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Crédito: Agencia UNO
A través de una declaración, el Partido Por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano plantearon su rechazo oficial a esta propuesta de modificación de la actual Ley de Inclusión Escolar, señalando que “pone en riesgo el principio de igualdad de oportunidades y libre elección de las familias”. La tramitación del proyecto, que aún no ingresa al Congreso, se vislumbra complejo. Desde la oposición anunciaron que no están disponibles para “mecanismos de selección que permitan la discriminación arbitraria hacia los estudiantes”.
Como un “nuevo artilugio comunicacional” del Gobierno catalogaron desde la oposición el proyecto de nuevo sistema de admisión escolar presentado por el Ejecutivo y que modifica la Ley de Inclusión Escolar aprobada durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
A través de una declaración, el Partido Por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical y el
Partido Demócrata Cristiano plantearon su rechazo oficial a este proyecto que el Gobierno ha bautizado como “Admisión Justa”, señalando que “pone en riesgo el principio de igualdad de oportunidades y libre elección de las familias”.
En su declaración, los partidos integrantes de la ex Nueva Mayoría refutan los argumentos del Gobierno, señalando que la selección propuesta por el Ejecutivo “le otorga poder a los colegios, no a los padres”, pero “deben ser las familias las que escojan las escuelas para los estudiantes, y no las escuelas las que seleccionen a sus alumnos”.
“Somos partidarios de una sociedad con derecho de acceso educacional para todos, sin privilegios heredados de quienes tienen más capital económico y cultural. Elegir a los ya privilegiados por herencia es lo que propone el Gobierno con su denominada ‘Admisión Justa’, que incluiría una entrevista familiar previa”, acusan.
El proyecto ha sido defendido por el Presidente Sebastián Piñera bajo el concepto de que se busca “reconocer el valor y legitimidad del mérito académico en el desarrollo de las personas y del país, incorporándolo como criterio de admisión, [así como] devolverles a los padres su derecho preferente a elegir la educación de sus hijos y la libertad de los educadores a desarrollar sus proyectos educativos”.
Sin embargo, el proyecto de Admisión Justa no solo ha sido blanco de cuestionamientos por parte de la oposición, sino también de expertos en materia educacional, quienes han refutado la tesis de que “la educación es un premio” que estaría detrás de la iniciativa. También el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, puso en tela de juicio el concepto de meritocracia que esgrime el Gobierno para sustentar el texto legal.
Los partidos de la ex Nueva Mayoría insisten en que el tema de la inclusión ya está zanjado, y recuerdan que el Tribunal Constitucional le dio luz verde a la ley cuando desechó los requerimientos de la derecha durante el pasado Gobierno. Además, señalaron que el sistema ya opera en varias regiones –según ellos– con éxito.
Por eso, señalan que “llama la atención que el Gobierno ponga esta discusión en agenda cuando el tema fue amplia y democráticamente debatido e incluso llevado al Tribunal Constitucional, donde la materia fue zanjada en contra de la discriminación arbitraria en los procesos de admisión de alumnos”.
Asimismo, plantean que “la evidencia es que la ley se aplica exitosamente en 14 regiones y que el 60 % de los niños quedó en la primera opción de sus padres, en tanto que el 85% quedó en alguna de las preferencias familiares. En las 14 regiones en que se ha aplicado el sistema hay más de 120 colegios emblemáticos que podían hacer uso del 30% de selección existente, pero sólo 20 colegios lo han usado”.
La tramitación del proyecto, que aún no ingresa al Congreso, se vislumbra complejo, dado que desde la oposición anunciaron que “estamos abiertos a discutir ajustes de implementación a la ley”. Sin embargo, agregan el matiz de que esto sería “siempre y cuando no contemplen mecanismos de selección que permitan la discriminación arbitraria hacia los estudiantes”.
Asimismo, la oposición plantea que intentarán extender el sistema de inclusión a los colegios particulares pagados, actualmente al margen de este sistema. Bajo el argumento de que “la inclusión y la calidad de la educación debe contribuir la sociedad en su conjunto, y ningún sector debiera restarse de ello”, los partidos anuncian que propondrán “mecanismos legales para que los colegios particulares pagados contribuyan recibiendo a un porcentaje de alumnos meritorios vulnerables”.
