PAÍS
El proyecto de “Ley Humanitaria” de la administración Piñera considera requisitos que cumplen varios de los reclusos que purgan condena en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet: enfermedad en fase terminal; menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; o tener 75 años o más y haber cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta.
Un proyecto de “Ley Humanitaria” que permite sustituir las condenas de presidio efectivo por arresto domiciliario, ingresó el Gobierno al Congreso el viernes pasado, abriendo así la puerta a la entrega de este beneficio a violadores de derechos humanos.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, el proyecto de la administración Piñera considera como requisitos para acceder a la sustitución de penas el tener diagnosticada una enfermedad en fase terminal; tener, por cualquier causa, un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; o tener 75 años o más y haber cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta.
Se trata de condiciones que cumplen varios de los reclusos que purgan condena en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El proyecto fue ingresado por el Gobierno en medio del debate por la decisión del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de libertades condicionales despachado por el Congreso. Ante un reclamo de Chile Vamos, la entidad validó los artículos que establecen como condiciones la colaboración eficaz y el haber cumplido dos tercios de la condena, pero declaró como inconstitucional la exigencia del arrepentimiento que contemplaba el proyecto original.
La iniciativa del Gobierno, que se aplica a todo tipo de delitos, establece que su objetivo es hacerse cargo del “derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico”.
Además, fija en 75 años la edad para acceder a estos beneficios, aunque desde la coalición pedían que ésta fuera de 70 años.
De acuerdo al proyecto, se plantea como argumento que la “preocupación primordial de este gobierno es garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, cualquiera sea su edad, origen, sexo o condición, así como también avanzar hacia una sociedad más compasiva y humanitaria”.
Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, “el fundamento central de esta petición es de carácter humano, es buscar el respeto a la dignidad de la persona (…). Así lo plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así también lo recomienda la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (…) Es una situación que nos ha parecido necesario regular y esperamos el apoyo y comprensión del Congreso”.
