía con Villalobos. “Esta es una operación de principio a fin del bando que está con Villalobos”, aseguraron ayer con preocupación desde el piñerismo duro.
Las mismas fuentes recalcaron que la lucha interna entre los bandos de Soto y Villalobos es un tema que ha estado en monitoreo constante, pero que asumir este quiebre terminaría haciéndole más daño a la institución en un momento en que “otra crisis se hace insostenible”. Reconocieron que se han explorado nombres al interior de la institución, que han sonado los de ex funcionarios, pero que sería una idea muy remota, debe ser “alguien de adentro”, ya que la premisa hasta ahora es lograr robustecer internamente a la institución.
El abogado querellante Sebastián Saavedra enfatizó que “es bastante compleja la situación del general director, él viajó a la zona, se había contactado con estas personas y le habrían mentido. En qué país estamos, que sus subalternos le mienten derechamente al general director. Aquí tenemos dos posibilidades: o no tiene ninguna capacidad de manejar a sus subalternos o él supo lo que ocurrió y fue partícipe de los hechos. Cualquiera de las dos alternativas es gravísima. Mintió o derechamente no le tienen ningún respeto sus subalternos, que son capaces de mentirle en su cara ante el asesinato de una persona”.
En la coalición de Gobierno insistieron en que La Moneda debe defender a Hermes Soto y dejar que cumpla su mandato de ordenar la institución. Así lo demostró el Presidente de RN, Mario Desbordes. “Si queremos toda la semana pedirle la cabeza al general director, está en su derecho pero no lo comparto. Lo que aparece hoy demuestra que se le miente al general y lo ha dicho varias veces, dio de baja a los funcionarios y eso se está investigando. (…) Le mienten cuatro funcionarios del día uno que están dados de baja. La novedad hoy día es cero”, afirmó el parlamentario, tratando de bajar el perfil al incidente.
Pero bajo condición de anonimato, otros dirigentes en el Congreso aseguraron que al interior de Chile Vamos reconocen que situación se hace “insostenible” y que la única salida es sacar al general Soto del mando de Carabineros. Una decisión que es resorte del Piñera, pero que, cualquiera sea, impacta en la imagen y liderazgo de Chadwick, a quien “le ha tambaleado el piso” otra vez con este episodio, según confesaron en la derecha. En reserva no son pocos los que ya consideran que el ministro del Interior le “hace daño” al Presidente y en estos momentos, “aunque es el ancla del Gobierno”, también se ha transformado en un flanco de conflicto, porque está “débil y vulnerable”.
La premisa es que, mientras no exista una señal clara del Presidente, todas las responsabilidades políticas seguirán cayendo en el Ministerio del Interior y ni siquiera la salida de Hermes Soto lo salvaría de una acusación constitucional en su contra.
De hecho, la oposición ya olió sangre y exteriorizó la idea de un libelo contra Chadwick. La filtración del video no solo pone en duda –otra vez– la capacidad de mando de Hermes Soto, sino también el control sobre la institución que en la práctica debe tener el ministro del Interior. “Chadwick queda muy golpeado, no solo porque se amarró a la primera versión, sino porque no ha podido contener la guerra civil interna. Y eso quiere decir que el poder civil no tiene control de Carabineros”, criticaron en el oficialismo.
El caso Catrillanca ya ha golpeado a Chadwick en las encuestas, que bajó 13 puntos su aprobación en el sondeo de CEP, y una acusación constitucional solo empeoraría las cosas. “La Cámara de Diputados está obligada a ejercer los mecanismos de fiscalización que se le otorgan y, entre ellos, está la acusación constitucional contra el ministro del Interior”, dijo la diputada PC Carmen Herttz, y también Emilia Nuyado del PS, quien convocó “a todas las bancadas de la oposición a evaluar una acusación constitucional en su contra. Él mintió durante la interpelación, diciendo que no había más antecedentes”.
Desde el Congreso se expresó Marcelo Catrillanca, padre del joven asesinado, apuntando a Soto y Chadwick. «Nosotros siempre dijimos la verdad, que ese video existía, por lo tanto, siguen apareciendo imágenes. Él (Soto) estaba informado, por lo tanto, ellos solo querían ocultar la verdad. Hermes Soto mintió. Siempre hemos dicho que políticamente acá hay responsables. Por lo tanto, debiera dar un paso al costado, como también el ministro del Interior, como lo dijimos en un inicio”, afirmó.
