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Los números lo confirman. Un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) reveló que mapuches y personas de menores ingresos tienen mayor probabilidad de quedar en prisión preventiva en relación con otros grupos sociales. En el caso de los pobres, la cifra es de un 9,5%, y escala al 25% cuando se trata de un mapuche. La investigación, además, reveló un explosivo aumento en la aplicación de esta medida cautelar, que llega al 40,7% entre 2007 y 2017. “La prisión preventiva es una medida cautelar de la cual se abusa en los últimos años, y su ejecución es discriminatoria”, concluyen los investigadores.
Mapuches y personas con menores ingresos tienen mayor probabilidad de caer en prisión preventiva. La que parece una conclusión de sentido común en un país como Chile quedó refrendada estadísticamente, según un análisis cuantitativo del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).
La investigación, realizada a partir de datos entregados por la Defensoría Penal Pública recabados entre los años 2006 y 2012, arrojó que las personas de menor ingreso tienen entre un 3,3% y 9,5% de mayor probabilidad de quedar en prisión preventiva respecto de personas con mayores ingresos.
Este porcentaje aumenta cuando se refiere a gente perteneciente al pueblo mapuche. Estos tienen entre un 3,3% y un 25% de probabilidades de quedar provisionalmente detenidos mientras dura la investigación, en relación con otras personas.
“Sin dudas es un problema social, que afecta en especial a los más vulnerables”, asegura Jorge Rivera, investigador del ISCI y académico de la Universidad de Chile, quien efectuó la investigación junto al académico Nicolás Grau (FEN) y su equipo.
El estudio “Discriminación e impacto negativo de la prisión preventiva en la vida de las personas” reveló además una escalada en la justicia a la hora de recurrir a la prisión preventiva, dado que la aplicación de esta medida aumentó en un 40,7% entre los años 2007 y 2017.
Según Jorge Rivera, “los resultados exponen un cuadro muy preocupante, esas tasas de crecimiento son enormes. La prisión preventiva es una medida cautelar de la cual se abusa en los últimos años, y su ejecución es discriminatoria”.
Asimismo, la real efectividad de la medida cautelar también queda en entredicho, porque durante ese mismo rango de años, se estableció que el 90% de los detenidos que reciben prisión preventiva son absueltos eventualmente, es decir, que solo un 10% de los afectados deben cumplir pena efectiva.
Ante estos antecedentes, los investigadores pusieron hincapié en descubrir qué pasa con estas personas que tienen que cumplir con este tipo de medida cautelar que se dicta mientras todavía se realiza la indagación judicial correspondiente.
De este modo, el estudio arrojó que, a las personas que tienen que cumplir con prisión preventiva, incluso si más tarde han sido absueltas, se les reduce en un 12% la perspectiva salarial, mientras que su probabilidad de ser contratados baja en un 7% respecto quienes no han pasado por aquel proceso judicial.
“La prisión preventiva impacta de forma negativa de muchas maneras en la vida de estas personas, pues se extiende por años en la vida laboral de las personas, aún en los casos de inocencia. La prisión preventiva contribuye a perpetuar la pobreza. De ahí nuestro mensaje con esta investigación, que no es terminar con esta medida cautelar, sino estudiar mejor la manera en que esta debe ser asignada, entre otros para disminuir el perjuicio social que provoca”, añade Rivera.
