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Las críticas al proyecto que busca conmutar penas por arresto domiciliario no sólo han llegado de parte de las organizaciones por los derechos humanos, que denuncian que el Gobierno “está buscando desesperadamente dejar en libertad” a los condenados por delitos de lesa humanidad. Según el abogado de un grupo de reos que cumplen condena en Punta Peuco, Raúl Meza, el proyecto “les pone una lápida y los condena a morir en la cárcel a aquellos reos que aun teniendo más de 75 años no tengan enfermedades invalidantes o terminales” [ACTUALIZADA]
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto que consiste en sustituir penas en tres casos específicos a personas condenadas por todo tipo de delitos, incluyendo aquellas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad. La iniciativa ya causa revuelo, y es criticada tanto desde el mundo de los derechos humanos, como desde los supuestos beneficiarios de la denominada “familia militar”.
Esta iniciativa busca beneficiar con arresto domiciliario a personas que hayan sido diagnosticadas con alguna enfermedad terminal, con algún menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa, o internos de 75 años o más que hayan cumplido por lo menos la mitad de su condena.
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, sostuvo que esto representa un retroceso para la lucha por la verdad y la justicia.
«Como en el Tribunal Constitucional solo lograron que se declarara inconstitucional exigir arrepentimiento, ahora recurren abiertamente sobre lo que tenían pensado. Presentan un proyecto de ley para así cumplir con compromisos que hicieron durante la campaña», dijo Lira.
A su juicio, con este proyecto «están buscando desesperadamente cómo dejarlos en libertad. Demuestran su actitud de perpetuar la campaña de impunidad que se alarga en el tiempo, porque ya no es suficiente que mantengan el pacto de silencio».
Lira aclaró a La Tercera además que la aprobación de este proyecto podría traer graves consecuencias, «sobre todo en psicológico y moral, ya que solo cuando la Corte ha dado libertades, ya se ha producido un daño importante».
«Han sido tan mezquinos para condenar crímenes atroces y demasiado generosos al otorgar beneficios», agregó.
En esa misma línea, la activista Cecilia Heyder señaló que «no me extraña para nada el proyecto del ministro Larrain. No podemos olvidar que era protector de la Colonia Dignidad».
«Cuando el proyecto se refiere a personas con enfermedades mentales y terminales, ¿Se acordará que nuestros familiares nunca tuvieron un mínimo de humanidad por estos asesinos? Encuentro aberrante que se les de libertad por un gesto humanitario es una burla a nuestro dolor», añadió.
«Nadie se ha preguntado qué nos pasará a nosotros cuando veamos a los asesinos de nuestros familiares y a nuestros torturadores en la calle. Las heridas aun no cicatrizan y nuestro dolor está intacto», finalizó.
Las críticas a este proyecto no solo han llegado por parte de organizaciones por los derechos humanos. El abogado de un grupo de reos que cumplen condena en Punta Peuco, Raúl Meza, se fue en picada contra el Presidente Sebastián Piñera, argumentando que la iniciativa enviada al Congreso se hizo sin consultar a los representantes de los internos de avanzada edad.
«Lamentamos profundamente que el Gobierno de Sebastián Piñera haya enviado al Congreso un proyecto de ley humanitaria en forma inconsulta y a espaldas de los representantes de los reos de avanzada edad y con enfermedades crónicas y terminales, a quienes afecta directamente esta legislación», dijo Meza.
El abogado agregó que el proyecto «les pone una lápida y los condena a morir en la cárcel a aquellos reos que aún teniendo más de 75 años de edad no tengan este tipo de enfermedades invalidantes o terminales».
«Nuevamente vemos que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera traicionó el voto y la confianza de la familia militar que le dio en segunda vuelta la posibilidad de dirigir el destino de esta patria», finalizó.
